Las estaciones de servicio advierten que la medida gubernamental pone en riesgo empleos y podría provocar cierres de surtidores si no se atienden sus demandas.
Por Daniel Zenteno
Varios vehículos cargan combustibles en una estación de servicio de La Paz.
Fuente: La Razón
La Asociación Nacional de Surtidores Comercializadores Privados de Hidrocarburos (Asosur) se sumó al rechazo al reciente incremento salarial dispuesto por el Gobierno, al considerarlo “inaplicable” en las condiciones económicas actuales del sector.
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A través de un comunicado oficial, la entidad explicó que las estaciones de servicio enfrentan una “realidad crítica” debido a la irregularidad en el abastecimiento de combustibles y al incremento sostenido de los costos operativos, mientras que las comisiones por la venta de combustibles líquidos no han sido actualizadas desde hace varios años.
“Esta situación ha venido asfixiando financieramente a todas las Estaciones de Servicio, que operan con márgenes extremadamente reducidos, absorbiendo costos crecientes sin mecanismos de compensación”, señala Asosur.
En ese marco, el sector advierte que la imposición de un nuevo incremento salarial —sin una mejora proporcional en sus ingresos— generará dos consecuencias inmediatas: la inestabilidad laboral, al poner en riesgo los puestos de trabajo, y el cierre progresivo de estaciones, especialmente pequeñas y medianas.
“No nos oponemos a una justa retribución para nuestros trabajadores, sin embargo, rechazamos cualquier medida impuesta de manera unilateral y desconectada de la realidad económica de quienes deben asumirla”, enfatiza el pronunciamiento.
La asociación exige con urgencia la “actualización inmediata de las comisiones por la venta de combustibles líquidos, con criterios técnicos y equitativos”, como una medida necesaria para sostener la operatividad del sector y poder hacer frente al incremento salarial.
Asosur recordó que las estaciones de servicio no solo cumplen una función esencial en el abastecimiento de combustibles a la población, sino que también son fuente de empleo formal.
El comunicado alerta que, sin políticas públicas responsables, cientos de surtidores pueden dejar de operar, lo que afectará, aparte de la cadena de abastecimiento, a miles de trabajadores y sus familias.
Pese al rechazo de todo el sector privado al incremento salarial del 10% al Salario Mínimo Nacional, el presidente Luis Arce promulgará el decreto que autoriza el alza este jueves.
Fuente: La Razón