Según Gutiérrez, la jueza cruceña emitió una resolución sin haber notificado ni a la Fiscalía Departamental ni al juez competente en Tarija, Nelson Rocabado, ni a los fiscales asignados al caso.
Fuente: ABI
Tarija. – La fiscal Departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, calificó de “extralimitación” la decisión de la ahora aprehendida juez Lilian Moreno de Santa Cruz de anular las actuaciones del Ministerio Público en el proceso penal contra Evo Morales por haber mantenido una relación con una menor en 2015.
“Creo que ha habido una extralimitación por parte de la señora juez (Moreno). ¿Qué línea legal prudencial habrá tomado para sacar esta última resolución? esto lo sacó a raíz de una queja que habrían presentado los abogados de Evo Morales”, cuestionó Gutiérrez.
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Una vez un juez de La Paz dejó en suspenso la decisión de Moreno, Gutiérrez ratificó que el caso se mantiene en Tarija y que la investigación continúa, incluyendo la imputación formal, la declaración de rebeldía y el mandamiento de aprehensión contra el dirigente cocalero.
“El Ministerio Público siempre ha actuado dentro del marco de la legalidad. Y es ante esto que se presenta el Sepdavi (Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima) al ver todo este manoseo de las normas por parte de la juez de Santa Cruz”, explicó.
Según Gutiérrez, la jueza cruceña emitió una resolución sin haber notificado ni a la Fiscalía Departamental ni al juez competente en Tarija, Nelson Rocabado, ni a los fiscales actualmente asignados al caso.
“Pretenden que cumplamos una resolución de la que nunca fuimos parte ni fuimos notificados. Eso es jurídicamente inadmisible”, reprochó en conferencia de prensa.
La resolución cuestionada surge de una acción de libertad presentada en octubre de 2024, en la cual se dejó sin efecto el mandamiento de aprehensión contra Morales. En ese momento, dos fiscales del primer equipo, Andrés Soruco y Cristian Guerrero, fueron retirados mediante memorándum justo antes de la audiencia, pero aún así participaron en la acción que derivó en el fallo.
Gutiérrez explicó que, paralelamente, el Sepdavi— interpuso otra acción de libertad ante un juez de La Paz, solicitando tutela a favor de las víctimas menores de edad vinculadas al caso.
Ese juez determinó que el proceso debía continuar en Tarija, priorizando el interés superior de la niñez por sobre la condición de adulto mayor de Evo Morales, principal denunciado.
La defensa de Morales intentó trasladar el proceso a Cochabamba mediante una excepción de incompetencia ante el Juzgado Quinto de Tarija, recurso que fue revocado en sala, ratificando la jurisdicción tarijeña.
“La Fiscalía ha actuado siempre dentro del marco legal. No hay usurpación de funciones ni desobediencia, como se ha insinuado. El imputado ha estado presente en audiencias vía Zoom y ha presentado múltiples incidentes procesales”, remarcó la fiscal.
Ante los intentos de trasladar el caso, el Sepdavi presentó un recurso de queja ante el juez de La Paz, quien ordenó como medida cautelar la suspensión de todas las resoluciones emitidas por la juez de Santa Cruz hasta que se resuelva el fondo del conflicto.
“Por lo tanto, todas las actuaciones del Ministerio Público de Tarija se mantienen vigentes, incluida la imputación, la rebeldía y el mandamiento de aprehensión contra Morales y otra persona imputada que también está rebelde”, precisó Gutiérrez.