El fiscal del caso solicitó medidas sustitutivas para las personas imputadas, presentarse una ves al mes ante la fiscalía y la prohibición de acercarse a los lugares donde se encuentra la víctima, es decir YPFB.
Fuente: ANF
12 de los 29 comunarios de la reserva de Tariquía fueron imputados por tres tipos penales porque supuestamente obstaculizaron el trabajo de los funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boliviano (YPFB) y Petrobras, en el pozo Oso Domo X3 ubicado en Chiquiacá.
“Aún no hemos sido notificados, pero se tiene conocimiento mediante el sistema JL del Ministerio Público que la Fiscalía habría emitido dos actuaciones conclusivas, una resolución de rechazo a favor de 17 de las 29 personas. Y otra resolución de imputación formal en contra de 12 personas, por tres delitos: atentados contra la libertad de trabajo, impedir y estorbar la función pública”, informó a la ANF Roger Ibarra, abogado de los comunarios.
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En octubre de 2024, la estatal petrolera presentó la demanda en contra 29 comunarios de Chiquiacá porque presuntamente obstruyeron su trabajo; sin embargo, los pobladores iniciaron un a vigilia al ingreso de Saicán porque los funcionarios no tenían autorización para ingresar hasta el pozo petrolero y no respetaron la decisión que asumieron las 11 comunidades.
En enero de este año, el fiscal rechazó la denuncia porque no existían indicios suficientes en contra de los comunarios y, por lo tanto, sería difícil sostener la acusación en la etapa de juicio oral. Sin embargo, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, revocó esa determinación porque estaban pendientes varias actuaciones procesales.
La imputación, a la que accedió este medio, fue emitida el 29 de abril del año en curso y está suscrita por el fiscal Beimar Farfán Vera, el documento fue remitido al juzgado de instrucción penal cuarto para que defina hora y fecha de la audiencia cautelar.
Los imputados son: Ramiro Rodrigo Altamirano Garay, José Andrés Miranda Rojas, María Nelly Coca Flores, Juan Mendoza Gutiérrez, Crispín Mendoza Anachuri, Juanita Martina Mercado, Carlos Bersain Guerrero Rivera, Soraide Farfán Meza, Nelson Méndez León, Elieceo Mendoza Anachuri, Paulina Gareca Baca, Arcángel Coca Flores. La fiscalía solicitó medidas sustitutivas y la prohibición de concurrir a ciertos lugares, aunque no especificó.
“Solicito a su autoridad muy respetuosamente ordene la aplicación de medidas cautelares personales de los imputados (…) y sea prevista en audiencia pública dónde serán acreditados todos estos extremos: obligación de presentarse ante su autoridad una vez al mes; prohibición de concurrir a determinados lugares particularmente donde acuden la víctima, siempre que no afecte su derecho a la defensa, prohibición de concurrir a lugares donde expenden bebidas alcohólicas; prohibición de comunicarse con personas determinadas particularmente con los testigos y la víctima siempre que no afecte su derecho a la defensa”, dice el documento.
Con relación al resto de los investigados la fiscalía emitió otra resolución de sobreseimiento porque no encontró elementos de prueba para imputarlos. El caso de criminalización contra los comunarios de Tariquía no es reciente, data de hace más de una década.
Observaciones
En ese contexto, Ibarra observó la imputación ya que no se realizó una individualización de las acciones que realizaron cada uno de los sindicados en contra de la estatal petrolera. Aseguró que no existen los elementos probatorios para que sus clientes sean imputados, ya que solo estaban defendiendo su territorio.
A la vez, dijo que no se realizó la inspección técnica ocular o la reconstrucción del hecho, indicó que el único actuado procesal que se llevó a cabo fue el desfile identificativo de los sindicados donde cuatro testigos los reconocieron como parte de los supuestos agresores. Dijo que ese elemento fue usado por el fiscal para presentar la imputación en contra de los comunarios.
“Teóricamente, ese actuado ha servido para imputar formalmente a estas personas, es un desfile identificativo que se habría realizado. Cuatro funcionarios que han sido ofrecidos como testigos, trabajadores de YPFB y Petrobras, pues supuestamente habrían identificado mediante la cámara Gecel a estas 12 personas, ese es el único elemento que se ha tomado en cuenta”, puntualizó.
Dijo que ese proceso fue complejo por la cantidad de comunarios que tuvieron que someterse al desfile identificativo, además advirtió que quedó inconcluso porque al menos nueve personas no participaron en ese procedimiento.
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Fuente: ANF