“Ningún control efectivo frena el flujo del mineral que enriquece redes mafiosas mientras desplaza comunidades, corrompe autoridades y sustituye el poder estatal con estructuras de facto”, afirma Jaime Cuellar.
Fuente: Ana Bolivia
Bolivia se encuentra al borde de una captura territorial silenciosa, alimentada no solo por el oro ilegal, sino por la “minería ilegal per se”, y lo que fueron operaciones marginales de subsistencia han evolucionado en estructuras armadas, con capacidad logística, poder económico y respaldo político, afirma el analista Jaime Cuellar.
“La extracción aurífera, lejos de estar bajo control del Estado, se ha convertido en el epicentro de una economía criminal (…). Las promesas oficiales de frenar los avasallamientos y minería ilegal en áreas mineras se estrellan contra una realidad estructuralmente perversa”, señala el jurista especializado en minería ilegal.
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Cuellar afirma que mientras los discursos gubernamentales llaman al orden, y aducen medidas que “cortarán de raíz” el problema, las instituciones llamadas por ley para el efecto, no son capaces de lograr el cumplimiento de sus objetivos, porque carecen del cuerpo normativo y operativo para hacerlo.
“Ningún control efectivo frena el flujo del mineral que enriquece redes mafiosas mientras desplaza comunidades, corrompe autoridades y sustituye el poder estatal con estructuras de facto. La minería aurífera se ha convertido en un negocio de sangre: allí donde llega, se impone con violencia, expulsa a los legítimos titulares, subvierte el Estado de derecho y genera una economía paralela basada en la intimidación, la impunidad y el soborno”, asegura.
Sin embargo la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), encargada de otorgar los derechos mineros y luchar contra la minería ilegal también ha demostrado ser una institución poco transparente, haber sido cooptada por intereses sectoriales vinculados al sector cooperativismo y estar en el centro de las denuncias de corrupción.
“No fueron fortuitas”
Las recientes muertes en Sorata y Arapata como resultado de pugnas por vetas mineras no fueron fortuitas, según el analista, quien asegura que son la consecuencia lógica de un modelo de extractivismo informal, donde más del 80% de las operaciones auríferas en el norte paceño funcionan al margen de la ley, articuladas y arropadas en muchos de los casos “malas” cooperativistas, que son, en muchos casos, fachadas de economías criminales que lavan dinero, financian armas y destruyen comunidades.
Cuellar asegura que Bolivia está sentada sobre una “bomba de tiempo metálica y no metálica”, donde el oro, estaño, wólfram, indio, coltan son catalogados como minerales estratégicos para la era digital.
“Sin embargo, el país se desangra, con avasallamientos, asesinatos, corrupción y destrucción ambiental marcan el avance de la minería ilegal que, lejos de menguar, crece con la venia de un aparato estatal cómplice o colapsado”, afirma.
En regiones estratégicas como La Paz, Beni Pando y ahora también Santa Cruz, por la presencia de tierras raras, asegura que emergen señales preocupantes como la presencia de grupos armados que se presentan como respaldos o agentes de protección de actores mineros legales e ilegales, mismos que operan con disciplina militar, acceden a maquinaria pesada, controlan pistas clandestinas, controlan rutas y han comenzado a infiltrar o cooptar la institucionalidad del Estado.
“Estos grupos replican el modelo observado en zonas como Pataz, en el norte del Perú, y en las muertes sucedidas en la Amazonia ecuatoriana a manos de mineros ilegal, donde el crimen organizado ha instaurado una gobernanza criminal con capacidad de fuego, administración territorial y redes transnacionales de exportación.
La expansión de estas estructuras en Bolivia sugiere una transición crítica de economías ilegales toleradas a economías criminales consolidadas, señala el jurista.
En ese marco afirma que si el Estado no redefine su política minera con un enfoque integral de seguridad nacional, el oro y otros minerales seguirán valiendo más que la vida, y con él se perderá no solo el control de los recursos naturales, sino de territorios enteros.
A su criterio, la minería ilegal en Bolivia avanza no porque el Estado ha fallado, sino porque ha elegido no actuar, donde la omisión no es consecuencia de debilidad, sino de cálculo. “En este país, la inacción frente a uno de los crímenes más lesivos al orden constitucional —la destrucción sistemática del territorio nacional y la captura del aparato minero por redes ilícitas— se ha convertido en política pública por defecto”, subraya.