El ministro Montenegro explicó que el propósito es dar la flexibilidad necesaria, el margen para que se pueda ajustar de forma perfectible los contratos del Estado con las empresas constructoras de Bolivia, y que también las empresas constructoras tengan una holgura para seguir trabajando con el Estado.
Fuente: ABI / La Paz
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, anunció este miércoles la aprobación de una norma que amplía hasta el 31 de octubre el Decreto Supremo (DS) 5321, de ajuste a los precios unitarios de materiales de construcción, maquinaria y equipos importados, en los contratos de obra en ejecución firmados por entidades públicas.
“Muchos de estos contratos no han podido ser ajustados, porque los procesos de confirmación de los nuevos precios, la negociación, los cambios presupuestarios, no han permitido usar todo el tiempo y este decreto ya fenece este fin de mes; por lo tanto, lo estamos ampliando. El plazo es al 31 de octubre de 2025”, anunció en conferencia de prensa.
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El DS 5321 fue aprobado el 23 de enero pasado con el objetivo de asegurar la calidad y continuidad de los proyectos de inversión pública con el sector privado en la presente gestión.
El ministro Montenegro explicó que el propósito es dar la flexibilidad necesaria, el margen para que se pueda ajustar de forma perfectible los contratos del Estado con las empresas constructoras del país, y que también las empresas constructoras tengan una holgura para seguir trabajando con el Estado.
“Si dejan la obra inconclusa, porque no se han ajustado los precios unitarios de la construcción, al final se están generando un problema legal, judicial a futuro. Es mejor aprovechar, en el marco de este decreto, zanjar estos conflictos y llevarlo a la agenda de coordinación”, observó Montenegro.
Además, indicó que, adicionalmente, en el nuevo Decreto Supremo se incluyen los contratos llave en mano para que también se puedan hacer ajustes en la ejecución de la obra y en el equipamiento, que no estaba estipulado en el anterior decreto.
“Estamos estableciendo, también el mismo plazo del 31 de octubre de 2025, para que se pueda tomar la decisión de materiales de construcción, maquinaria y equipos”, dijo la autoridad.
En tanto, el presidente de la Cámara de la Construcción de La Paz, Jaime Llano, destacó la predisposición del Ejecutivo y la Cámara Boliviana de la Construcción para alcanzar acuerdos que viabilizan la conclusión de las obras que actualmente se encuentran en ejecución.
“Pedimos a los gobiernos municipales, a las gobernaciones y a todas las instituciones que puedan cumplir este Decreto Supremo y así podamos concluir las obras, porque sabemos que estamos en una situación bastante complicada y necesitamos del apoyo de estas instituciones para dar conclusión a nuestros trabajos”, dijo.