El documento de UNITAS también denuncia que algunas organizaciones críticas al Gobierno enfrentan dificultades arbitrarias para obtener o renovar su personería jurídica.
Fuente: ANF
En los últimos diez años, Bolivia registró una drástica reducción en el número de organizaciones no gubernamentales (ONG) activas en el país. Según el Informe sobre Libertades e Institucionalidad en Bolivia 2024, elaborado por el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS, el número de ONG nacionales pasó de 1.980 en 2015 a apenas 206 en 2025, lo que representa una disminución del 89,6%.
El informe, basado en datos del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, también reporta una caída significativa en el número de ONG internacionales registradas: de 185 en 2015 a 44 en 2025, es decir, una reducción del 76,2%.
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La investigación señala que esta contracción se relaciona con un entorno restrictivo para el ejercicio de la libre asociación y la labor independiente de las organizaciones civiles. Entre los principales factores identificados están las trabas burocráticas, la vigilancia estatal, la estigmatización pública y el uso discrecional de recursos públicos.
“Se denunciaron trabas arbitrarias en la regulación de organizaciones críticas, así como la asignación discrecional de recursos públicos, favoreciendo a sectores afines al gobierno”, señala el documento. Además, también se denuncia que algunas organizaciones críticas al Gobierno enfrentan dificultades arbitrarias para obtener o renovar su personería jurídica.
Una consulta aplicada por UNITAS en 2024 a entidades de la sociedad civil revela que un 32% de los participantes considera que el contexto actual es “extremadamente restrictivo” para el funcionamiento de las ONG, especialmente por las barreras en los procesos legales y administrativos.
En sus recomendaciones, UNITAS insta al Estado a garantizar el respeto pleno a la libertad de asociación, asegurar la independencia de las organizaciones sociales, simplificar los trámites de registro y evitar cualquier forma de injerencia o represalia contra actores de la sociedad civil.
Fuente: ANF