El conflicto judicial que se desató por la presentación de recursos legales en el proceso penal contra el expresidente Evo Morales dejará un precedente nefasto, que solo beneficiará a quienes sean investigados o estén implicados en casos de estupro o violencia sexual contra menores de edad, advirtió el abogado constitucionalista Carlos Alberto Goitia.
La Paz. – El conflicto judicial que se desató por la presentación de recursos legales en el proceso penal contra el expresidente Evo Morales dejará un precedente nefasto, que solo beneficiará a quienes sean investigados o estén implicados en casos de estupro o violencia sexual contra menores de edad, advirtió el abogado constitucionalista Carlos Alberto Goitia.
“Este tipo de jugarretas políticas terminan generando precedentes que son utilizados para lograr impunidad en el común de los otros delitos y, obviamente, genera una situación de agravamiento de la condición de las víctimas. Son delitos en los cuales hay un actor que tiene poder, que abusa del poder, ya sea económico o político, que es la característica de todos estos delitos: trata y tráfico, estupro, violación y otros delitos de acoso”, afirmó Goitia en entrevistas con la ANF.
La semana pasada, la juez Lilian Moreno ratificó el fallo que emitió en octubre de 2024 donde anuló la orden de aprehensión que existía contra Evo Morales y ordenó que los antecedentes sean remitidos a Cochabamba; sin embargo, poco después un juez de La Paz determinó revocar esa resolución y que la investigación continúe en Tarija.
El jurista consideró importante recapitular el proceso y realizó varias observaciones. Primero, la juez de Santa Cruz omitió el Código de Procedimiento Penal el cual establece que los hechos deben ser investigados en la jurisdicción donde se produjo el hecho, no en la región donde se encuentra el domicilio del sindicado.
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“Según el Código de Procedimiento Penal, esos casos deben ser conocidos por las autoridades del lugar de la comisión del hecho o del lugar donde se ha llevado a cabo la primera intervención. En ambos casos, el proceso concreto ha sido Tarija porque ahí se ha producido la primera intervención, ahí se ha materializado el tema de trata y tráfico. Es la primera parte que creo que se pierde de vista”, explicó.
Recordó que, tras conocer el primer fallo de Moreno, de octubre de 2024, el Gobierno presentó un amparo en La Paz y el juez revocó la resolución de su colega cruceña y también ordenó que el proceso continúe en Tarija.
Ante esa situación, Goitia cuestionó que se esté usando la justicia con fines políticos dejando de lado la protección a los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de ese tipo de hechos, además consideró que eso derivará en que los implicados en esos casos usen la misma figura.
En favor de la víctima
Por otra parte, el jurista indicó que ambas resoluciones son analizadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y, en el plazo establecido por norma, deberá emitir un dictamen; también señaló que en ese caso se aplicarán las acciones que protejan a la víctima o en el caso que decidan trasladar la investigación a Cochabamba no se anularán las actuaciones que se realizaron hasta el momento.
“Lo que se va a cumplir es lo que mejor proteja a la víctima y como hablamos de niño o niña y, en este caso es Tarija. Si el Tribunal Constitucional más adelante dice que la investigación debe realizarse en el Chapare, eso no implicará anular lo que se ha ya hecho en el proceso durante todo este tiempo”, precisó.
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