Las propuestas de los partidos, de acuerdo a sus planes de gobierno, oscilan entre reformas estructurales para una gobernanza ecológica basada en derechos de la naturaleza y planteamientos más generales centrados en la sostenibilidad. Una revisión de estos documentos da cuenta de los planteamientos en materia ambiental, energías limpias y ecología indígena.
Fuente: ANF
Nueva Generación Patriótica, con Jaime Dunn como candidato, presenta una de las propuestas más robustas y estructuradas del proceso electoral. Plantea la creación del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA), con carácter vinculante, y la instauración de tribunales ambientales conformados por comunidades originarias y expertos.
Este partido también propone el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho, a través de un marco de biolegislación con enfoque biocéntrico. La iniciativa incluye el Plan Nacional de Residuos Cero, el Fondo Nacional del Agua y la implementación de Autonomías Ambientales Indígenas.
Entre sus medidas más innovadoras está el Impuesto Verde a la Contaminación, cuyos fondos se destinarán a proyectos de reforestación y movilidad eléctrica. También se prevé la comercialización de bonos por la protección de humedales y la lucha contra el tráfico de flora y fauna.
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En segundo lugar, la Alianza La Fuerza del Pueblo articula un programa detallado de transición energética. Su propuesta se destaca por incentivar tecnologías que sustituyan los combustibles fósiles, la creación de proyectos piloto en distintas regiones y el desarrollo de energías solar y eólica con tecnologías locales.
Esta alianza plantea una reforestación energética, producción de biocombustibles y un monitoreo continuo de los impactos. Además, busca disminuir las importaciones de materia prima y fomentar la independencia energética del país.
El Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), con Eduardo del Castillo como candidato, hace énfasis en el respeto a los derechos de la Madre Tierra y la regeneración de los ecosistemas dañados por la actividad humana.
Su plan propone sustituir leyes que permiten la quema y deforestación, implementar planes de restauración, reforestación masiva y controlar la introducción de organismos genéticamente modificados. Apuesta por la participación social en todas las fases del proceso.
Otro punto relevante del MAS-IPSP es la implementación de tribunales ambientales, incentivos para actividades productivas sostenibles y la articulación de políticas internacionales en defensa de la Amazonía. El MAS-IPSP, con casi 20 años en el gobierno, siempre fue cuestionado por su incoherencia entre su discurso y la práctica en el tema del cuidado del medio ambiente.
APB-SUMATE, liderado por Manfred Reyes Villa, promueve un enfoque que combina incentivos e innovación. Plantea mercados de carbono, certificaciones verdes y alianzas público-privadas para la transición energética.
El partido también propone una política de restauración ecológica de la Amazonía con base en conocimientos ancestrales, la industrialización de residuos sólidos para generar energía y una inédita política de asistencia terapéutica con animales.
La Alianza Libertad y Democracia, con Jorge Quiroga Ramírez como figura principal, incorpora el concepto de biotecnología como herramienta para el desarrollo sostenible. En su plan, se destaca el impulso de un modelo ecológico para prevenir daños ambientales y fortalecer el rol del Estado como regulador.
Propone también eliminar la minería ilegal, reformar el marco legal ambiental y adoptar políticas estrictas contra los incendios forestales. La educación ambiental es uno de los pilares: sugiere incorporar el tema en el currículo escolar y universitario de forma obligatoria.
La Alianza Unidad, con Samuel Doria Medina, incluye en su propuesta la digitalización del Estado como una forma de disminuir el uso de papel y facilitar procesos más sostenibles.
Asimismo, destaca la educación ecológica desde la escuela básica con acciones concretas como reciclaje, arborización y monitoreo ambiental. Su enfoque, aunque limitado, apunta a formar ciudadanos comprometidos con el planeta.
La Alianza Popular, encabezada por Andrónico Rodríguez, centra su propuesta en la revisión y fiscalización de contratos mineros. Aunque limitada en alcance, plantea auditorías a convenios que afecten el medio ambiente, con posibilidad de revocarlos.
Eva Copa, candidata del Movimiento de Renovación Nacional (Morena), plantea un «Gran Diálogo Nacional hacia el Bicentenario» con ejes que incluyen el medio ambiente. Sin embargo, su propuesta carece de detalles específicos en esta materia.
El Partido Demócrata Cristiano (PDC), con Rodrigo Paz Pereira como candidato, presenta una estrategia dividida en tres líneas: biodiversidad, manejo sostenible de cuencas hidrográficas y prevención de incendios.
Aunque el plan del PDC tiene un enfoque tradicional, incluye el aprovechamiento responsable del agua y los recursos naturales, así como el fortalecimiento de la educación ambiental en zonas rurales.
En contraste, Libertad y Progreso de ADN no presenta ninguna propuesta concreta en materia ambiental. Su ausencia de visión ecológica lo distancia del resto de fuerzas políticas en contienda.
Las propuestas más ambiciosas —como las de Nueva Generación Patriótica, MAS-IPSP y Alianza La Fuerza del Pueblo— coinciden en priorizar la reforestación, la justicia climática y la soberanía ambiental.
También destacan por considerar la participación de las comunidades indígenas en la gobernanza ambiental, proponiendo sistemas de administración autónoma y justicia ecológica con base territorial.
Las ideas de economía circular, producción de biocombustibles y penalización al ecocidio abren un nuevo campo de discusión sobre el rol del Estado en la protección de la naturaleza.
APB-SUMATE y Alianza Libertad y Democracia se enfocan en la articulación entre desarrollo económico y conservación ambiental, con énfasis en incentivos e innovación tecnológica.
En el caso de Alianza Unidad y Alianza Popular, las propuestas son más limitadas, aunque incorporan aspectos relevantes como la educación ecológica y la fiscalización de actividades extractivas.
Morena y PDC, por su parte, esbozan ideas sin una hoja de ruta definida, lo cual resta solidez a sus planteamientos medioambientales.
Mientras tanto, la falta de propuesta de ADN revela una preocupante indiferencia hacia uno de los temas más urgentes del contexto nacional e internacional.
Bolivia enfrenta desafíos ambientales críticos como los incendios forestales, la contaminación de los ríos, la minería ilegal y el cambio climático. En este escenario, la solidez de las propuestas ambientales adquiere una importancia crucial.
Las elecciones de 2025 no solo definirán al próximo presidente, sino también la dirección que tomará el país respecto a la preservación de sus recursos naturales y la inclusión de los pueblos indígenas en esa gestión.
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