Melisa Barba con tono de impotencia y marcada preocupación, el lunes 5 de mayo ha denunciado que como propietaria de la propiedad «Santa Rita» su predio productivo económico ha sufrido alrededor de las once horas el avasallamiento de al menos 30 motociclistas encapuchados y armados causando el pánico en los trabajadores y operadores de máquinas en la propiedad en época de cosecha de soya, y de siembra de maíz.
Los avasalladores impunes han procedido al secuestro de los trabajadores que en número de 25 operaban en la cosecha de soya y guardado en los silos. Además, que han robados productos agrícolas, insumos, lavadoras, camas, entre otros bienes. Y hasta han secuestrado a trabajadores de la CRE.
Pese a haber sido liberados los secuestrados por la intervención policial, sin embargo, han vuelto los avasalladores en número de 10 y 15 personas encapuchados a interrumpir el trabajo en la propiedad. El procedimiento que aplican es hacerse con lo ajeno de forma violenta, como si no hubiera autoridades policiales, del ministerio de Desarrollo Rural, INRA, ABT y fiscalía, para restituir el imperio de la ley.
Según el gerente general de la Asociación de Productores de Oleaginosa y Trigo (Anapo), Jaime Hernández, es la cuarta vez que el predio «Santa Rita» es avasallado en 2024 a 2025. La propiedad tiene unas 5.000 hectáreas de superficie y está dedicada a la producción de soya, maíz y sorgo.
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La autoridad ha afirmado que considerando el avasallamiento a las propiedades Santa Agro, Las Londras y San Fernández, estima que unas 17.800 hectáreas productivas han sido dotadas a avasalladores.
Anapo preocupado por la situación de beligerancia y de hechos reincidentes contra la propiedad agraria privada, ha pedido a la policía la inmediata intervención y proceda a desalojar a los avasalladores.
Ha enfatizado, que no se respetan las medidas precautorias del INRA y tampoco se cumplen las órdenes de aprehensión contra los principales cabecillas, pese a estar identificados por la policía y las autoridades del rubro agropecuario.
Fundación Tierra sobre los avasallamientos registrados en julio de 2024 de la Hacienda Santa Rita, Santa Rita C y Hacienda Laguna con una superficie de 4.150 hectáreas, 1.100 hectáreas y 471 hectáreas, respectivamente, sostiene que el 70% de esta superficie cultivada con tecnología mecanizada en cultivos de soya, maíz y sorgo, el valor de las tierras cultivables, supera los 15 millones de dólares. Esta realidad de avasallamiento a propiedades legalmente trabajadas con estructura, generando puestos de trabajo e ingresos de divisas al Estado, está siendo atacada bajo un programa de organizaciones criminales que se enriquecen con la inversión de otros.
¿Cuáles son los daños causados por los avasalladores? La afectación a la productividad agrícola económica-social en época de crisis alimentaria y falta de dólares; la privación de libertad extrajudicial a trabajadores; instalación de nuevo Estado Mayor del Chapare entre tanto no se hagan cumplir las órdenes de aprehensión contra los avasalladores si en el INRA existen cerca de un centenar de denuncias de avasallamiento y al menos una treintena no se sabe en qué estado están los procesos, y por último, la inseguridad jurídica para los productores agrícolas que exigen garantías a la propiedad privada.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que «Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente». Y «Nadie será privada arbitrariamente de su propiedad (Art. 17.1.2 DUDH). En este mismo sentido, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos establece que»Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social» (Art. 21.1 CADH). Estos instrumentos internacionales no admiten menoscabo, arbitrariedad y avasallamiento a los derechos fundamentales, al estar estos garantizados por los Estados.
La Constitución Política del Estado Plurinacional establece que «Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social» (Art. 56.I de la CPE)Las propiedades agrarias que vienen siendo avasalladas cumplen con la función económico social y han sido legítimamente adquiridas y, los propietarios, por ningún programa de institución o persona pueden ser víctimas de menoscabo y límites a los derechos de uso y goce, primordialmente, si contribuyen a la seguridad alimentaria de la población boliviana.
La institucionalidad y las organizaciones del área están llamadas a exigir al gobierno a que restablezca el imperio de la ley en las zonas de avasallamiento, por cuanto el ejercicio del poder no puede ser carta blanca para obstruir continuamente la productividad agrícola y ganadera.
La policía y la fiscalía deben asumir sus responsabilidades y cuánto antes dejar atrás los discursos de 20 años de la defensa de la Pachamama, que está siendo golpeada por ciclos de asalto y enriquecimiento económico por grupos delincuenciales.
El profesor Manuel Aragón, se atreve a afirmar «Que, sin garantías Jurídicas, no existe la Constitución como derecho».
Pedro Gareca Perales