Los recursos de los préstamos se usan para financiar el gasto público. Aunque expertos alertan sobre una crisis monetaria inminente, el Gobierno sostiene que estos recursos garantizan servicios esenciales
Fuente: El Deber
La deuda interna del sector público con el Banco Central de Bolivia (BCB) alcanzó un nuevo récord en 2024, superando los Bs 128.900 millones, una cifra que cuadruplica el financiamiento neto registrado en 2017. La tendencia confirma una creciente dependencia del Estado boliviano de los recursos del ente emisor, en un contexto de persistente déficit fiscal, caída de ingresos y presiones inflacionarias contenidas.
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Según datos oficiales del BCB, entre 2015 y 2016 el sector público mantenía depósitos mayores a los créditos recibidos, lo que reflejaba una política fiscal más cautelosa o el uso de saldos acumulados. Sin embargo, a partir de 2017 la situación cambió radicalmente. Ese año se registró por primera vez un financiamiento neto positivo de Bs 3.023 millones, cifra que se incrementó año tras año hasta superar los Bs 128.000 millones en diciembre de 2024.
El punto de inflexión más fuerte se produjo en 2020, cuando el financiamiento neto saltó de Bs 27.321 millones (2019) a Bs 52.638 millones. Este aumento coincidió con el inicio de la pandemia de COVID-19 y la consecuente expansión del gasto público para enfrentar la emergencia sanitaria y la crisis económica.
Carlos Aranda, economista del Centro de Estudios Populi, advierte que esta cifra actualmente ha superado los Bs 200.000 millones, una cifra alarmante en el contexto de la actual debilidad macroeconómica.
La deuda interna tiene dos grandes componentes: por un lado, lo que el Tesoro General de la Nación (TGN) le debe al Banco Central de Bolivia (BCB), y por otro, las obligaciones con el sistema financiero privado, especialmente el Sistema Integral de Pensiones (SIP). Según Aranda, el componente más importante es el primero: “Deben ser unos Bs 138.000 millones al Banco Central. La otra parte corresponde a bonos que se colocan en el sistema financiero, como los fondos previsionales administrados por la Gestora Pública”.
En teoría, el Estado debería pagarla generando superávits fiscales: ingresos mayores a los gastos. Pero la realidad es otra. Bolivia acumula déficits desde hace más de una década, y las perspectivas de generar superávit son nulas. “Si el Estado no tiene superávit, esa deuda permanece como un activo en los balances del BCB, pero no tiene valor de mercado ni funcionalidad económica real”, sostuvo Aranda.
Este tipo de deuda no se puede vender ni transferir a privados como sí podría hacerse con bonos soberanos de países solventes. Se mantiene como un derecho de cobro que el Banco Central posee contra el Tesoro, pero sin posibilidad efectiva de ejecución.
Esto contradice el discurso oficial que intenta minimizar su impacto al considerarla “deuda con nosotros mismos”.
Consecuencias monetarias
El problema no es solamente fiscal. Es monetario. La base monetaria de Bolivia —es decir, los billetes y monedas en circulación— está respaldada en su mayoría por deuda pública. En 2013, el 74% del respaldo de la moneda eran reservas internacionales; en 2024, el 78% es deuda pública.
Hoy las reservas apenas cubren el 4% de la base monetaria, lo que limita severamente la capacidad del BCB para intervenir en el mercado cambiario o sostener el valor del boliviano.
Este deterioro tiene consecuencias visibles: presión sobre el tipo de cambio paralelo, aumento de la inflación y pérdida de confianza en la moneda. “Cuando un agente económico va al BCB buscando respaldo en dólares o activos líquidos, el Banco Central solo puede ofrecerle deuda pública. Y eso no lo quiere nadie”, dijo.
El riesgo más inmediato de seguir expandiendo la deuda interna es que todo el respaldo del dinero en circulación acabe siendo deuda pública. Esto podría desembocar en un repudio generalizado de esa deuda, especialmente si se intenta cumplir los pagos con emisión monetaria, es decir, monetizando la deuda.
En ese escenario, el Estado le pagaría a la Gestora Pública, por ejemplo, la deuda en bolivianos devaluados, cumpliendo en términos nominales, pero no reales. “Por ejemplo te pago mil, pero esos mil ya no compran casi nada porque los emití sin respaldo”, dijo Aranda.
Otro efecto negativo es el encarecimiento del crédito. A medida que más fondos previsionales y bancarios se destinan a financiar al Estado, menos dinero queda para el sector privado. Esto eleva las tasas de interés y frena la inversión. Aranda menciona el caso argentino como advertencia: “Allá, las Letras de Liquidez (LELIQs) era deuda del Banco Central con los bancos. Como no podían pagar, las renovaban cada día con intereses altísimos. Llegaron a pagar tasas del 120% y no había crédito en la economía”.
El Gobierno suele presentar la deuda externa como controlada, en torno al 29% del PIB. Sin embargo, al sumar la deuda interna, el total de deuda pública asciende a cerca del 95% del PIB, un nivel similar al registrado durante la crisis de la deuda en los años noventa, antes de la condonación.
¿Cómo se soluciona esto? una posibilidad es utilizar crédito externo para recapitalizar al BCB, tal como hizo recientemente el gobierno de Javier Milei en Argentina. Al convertir deuda interna en deuda externa, se puede mejorar la calidad de los activos del Banco Central y recuperar algo de respaldo en moneda dura. Pero esta opción requiere disciplina fiscal, algo escaso en el actual contexto político y económico boliviano.
La otra opción es más estructural y pasa por restablecer el equilibrio fiscal, reducir el tamaño del Estado, aumentar la eficiencia del gasto y mejorar la calidad institucional. Sin embargo, estas reformas enfrentan fuertes resistencias políticas y sindicales.
La historia enseña que cuando el dinero pierde su ancla, la inflación no tarda en llegar. Algo que ya sienten los bolivianos de a pie.
En esa línea, el economista German Molina, sostuvo que Bolivia atraviesa una crisis estructural en su modelo económico.
Detalló el uso sistemático del endeudamiento interno por parte del Estado, combinado con una creciente escasez de divisas, inflación al alza y desconfianza en el sistema financiero, amenaza con profundizar los desequilibrios macroeconómicos del país.
Molina, quien señala que las herramientas empleadas por el Ejecutivo para sostener el gasto público —principalmente el crédito interno otorgado por el BCB— han dejado de ser eficaces, y ahora generan efectos contraproducentes como presiones inflacionarias, devaluación cambiaria y erosión de reservas internacionales.
Según el economista, el uso del endeudamiento interno no es nuevo, pero ha adquirido carácter estructural desde el final del tercer mandato de Evo Morales.
“Se autorizó el crédito del BCB al Tesoro General de la Nación (TGN) bajo el argumento de desastres naturales o por la estacionalidad de la recaudación fiscal en los primeros trimestres del año”, explicó.
Consultado por EL DEBER, el Gobierno, mediante el Ministerio de Economía y Finanzas, defendió el uso de créditos internos y externos como herramientas para financiar sus políticas sociales.
Este ministerio explicó que los recursos provenientes de préstamos externos fueron canalizados principalmente hacia sectores como infraestructura vial, salud, saneamiento básico y proyectos multisectoriales.
Respecto a la deuda interna del TGN, se detalló que los fondos han servido para cubrir obligaciones previstas en el Presupuesto General del Estado. Entre ellas se incluyen programas sociales como la Renta Dignidad y bonos sociales, además de garantizar el pago de sueldos y aportes laborales a sectores estratégicos como salud, educación, policía y fuerzas armadas.
También se han financiado la subvención a los carburantes, el Sistema Único de Salud y acciones para la seguridad alimentaria, lo que, según el ministerio, contribuye a dinamizar la demanda interna y proteger a los sectores más vulnerables.
Además, esta cartera de Estado identificó como principal causa del incremento de la deuda interna la no aprobación de créditos externos por más de $us 1.800 millones en la Asamblea Legislativa Plurinacional. “Estos préstamos, ya evaluados y aprobados por organismos internacionales, habrían permitido financiar proyectos de inversión y reforzar las reservas internacionales”, señalaron desde la entidad estatal.
Ante esto los expertos sostienen que el Gobierno evita asumir responsabilidades por la falta de consensos políticos y la limitada capacidad de generar ingresos genuinos y no da señales claras de reformas estructurales ni estímulos a la producción.
Fuente: El Deber