El éxito de cualquier proceso generado desde las instituciones estratégicas públicas, a la luz del Estado constitucional democrático de derecho, depende crucialmente del desarrollo de una cultura de responsabilidad transparente de autoridades ejecutivas, a su vez, no sólo de un nivel de principios y Decretos ejecutivos específicos de legalidad para justificar circunstancias de emergencia nacional, sino de nuevos paradigmas e indicadores que aseguren crecimiento y progreso en todas las estadísticas objetivas de independencia institucional y calidad de vida de los ciudadanos; y, también de una consciencia constitucional, administrativa y técnica que consolide una diferencia cualitativa en la vida y realidad de las familias bolivianas.
En tiempos de crisis democrática, no deja de preocupar que ante un modelo de estado desmoronado por la red de corrupción que salpica hasta el personaje número uno del país, las organizaciones políticas riman al mambo de cuestionamientos personales, amenazas, marchas, bloqueos y hasta acciones constitucionales de cumplimiento y amparo (en número de diez), que en cierta forma causan incertidumbre en el órgano electoral y en el electorado del país, hasta que se extirpe el cáncer de la «justicia secuestrada» por el sistema.
Recordemos que Francisco López Nieto ya señaló que la administración es en la práctica el instrumento en manos del gobierno y sus instituciones para plasmar en obras los ideales y programas políticos.
De esta manera es más fácil entender, que, si la tarea de administración pública es por excelencia el servicio a los intereses generales, desde esta aproximación se concibe que el derecho ciudadano a un buen gobierno y a una buena administración pública sea algo idónea, transparente plenamente, razonable y debidamente controlada por el legislativo y por todos los ciudadanos.
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Al respecto, centrado en estos parámetros de objetividad e interés general sin participación de interferencias de ninguna índole política o discriminatoria, hay dos temas que conmueven la preocupación nacional: Botrading, empresa de YPFB en que se implica en supuestas operaciones comerciales de gasolina y diésel a Marcelo Luís Arce Mosqueira hijo del presidente y la falta de gasolina y diésel en los surtidores del país con largas colas de vehículos y espera de hasta 10 o más horas para cargar y, de otro lado, la compra de la propiedad «Adán y Eva» en favor de Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora.
YPFB BOTRADING Y FALTA DE GASOLINA Y DIÉSEL
Las autoridades ejecutivas de YPFB en el transcurso de los últimos días han informado que hay seis buques cargados con volumen aproximado de 178.000 metros cúbicos de gasolina en el puerto de Arica. Esto implica, que: a) 178.000.000 litros de gasolina llegarán al país y a los surtidores para atender la demanda regular por al menos 20 días, b) 5.086 cisternas transportarán el producto, c) 224.280 USD se estima el monto a pagar por el volumen importado tomando para el efecto el precio medio de la gasolina en todo el mundo de 1.26 (USD dólar) por litro (Global PetrolPrices.com) y d) La calidad de octanaje de la gasolina transportada de Arica, Paraguay, Brasil, Argentina y Perú supone que tiene el control de calidad y resistencia de la gasolina que se transporta por poliducto en los tramos y surtidores Santa Cruz-Camiri y Camiri-Sucre.
Siguiendo este este orden y basado en los datos de las autoridades ejecutivas del rubro de hidrocarburos aseguran que se prepara la llegada al país de: a) 156.400.000 litros de diésel importado de Paraguay (Sur de Bolivia) para cubrir la demanda nacional, b) 4.468 cisternas transportarán el diésel, c) 184.552 USD es el monto aproximado a cancelar por YPFB por el volumen importado considerando el precio medio del diésel en el mercado internacional de 1.18 (USD dólar) por litro (GlobalPetrolPrices.com).
Para transportar los productos YPFB necesita pagar aproximadamente el total de 408.832 USD y la contratación de 9.554 viajes de cisternas. Sin embargo, pese a los anuncios de cobertura a la demanda de combustibles, se observa grandes colas de vehículos en todos los surtidores del país, lo que es preocupante para el desarrollo agropecuario, comercial e industrial.
De otra parte, la falta de carburantes genera desequilibrios e inestabilidad en las diversas actividades económicas; toda vez, que los derivados de hidrocarburos son importantes en la producción industrial (maíz, soya, aceite, arroz, azúcar, lácteos, y otros), agrícola, minerales, ganadera, transporte, turismo, comercio y agricultura.
Se agrava el problema, cuando el dirigente de las cisternas, Maykol Montaño, señaló que a partir del miércoles 21 de mayo no transportarán combustibles a los surtidores, argumentando que YPFB no los convocó para conversar sobre el precio del flete que es una nivelación justa. Entonces, se estima que 2.500 cisternas dejaran de distribuir carburantes en todo el país. Este escenario crítico, no es una manipulación como afirma el director distrital de la ANH de Santa Cruz, Carlos Cordero, quien aseguró el abastecimiento regular de gasolina y diésel en todo el país, incluido el departamento de Santa Cruz, pero la realidad es otra.
Se refleja sustancialmente, que YPFB desde tiempo atrás ha dejado de garantizar la explotación, consumo y comercialización de los hidrocarburos y sus derivados para el consumo regular y sostenido del país debido a una falta de previsión y política pública estatal, lo que implica que no cumple con el deber constitucional establecido por el artículo 367 de la Constitución Política del Estado.
En el centro de la tormenta los relámpagos de cuestionamiento de las operaciones comerciales de carburantes se entrecruzan la Botrading en Asunción Paraguay, en cuyas transacciones de importación se involucra a Marcelo Luis Arce Mosqueira, según investigaciones en Paraguay y Argentina. Sobre esta situación claroscuro, Teresa Morales exministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural de Bolivia en una entrevista con Gonzalo Rivera revela que: «Botrading fue creada para competir con otras empresas, pero denuncia que en 2023 se detectaron sobreprecios en la compra de combustibles. Además, mencionó que los hijos del presidente, Luis Arce estarían involucrados en negocios en Paraguay (Encontrados con Gonzalo Rivera). El diputado Héctor Arce denunció por medios de prensa que Marcelo Luis Arce estaría vinculado con la Botrading y que viajaría a Asunción para investigar y recabar documentación. La corriente del río ha crecido si existe una Comisión especial de la Cámara de Diputados para investigar el supuesto caso de corrupción que irriga al presidente Luis Arce Catacora.
Por si fuera necesario y de utilidad para la población boliviana, los precios de transporte por cisternas referidos en concreto al tramo internacional Arica-Senkata que es la Planta de Almacenamiento de YPFB Logística en El Alto; es de 61 dólares americanos por metro cúbico, entendiendo que es para la gasolina y diesel (GE y DO).
Para el tramo dentro del territorio nacional, específicamente, el tramo Santa Cruz-Senkata y El Alto, es de 57 dólares el metro cúbico. Entonces, siguiendo los datos de YPFB Logistica conocidos en redes sociales, resulta que para traer la gasolina de Arica-Senkata sería, sería 75.000 metros cúbicos, este volumen multiplicado por 61 dólares americanos por metro cubico daría como costo de transporte 4.575 millones de dólares. Para transportar este volumen se necesita 2.000 cisternas, con una carga de 30 metros cúbicos (es decir, 30.000 litros).
Como resultado de la operación, cada cisterna recibe por viaje la suma de 2.288 dólares; pero, como no se dispone en el mercado nacional con una empresa con la cantidad de cisternas requerida para efectuar el transporte en un solo viaje, se deduce que una cisterna pueda repetir la ruta de dos a tres veces, aplicando quien sabe un programa de rotación.
Para el traslado de diesel (DO), los resultados serían de 56.000 metros cúbicos por 61 dólares por m3, igual a 3.416 millones de dólares. Para trasladar este volumen se necesitan 1.867 cisternas con similar capacidad de 30 m3 (es decir, 30.000 litros).
De otra parte, se estima que cada cisterna recibe la liquidación de 1.830 dólares por cada viaje, se deduce así, al igual que en el caso anterior (GE), que un camión cisternas podría hacer varios viajes. Además, es de predecir que de producirse el reclamo de nivelación obviamente, que el gasto total en transporte se irá incrementando; aunque se conoció el jueves 22 de mayo por el dirigente de propietarios de cisternas Maykol Montenegro que YPFB ha pasado cartas de rescisión de contratos a una veintena de propietarios.
En el plano del tema de gastos que realiza YPFB por los volúmenes menciodos en estos últimos acápites, por concepto de transporte, el gasto sería de 4.575+3416= 7991 millones de dólares para que la gasolina y diesel importada de Rusia vía Puertos de Chile llegue a Senkata El Alto. Adicionalmente, al monto señalado hay que agregar el costo de la gadolina que en volumen de 178.000 m3 al precio medio mundial de 1.26 dólares, resultaría 224.280 millones de dólares y de 156.400 m3 de diesel al precio medio internacional de 1.18 dólares, resultaria 184.552 millones de dólares, sin tomar el posible sobreprecio que el intermediario (desde Asunción) vende a YPFB como recoge la prensa internacional, y en redes sociales. La duda de la empresa Botrading sobre las operaciones que le reporta ahorros a YPFB según versión del presidente de YPFB, Armin Dorgathen Tapia, sería diferente si YPFB haría la compra directa de carburantes al costo internacional del mercado o, aplicar la liberación de importación sin trabas a los empresarios industriales que tengan la capacidad de hacerlo exento de sobreprecios.
Ahora bien, se subraya como no se tienen ductos específicos entre tramos internacionales: Arica-Senkata, Asunción-Santa Cruz, Yacuiba- Santa Cruz, los costos para la empresa matriz son miles de millones (cada veinte días, verbigracia). Si existiera entre punto de origen de importación y destino a Bolivia, en tiempos y costos, seguramente se obtendrían menos sangria económica para YPFB y se obtendría mejores tiempos para cubrir la demanda interna y no las interminables colas de vehículos en los surtidores de todo el país como ocurre actualmente, con amenazas del transporte de protestas y paros, y los cacerolazos de los gremiales ante la falta de productos básicos de la canasta familiar y la desaparición del dólar.
Para lograr la optimizacion anterior, desde la planta de Senkata podría cubrirse la demanda de combustible los departamentos de Oruro, Potosí y Chuquisaca, y todo el oriente boliviano, se abastece desde la planta de Palma Sola; sin embargo, el mayor volumen de gasolina para cubrir el mercado de Cochabamba viene por ducto o el saldo por cisternas. En tanto, que los denominados mercados menores como Cobija, Riberalta, Guayaramerin, Santa Ana de Yacuma, el envío se realiza por transporte fluvial desde Puerto Villarroel hasta la planta de Trinidad o de dicha ciudad en cisternas de 15 o 20 m3. Este procedimiento, resultaría menos gravoso para YPFB.
Al margen de la investigación por presuntos hechos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia y otros, contra los que resultaren involucrados en hechos de corrupción sin importar la jerarquía o estatus en la función pública, la gran pregunta también pasa, ¿cómo tener control el próximo gobierno de la crisis profunda de hidrocarburos, se animará a efectuar auditorías externas a las autoridades de las instituciones actuales y, a quitar gradualmente la subvención?
ADÁN Y EVA. Corrupción
Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce Catacora, a sus 25 años compró la propiedad «Adán y Eva» el 11 de noviembre de 2021 en un valor de 3.335.485 USD, con una superficie de 2.187.8 hectáreas y está clasificada como propiedad en plena transición de los bosques serrano, chaqueño y andino, ubicada en los municipios de La Guardia y Cabezas del departamento de Santa Cruz. La operación fue previa deshipoteca y un anticipo de 280.000 USD, y el saldo de 3.055.485 USD obtenido mediante crédito bancario.
La propiedad «Adán y Eva», según el INRA y ABT se caracteriza por pertenecer a una zona de conservación de bosques y uso sostenible de la tierra; empero, a partir de la compra el propietario cultivó maíz y soya. Llama la atención, que la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) conociendo las características de la propiedad en tiempo exprés autorizó los desmontes de casi 1.000 hectáreas.
Las imágenes satelitales develan que entre 2022 y 2024, ya desmontaron el bosque y quemaron 479.46 hectáreas. Esta actividad realizada por Rafael Ernesto Arce Mosqueira, no respetó el D.S. 5225 de 11 de septiembre de 2024, emitido por el presidente, Luis Arce Catacora, que estableció «pausa ambiental ecológica» en todo el territorio nacional; es decir, que prohibía los incendios forestales y quemas de chaqueo en el país.
Sin duda, que el daño causado en la zona es irreversible al ecosistema, afectando la flora y fauna de la zona y alterando la riqueza natural que el Estado debe preservar.
También, se informó de la inversión de 21 millones de dólares para la construcción de un puente que fue construido sobre el río Piraí, en tiempo récord y para transportar los productos de la explotación de la propiedad que supera el 30% de la superficie del predio.
Se observa, que la autoridad de la ABT al autorizar el desmonte y la quema de 479.46 hectáreas incumplió la Resolución Administrativa 129/2020 y la Ley Forestal de la propiedad Adán y Eva, clasificada como Tierra de Producción Forestal Permanente (TPFP), inserta en un bosque de conservación y manejo sostenible. Al respecto, el biólogo Huáscar Bustillos, lamenta la transformación del bosque primario «Adán y Eva» en monocultivo, lo que significa atentar contra la flora y fauna debido a la variedad de microclimas y vida silvestre.
Cabe preguntarse, ¿dónde están las autoridades del ministerio de Medio Ambiente para investigar y controlar las acciones ilegales en la propiedad Adán y Eva? ¿Y qué hace el ministerio público ante el supuesto tráfico de influencia y daño a los bienes comunes?
Por su parte, la diputada María José Salazar junto a otros legisladores dijo, que demandará ante el ministerio público a Rafael Ernesto Arce Mosqueira, autoridades de la ABT e inclusive al presidente, Luis Arce Catacora, para ser investigados por supuesto tráfico de influencia y delitos ambientales. Puesto que, sólo el 30% del suelo debería tener cultivo y el resto tendría que mantenerse como bosque de conservación.
La investigación que involucra a Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce Catacora, que figura en la lista para primer senador por La Paz por el candidato a la presidencia, Eduardo Del Castillo inscrito en el TSE con la sigla MAS IPSP, ha sido realizada por Connects en alianza con Aristegui Noticias, El Espectador, La Nación y la Prensa Gráfica, instituciones de reconocido respeto y prestigio a nivel mundial.
CONCLUSIÓN
Para despejar los cuestionamientos y extirpar la corrupción cualquiera que sea la jerarquía de quienes resulten involucrados en supuestos hechos delictivos, el ministerio público de oficio debe emprender la apertura de investigación en ambos casos analizados, para esclarecer, identificar y en su caso promover juicio de responsabilidades. Los legisladores y candidatos de organizaciones políticas e instituciones civiles y cívicas deberán pronunciarse sobre estas denuncias, sobre todo si sus programas de gobierno que plantean desarrollar incluyen el cambio de la justicia caótica y lucha contra la lacra de la corrupción. Y, la ASFI de oficio debe asumir la investigación para determinar objetivamente las operaciones y movimientos bancarios realizados por Rafael Ernesto Arce Mosqueira y las garantías ofrecidas para ser sujeto de crédito cuando tenía 25 años de edad sin experiencia profesional salvo que los dólares de la fortuna le hubieran llovido como fajos verdes caídos del cielo.
El profesor Michael Nuñez Torres dice: «Existe el peligro de que el Poder Ejecutivo realice la función de gobierno de forma arbitraria escusado en el Estado social, o que el Parlamento se convierta en la tiranía de las mayorías proclamando el principio democrático, o que el Estado Constitucional se transforme en un gobierno de jueces enarbolando la primacía de los derechos».
Pedro Gareca Perales
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