La alcaldesa Eva Copa en campaña de elecciones.
Peter Beckhauser, el hombre que se “bajó” a dos partidos políticos, se planteó una andanada de recursos judiciales cuyo fin, como dijo, fue “colapsar el sistema político” con miras a las elecciones del 17 de agosto. Su interés causó serios efectos.
Si bien desistió en una acción de incumplimiento contra el presidente en ejercicio del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, para lograr la anulación de la sigla del Movimiento Al Socialismo (MAS), fue una sala constitucional de Santa Cruz que libró de sendas causas que buscaban afectar al Partido Demócrata Cristiano (PDC), que postula al senador Rodrigo Paz, y al Movimiento Tercer Sistema (MTS), cuya Alianza Popular propugna a Andrónico Rodríguez.
Beckhauser, que había sido eliminado de las listas de candidatos de la alianza Unidad, de Samuel Doria Medina, denunció el martes que coordinaba con un allegado del candidato (Roberto Moscoso) los procesos. Confió a la red DTV una conversación con éste, al que incluso le mostraba algunos papeles de los casos.
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Y ayer dijo que el candidato de Unidad “no tuvo los pantalones” para anular al MAS durante el mandato de Jeanine Áñez (2020).
El logro de Beckhauser afectó al Frente Para la Victoria (FPV), que rompió antes su alianza con Evo Morales, y al Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol). El 7 de mayo, el TSE informó de la anulación de sus personerías.
El 19 de mayo, en el cierre del plazo de inscripción de candidatos, el expresidente intentó acogerse en Pan-Bol para buscar el registro de su postulación.
No solo Beckhauser. Ayer, se supo de otro recurso admitido por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz contra los vocales del TSE e interpuesto por el abogado Humberto Vidaurre Castillo, quien cuestiona el registro de dos partidos supuestamente en periodos ilegales: APB-Súmate, que postula a Manfred Reyes Villa, y el Movimiento de Renovación Nacional (Morena), que promueve a Eva Copa.
En un octavo caso, Wilmer Vásquez, asesor jurídico del FPV, denunció a Unidad Nacional (UN) ante el TSE, órgano al que pide la anulación de la sigla debido a un presunto caso de racismo atribuido a Doria Medina
UN sostiene la alianza Unidad, que postula al empresario. Según la denuncia, el empresario discriminó hace cinco años a la entonces ministra de Comunicación, Marianela Paco, diciendo que “estaba haciendo méritos para ser la peor ministra del gabinete”.
Se trata de al menos ocho causas, todas contra el TSE, que en seis casos debe resolver la situación del mismo número de organizaciones políticas en el transcurso de los siguientes días.