A pocos meses de las elecciones generales previstas para agosto de este año, activistas de derechos humanos alertaron por la presencia dominante de candidatos con antecedentes adversos en esta materia.
Fuente: ANF
El panorama, marcado por trayectorias cuestionadas y propuestas débiles, preocupa a organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.
Yolanda Herrera, vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, expresó que la mayoría de las candidaturas carecen de un enfoque claro sobre los derechos fundamentales.
“Cuando vemos los perfiles y las propuestas que medianamente van difundiendo, no vemos con claridad que alguno de los candidatos haga planteamientos claros en tema de derechos humanos”, afirmó en entrevista con ANF.
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Para Herrera, una de las pocas opciones que podría abrir espacio a un enfoque más respetuoso es la candidatura de Samuel Doria Medina, de la Alianza Unidad. Sin embargo, aclaró que esto no se debe necesariamente a su figura, sino a su alianza con el Movimiento Sin Miedo, liderado por Juan del Granado.
“Él, Juan del Granado, tiene toda una trayectoria en tema de derechos humanos, pero eso no implica que automáticamente el señor Doria Medina pueda incorporar a plenitud el marco de los derechos humanos”, matizó.
Herrera también valoró positivamente elementos vinculados a la inclusión, como en el caso de Eva Copa, candidata por el Movimiento de Renovación Nacional (Morena). A pesar de la falta de una tónica definida en derechos humanos, su trayectoria podría representar un aporte.
“Está su trayectoria con una fuerte tendencia hacia la inclusión, y creo que eso es de alguna forma muy favorable para lo que se podría buscar”, dijo.
David Inca, activista de Derechos Humanos en El Alto, coincide en que varias de las figuras en carrera tienen antecedentes preocupantes. Particularmente cuestionó al exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, candidato presidencial por el MAS-IPSP.
“Los que más vulneran derechos humanos, aparte de los servidores públicos, son los del Ministerio de Gobierno, porque hacen actos de represión y persecución”, denunció.
Inca criticó especialmente el accionar de Del Castillo, al recordar que durante su gestión solía presentar a los detenidos como culpables, sin respetar el debido proceso. “Exponer la imagen de cada persona detenida, de presentarlos como culpables sin escuchar la resolución judicial… esa es la parte negativa que conlleva en la imagen del señor Del Castillo”, enfatizó en contacto con ANF.
Para Yolanda Herrera, la experiencia previa del expresidente Evo Morales representa uno de los antecedentes más preocupantes. “Si él estuviera presentándose como candidato, que sus seguidores insisten en que así sea, sería lo más nefasto como perfil político para promover los derechos humanos”, sentenció. En su evaluación, el periodo de Morales se caracterizó por vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas.
También expresó preocupación por el papel del actual gobierno respecto a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. Según Herrera, el Ministerio de Gobierno ha mantenido bajo resguardo las instalaciones de esta entidad durante todo el actual mandato. “Es muy difícil prever o pensar que esta persona pueda tener un perfil de respeto y de garantía de la vigencia de los derechos humanos”, señaló en referencia a Del Castillo.
Otro perfil que genera inquietud para Herrera es el de Jorge Tuto Quiroga, candidato de la Alianza Libertad y Democracia. Su pasado político, vinculado al régimen del exdictador Hugo Banzer, representa una sombra difícil de ignorar.
“Gobierno donde ha habido ejecuciones extrajudiciales, persecución política, desaparecidos… es muy difícil pensar que un aliado de un perfil tan nefasto para la historia de nuestro país pueda ser alguien que tenga una cara diferente”, opinó.
David Inca también se refirió a Quiroga con crítica severa, recordando su participación en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. “En esa gestión se tienen 22 muertos y más de 300 heridos de impactos de bala”, remarcó. A su juicio, hay una deuda pendiente en la justicia boliviana, que no ha incluido a varios de estos actores en los procesos judiciales en curso.
Inca recordó que tanto Quiroga como Doria Medina formaron parte de los apoyos políticos que sostuvieron a Áñez. En el caso de Doria Medina, destacó que incluso se postuló como vicepresidente y que su fundación Pasos Kanki estuvo implicada en acciones del gobierno transitorio.
“Tiene ese antecedente de haber sido parte de un gobierno vulnerador de derechos humanos”, afirmó.
El activista alteño citó el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como una fuente clave para entender estas responsabilidades. Según dijo, en este documento se menciona a grupos y asociaciones ciudadanas y políticas que habrían respaldado decisiones que vulneraron derechos fundamentales, y entre ellas figura el entorno de Doria Medina.
Yolanda Herrera lamentó la falta de propuestas sólidas entre los candidatos, tanto de los antiguos actores como de los emergentes.
“En general, son muy pobres las propuestas para poder perfilar dentro de los candidatos algo que nos dé luces”, expresó. Para ella, la debilidad de los planes de gobierno en este ámbito refuerza la preocupación de los defensores.
Desde su rol, Herrera insiste en que, más allá del discurso, se requiere compromiso institucional con la defensa y promoción de los derechos humanos. “Es muy débil hablar de otros candidatos porque la mayoría de ellos tiene trayectorias nefastas”, sostuvo.
Inca, por su parte, anunció que las organizaciones de derechos humanos preparan una serie de acciones para hacer llegar sus observaciones al público. “Nosotros también como activistas de derechos humanos vamos a mandar nuestras notas de explicación sobre estos temas”, señaló.
Según explicó, dichas notas se basarán en documentos como el informe del GIEI y el del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. “Allí sí los nombran, nombran a estos líderes políticos que ahora son candidatos presidenciales”, insistió.
Para ambos activistas, el proceso electoral debe ser también una oportunidad para exigir transparencia y compromiso con las garantías fundamentales. Subrayan que, si bien el debate político es legítimo, este debe estar enmarcado en el respeto a los derechos humanos.
A medida que avanza el calendario hacia agosto, el desafío de consolidar una democracia con justicia y respeto por los derechos fundamentales se vuelve más apremiante. Los activistas consideran que el silencio o la ambigüedad frente a estos temas no puede ser la norma.
El debate público, los foros y los espacios de diálogo deberían, según Herrera e Inca, incorporar con mayor fuerza estos cuestionamientos. Solo así, advierten, se podrá evitar que las elecciones reproduzcan los mismos patrones de exclusión y abuso.
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