La debilidad institucional del gobierno de Luis Arce es generalizada, pero se manifiesta con mayor crudeza en el ámbito económico, como ha quedado evidenciado en los últimos días. Desde el 12 de marzo, la especulación del dólar disparó su cotización de 11 a más de 17 bolivianos, y ni el Ministerio de Economía ni el Banco Central de Bolivia – que en teoría actúa con independencia, pero en la práctica es un apéndice del ministerio – han explicado cómo enfrentarán esta crisis. Su silencio no solo inquieta, sino que confirma una pérdida de rumbo en la conducción económica, dejando al boliviano vulnerable a la devaluación.
La única reacción oficial, tardía e ineficaz, fue la presentación de un informe que reportaba un incremento de las reservas internacionales, de 1.977 millones en diciembre de 2024 a 2.500 millones en abril de 2025. Aunque la cifra buscaba generar certidumbre, no logró calmar a la ciudadanía. Esta omisión comunicacional refleja no solo el creciente desprestigio del gobierno, sino también un evidente agotamiento político: con Arce fuera de la carrera electoral, muchos funcionarios parecen haber perdido la motivación para trabajar.
Hace años, el boliviano era una moneda dura en la región. Como ministro de Economía, Arce Catacora recibía elogios por liderar una economía de alto crecimiento y reservas abundantes. Pero esos logros no se debieron a un plan estructural, sino a precios extraordinarios del gas natural. Hoy, sin ese respaldo, Bolivia lucha por estabilizar su moneda y contener la presión cambiaria sin herramientas efectivas ni credibilidad política.
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Los problemas estructurales son claros. El subsidio a los hidrocarburos drena 10 millones de dólares diarios. Los “criptodólares” alimentan la especulación en el mercado informal. Y, lo más grave, la percepción negativa de la población sobre la economía erosiona la confianza en el boliviano como medio de ahorro y transacción. Todo esto tendrá un incremento en la pobreza que se vive en el país.
El gobierno ha apostado por el litio como reemplazo del gas, pero esta estrategia ha fracasado: sin respeto a la propiedad privada ni seguridad jurídica, ninguna empresa seria invertirá. Las nacionalizaciones del MAS, aunque populares, han ahuyentado a los inversionistas globales. Por su parte, la oposición propone soluciones ilusorias, créditos masivos del FMI o líneas de financiamiento de hasta 12.000 millones de dólares, como propone Jorge Quiroga o Manfred Reyes. Pero Bolivia no es sujeto de crédito en esas magnitudes: su deuda externa ha crecido de manera alarmante y sus ingresos en divisas no son suficientes para respaldar nuevas obligaciones.
En este contexto, existe una opción más viable y estratégica usando los criterios de Alexander Hamilton: reformar el modelo de producción aurífera, devolviendo al Estado la titularidad de las concesiones mineras actualmente en manos del sector cooperativista informal. No se trata de estatizar la producción ni de crear una empresa estatal ineficiente, sino de reordenar el régimen minero con reglas claras y modernas. Las actuales concesiones no solo generan pocos beneficios fiscales, sino que provocan altos costos ambientales, laborales y de contrabando. En la práctica, el país paga para que unos pocos se enriquezcan mientras destruyen el ecosistema y debilitan al Estado.
Formalizar el oro permitiría licitar proyectos transparentes, promoviendo alianzas público-privadas con empresas que cumplan estándares ambientales, tecnológicos y fiscales. El Estado, sin operar directamente, podría recibir oro en especie, con cláusulas que prioricen su venta al Banco Central. Esto integraría el oro al sistema financiero, fortaleciendo las reservas sin endeudamiento ni emisión monetaria, y actuaría como barrera contra la devaluación al respaldar el boliviano.
Esta propuesta no se ajusta a los manuales de la ortodoxia liberal ni al estatismo del MAS. Es una fórmula híbrida, pragmática y orientada al interés nacional. A diferencia del litio, cuya explotación tomará años, el oro ya se extrae hoy: el desafío está en formalizar su circuito económico y monetizarlo gradualmente, mediante compras del BCB, acuerdos de swap o mecanismos de respaldo para el boliviano. El oro no sustituye al dólar como divisa de liquidez inmediata, pero sí puede aportar confianza estructural en un contexto de creciente volatilidad monetaria internacional.
En un mundo donde el dólar comienza a ser cuestionado como reserva de valor –por el posible regreso de Trump, las tensiones geopolíticas, y el ascenso imparable de China–, acumular oro es más prudente que apostar exclusivamente por divisas fiduciarias. El oro sigue siendo el activo refugio por excelencia. Bolivia, con una política inteligente, puede convertir su riqueza aurífera en un pilar de estabilidad y credibilidad.
No todos los actores actuales serían excluidos. Las cooperativas podrían transformarse en sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, adaptándose a la nueva normativa con incentivos para tecnificarse y tributar transparentemente. El Estado debe garantizar una transición gradual con asistencia técnica y reglas claras, evitando un colapso productivo y creando una cadena aurífera eficiente.
Esta reforma enfrentará resistencia. El cooperativismo minero, bastión electoral del MAS, ha gozado de privilegios por décadas. Pero estabilizar el boliviano exige decisiones que prioricen el interés nacional sobre los sectores privilegiados. Formalizar el oro es la barrera más sólida contra la devaluación y la especulación.
Con reservas fortalecidas, se podría implementar una liberalización gradual del tipo de cambio mediante bandas cambiarias o minidevaluaciones programadas, como las aplicadas entre 1985 y 2010 bajo el Decreto 21060. Esto atraería divisas privadas sin sacrificar estabilidad, pero requiere confianza, disciplina monetaria y un respaldo tangible como el oro.
A tres meses de las elecciones generales y seis de la renovación del gobierno, el Parlamento y el Ejecutivo tienen tiempo para sentar las bases de una transición económica responsable. Hoy, el oro boliviano alimenta especulación, contrabando e informalidad. Con decisión política, puede ser la barrera que proteja al boliviano y restaure la soberanía monetaria.
Por: Miguel Angel Amonzabel Gonzales