El “Comando C4” cobraba hasta 44.000 dólares por vigilar a jueces del Supremo Tribunal Federal. La organización se especializaba en el espionaje político, el sicariato y tenía a su disposición un arsenal de guerra.
Por Samuel Losada Iriarte
Fuente: Infobae
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La Policía Federal de Brasil descubrió este miércoles una sofisticada red criminal que operaba como empresa de espionaje y sicariato político, con magistrados de la Corte Suprema y parlamentarios entre sus objetivos principales. El grupo, autodenominado “Comando C4” —Comando de Caza a Comunistas, Corruptos y Criminales—, tenía una tabla de precios que incluía 250.000 reales (unos 44.000 dólares) por espiar a un ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) y 150.000 reales (26.000 dólares) por vigilar a un senador.
La organización, integrada por militares retirados, oficiales en activo y civiles armados, fue expuesta durante la séptima fase de la Operación Sisamnes, que investiga un esquema de corrupción judicial. Entre sus métodos figuraban el uso de drones, hackers, prostitutas como señuelo y un arsenal que incluía fusiles de francotirador, lanzacohetes y minas explosivas.
Los documentos incautados revelan que el Comando C4 operaba con la frialdad de una empresa, estableciendo distintas tarifas según la jerarquía de sus objetivos. El grupo había incluido en sus listas al ex presidente del Senado Rodrigo Pacheco, quien tras conocer la noticia expresó su “repudio ante la gravedad que representa para la democracia que se intimide a autoridades”.
La organización combinaba técnicas de espionaje modernas con métodos clásicos de inteligencia. Además de drones para seguimiento aéreo y hackers para obtener información digital, empleaban a mujeres como cebo para seducir y comprometer a sus blancos. También contaban con equipos de disfraces, colaboradores infiltrados en organismos oficiales como la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil, y comunicaciones encriptadas mediante teléfonos satelitales.
Liderazgo militar y conexiones oficiales
Las autoridades señalan como sospechoso de liderar el grupo criminal al coronel retirado Etevaldo Luiz Caçadini de Vargas, de 62 años, quien tras las elecciones de 2022 había incitado a otros militares a desconocer el resultado electoral. Caçadini administraba un canal de YouTube llamado “Frente Ampla Patriótica” desde donde promovía la intervención militar contra el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, y había ocupado el cargo de subsecretario de Seguridad Pública en Minas Gerais.
Junto a él operaban el hacendado Aníbal Manoel Laurindo, señalado como autor intelectual del asesinato que destapó toda la trama; el sicario Antonio Gomes da Silva; el instructor de tiro Hedilerson Fialho Martins Barbosa; y el ex sargento Gilberto Louzada da Silva, quien ofrecía servicios de “consultor de seguridad” privada.
La existencia del Comando C4 salió a la luz de manera incidental durante la investigación del asesinato del abogado Roberto Zampieri en diciembre de 2023. Zampieri, conocido como “lobista de tribunales”, fue ejecutado con 10 disparos frente a su oficina en Cuiabá por un sicario disfrazado de capellán. En su teléfono, los investigadores encontraron miles de mensajes que revelaban un esquema de venta de sentencias judiciales que involucraba a funcionarios de diversos tribunales, incluyendo el Superior Tribunal de Justicia.
Lo que comenzó como una investigación por corrupción judicial se transformó en el descubrimiento de una organización que las autoridades describen como un “verdadero grupo de exterminio clandestino”, especializado en espionaje y ejecuciones por encargo.
La existencia del Comando C4 salió a la luz de manera incidental durante la investigación del asesinato del abogado Roberto Zampieri en diciembre de 2023. Zampieri, conocido como “lobista de tribunales”, fue ejecutado con 10 disparos frente a su oficina en Cuiabá por un sicario disfrazado de capellán. En su teléfono, los investigadores encontraron miles de mensajes que revelaban un esquema de venta de sentencias judiciales que involucraba a funcionarios de diversos tribunales, incluyendo el Superior Tribunal de Justicia.
Lo que comenzó como una investigación por corrupción judicial se transformó en el descubrimiento de una organización que las autoridades describen como un “verdadero grupo de exterminio clandestino”, especializado en espionaje y ejecuciones por encargo.
Los operativos policiales incautaron un arsenal que constaba de fusiles de francotirador con silenciador, pistolas con supresores de sonido, un lanzacohetes portátil tipo AT-4 y minas explosivas con detonación remota. También se encontraron vehículos preparados con matrículas adulteradas y camionetas adaptadas para francotiradores móviles.
Las conversaciones interceptadas de WhatsApp sugieren que el grupo no solo recababa información sino que estaba preparado para ejecutar a sus objetivos. Los miembros utilizaban códigos internos: “missão” (misión), “festa” (fiesta) y “reza” (rezo) para referirse a distintas etapas de sus operaciones de eliminación.
La investigación continúa
Uno de los aspectos más alarmantes del caso es la posible infiltración del grupo en aparatos del Estado. La composición del Comando C4, con militares en activo y retirados de alta graduación, les proporcionó conocimientos tácticos y acceso a recursos normalmente reservados a fuerzas oficiales. Las menciones a colaboradores en la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil sugieren intentos de acceder a bases de datos confidenciales del gobierno.
La retórica del grupo —“caza a comunistas y corruptos”— conecta con discursos de sectores militares radicalizados durante reciente período de tensión política.
La Operación Sisamnes, que viene desarrollándose desde 2024 bajo supervisión del STF, permanece bajo secreto judicial. Recientemente, se ejecutaron cinco órdenes de prisión preventiva. Los detenidos enfrentan cargos que van desde asociación criminal y posesión de armas de uso restringido hasta homicidio calificado y corrupción en el sistema judicial. Paralelamente, continúan las investigaciones sobre el esquema de venta de sentencias que ya resultó en la suspensión de cinco magistrados y la detención de varios operadores.
La investigación al Comando C4 permanece abierta mientras las autoridades evalúan el alcance real de sus operaciones y determinar si lograron ejecutar acciones concretas contra sus objetivos.