El informe del MNPT deja claro que el sistema penitenciario boliviano necesita una transformación profunda para dejar de ser un espacio de sufrimiento y convertirse en uno de dignidad y justicia.
Fuente: ANF / La Paz
En Bolivia, ser mujer y estar privada de libertad implica enfrentar un sistema penitenciario que profundiza las desigualdades estructurales. Así lo revela el Tercer Informe Anual 2024 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), que dedica un apartado a la situación de las mujeres en centros penitenciarios del país. Entre sobrepoblación, escaso acceso a salud y educación, y una institucionalización del castigo sobre la reinserción, la realidad penitenciaria femenina refleja múltiples formas de violencia y abandono estatal.
Según datos recabados por el MNPT, al 2023, 2.029 mujeres estaban privadas de libertad, lo que representa un 9% del total de la población penitenciaria. Si bien su número es menor al de hombres, su situación presenta especificidades de género que requieren políticas diferenciadas, algo que el sistema boliviano aún no logra garantizar.
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El informe denuncia que muchas de estas mujeres llegan a prisión sin haber recibido un juicio justo. En varios casos, las detenciones preventivas prolongadas se aplican de manera automática y sin fundamento, afectando especialmente a mujeres pobres, indígenas o con bajo nivel educativo. La prisión preventiva, lejos de ser la excepción, se convierte en una norma que vulnera derechos.
Además, las condiciones en las cárceles no están adaptadas para responder a las necesidades específicas de las mujeres. Las instalaciones carecen de espacios adecuados para la privacidad, la higiene menstrual o la atención materna, afectando gravemente su dignidad e integridad.
Una de las situaciones más alarmantes señaladas por el informe es la presencia de niñas y niños en los penales. Más de 300 menores viven con sus madres en condiciones inadecuadas, expuestos a ambientes de encierro que pueden afectar su desarrollo psicoemocional. Aunque la normativa lo permite hasta los seis años, en la práctica no existen políticas eficaces para garantizar sus derechos.
El acceso a la salud es otro eje crítico. El MNPT identificó fallas graves en la atención médica a mujeres, especialmente en lo que respecta a salud sexual y reproductiva. Muchas no reciben controles ginecológicos ni tienen acceso a métodos anticonceptivos, y los partos en condiciones indignas siguen ocurriendo.
Asimismo, persiste la escasez de personal médico, medicamentos e infraestructura sanitaria. En algunos centros, las mujeres deben pagar por atención médica externa o esperar días por una simple consulta. Esto vulnera su derecho a la salud, reconocido en la Constitución y en tratados internacionales.
La violencia institucional también es recurrente. El informe documenta casos de maltrato físico y psicológico ejercido por el personal penitenciario, así como prácticas discriminatorias y abusos de poder. Las denuncias, cuando existen, suelen ser desestimadas o no investigadas adecuadamente.
En cuanto a la reinserción social, los programas existentes son insuficientes y no responden a las necesidades reales de las mujeres. Las oportunidades de educación y capacitación laboral son limitadas, y muchas internas no acceden a trabajo remunerado ni a mecanismos efectivos de reducción de penas.
Además, el estigma social que enfrentan al salir de prisión es una barrera más. Las mujeres excarceladas tienen mayores dificultades para reinsertarse en el mercado laboral o recuperar vínculos familiares, lo que aumenta el riesgo de reincidencia o marginación permanente.
En los centros visitados por el MNPT, se evidenció una falta generalizada de personal especializado en enfoque de género. Esto limita la capacidad institucional para prevenir y atender la violencia contra las mujeres privadas de libertad, perpetuando un sistema de castigo deshumanizante.
El informe también señala que no existe un protocolo uniforme para la atención a mujeres embarazadas o en período de lactancia. En varios casos, las condiciones de parto fueron inadecuadas, sin atención médica especializada ni respeto a la privacidad, lo que representa una forma de tortura institucional.
Frente a este panorama, el MNPT recomienda al Estado boliviano adoptar medidas urgentes para garantizar los derechos de las mujeres privadas de libertad, conforme a los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las Reglas de Bangkok de la ONU.
Entre las acciones sugeridas están: promover el uso de medidas alternativas a la detención, mejorar la infraestructura carcelaria con enfoque de género, garantizar el acceso a servicios de salud adecuados, y fortalecer los mecanismos de prevención y sanción de la violencia institucional.
El encierro de una mujer no solo afecta su vida, sino también la de sus hijos, su comunidad y su futuro. El informe del MNPT deja claro que el sistema penitenciario boliviano necesita una transformación profunda para dejar de ser un espacio de sufrimiento y convertirse en uno de dignidad y justicia.