Bolivia atraviesa una crisis profunda. La desconfianza en los actores políticos, tanto oficialistas como opositores, crece día a día. En este contexto, la sociedad civil ya no puede mantenerse al margen. Existen medios y facilidades para crear plataformas ciudadanas, colectivos, o redes independientes que ejerzan una presión real sobre las instituciones del Estado. No se necesita militar en un partido para actuar políticamente: ejercer ciudadanía es también hacer política.
Hoy más que nunca, la ciudadanía debe exigir transparencia, justicia y respeto a la Constitución Política del Estado. Es urgente apoyar y fortalecer iniciativas que busquen una reforma judicial, la garantía de elecciones limpias y un verdadero Estado de derecho. Cada acto de presión social bien enfocado puede generar un impacto concreto en el corto y mediano plazo.
La crítica situación del país nos obliga a abandonar la comodidad y la indiferencia que históricamente ha caracterizado a gran parte de la población. La pasividad ya no es una opción. Mantener la serenidad en tiempos difíciles no significa resignarse; significa resistir de forma activa. El miedo paraliza y solo favorece a quienes buscan perpetuar su poder sin límites. Ser ciudadanos serenos, pero activos es hoy un acto de valentía y resistencia.
La clase política ha fallado. Sus acciones, cada vez más decepcionantes, solo alimentan un clima de incertidumbre y desesperanza. Es legítimo preguntarse si realmente les interesa el bien común o si solo buscan favorecer sus intereses personales y de grupo. En este contexto, la sociedad civil tiene el deber de reaccionar con firmeza ante la indiferencia y la irresponsabilidad de una élite política desconectada de la realidad nacional.
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La democracia no se limita al voto. Requiere participación activa, control social y defensa permanente de los derechos políticos y las libertades civiles. La amenaza de un retroceso democrático es real. La sociedad civil debe impedir que nuestra frágil democracia se transforme nuevamente en una autocracia, como ha sucedido en tantos periodos de nuestra historia.
Una acción concreta y urgente es exigir al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que actúe con independencia, dejando de lado resoluciones espurias y asumiendo plenamente sus competencias. Como cuarto poder del Estado, tiene la obligación de garantizar estabilidad institucional. De lo contrario, solo contribuye a la incertidumbre y el caos que hoy afectan al país.
Finalmente, en esta delicada coyuntura política, una de las alternativas más sensatas es que la sociedad civil proponga y exija un Gran Acuerdo Nacional por la Patria. Un espacio de diálogo donde confluyan los actores políticos, empresariales y sociales más representativos del país. El objetivo: blindar las próximas elecciones, acordar medidas económicas urgentes aplicadas a esta etapa de transición y evitar una convulsión social de consecuencias imprevisibles. Porque si todo colapsa, el gran perdedor será, una vez más, el ciudadano común.
Fernando Crespo Lijerón