Las recientes normativas y fallos judiciales, como el caso de Paivi Rasanen en Finlandia, están acaparando el terreno de la libertad de expresión. The Economist informó sobre un creciente debate sobre los límites del discurso y la democracia
La libertad de expresión en Europa está en discusión por leyes más estrictas desarrolladas recientemente en distintos países (REUTERS)
Fuente: infobae.com
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Los debates sobre la libertad de expresión en Europa enfrentan un momento de tensión. Esto se ve ejemplificado por el caso de Paivi Rasanen, una parlamentaria finlandesa y exministra del Interior, quien estuvo seis años bajo investigación y juicio por cuestionar en redes sociales el respaldo de la Iglesia Luterana de su país al desfile del Orgullo.
Según informó The Economist, el proceso judicial contra Rasanen (iniciado en 2019) ilustra cómo el debate sobre los límites del discurso y la protección de minorías está generando nuevas restricciones legales en la región. Este caso, lejos de ser aislado, se suma a una serie de episodios y normativas recientes que reavivaron la discusión sobre la libertad de expresión en Europa.
Paivi Rasanen enfrentó años de investigación tras expresar críticas contra la Iglesia Luterana de Finlandia (REUTERS)
Paivi Rasanen y sus años de proceso judicial
En 2019, Paivi Rasanen, reconocida por su postura conservadora y su trayectoria como parlamentaria desde 1995, publicó en redes sociales una crítica al apoyo de la Iglesia Luterana finlandesa al desfile del Orgullo, acompañada de citas bíblicas que reflejaban su opinión sobre el tema.
Aquella acción desencadenó una investigación policial que se extendió durante seis años, incluidas trece horas de interrogatorios, según relató Rasanen a The Economist. Para 2022, un tribunal determinó que sus declaraciones, aunque consideradas ofensivas por algunos, no constituían delito bajo la legislación finlandesa.
Posteriormente, una apelación también falló a su favor. Sin embargo, el proceso continúa ya que el Tribunal Supremo de Finlandia debe decidir si acepta la solicitud de los fiscales para reabrir el caso.
La situación actual de la exministra encendió nuevamente los debates sobre la relación entre la libertad de expresión, la protección de minorías y el alcance de las leyes sobre discurso de odio en Finlandia y en el resto de Europa.
El tribunal finlandés determinó que las declaraciones de Rasanen no configuraban un delito, pese a ser consideradas ofensivas (REUTERS)
Europa: defensa de derechos y nuevas restricciones
El continente europeo fue considerado tradicionalmente un referente en la defensa de los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión. Sin embargo, aunque la mayoría de los ciudadanos disfruta de este derecho en la vida cotidiana, los límites legales se volvieron más estrictos en los últimos años.
Asimismo, el comentado caso de Rasanen no es una excepción; países como España, Alemania y Francia, tuvieron episodios con diversas figuras públicas y ciudadanos que enfrentaron procesos judiciales o sanciones al expresar opiniones controvertidas.
Las tensiones se intensifican en torno a temas sensibles como la migración, la pandemia del Covid-19 o el conflicto en Gaza, donde el intercambio abierto de opiniones dio paso a un discurso más restringido. Además, la entrada en vigor de nuevas normativas europeas, como el Digital Services Act (DSA), amplió la regulación sobre el contenido en línea.
Temas de constantes debates actuales como el conflicto de Gaza, incentivan las restricciones hacia comentarios públicos (REUTERS)
Casos y sanciones en distintos países
La tendencia a limitar la libertad de expresión se refleja en varios países europeos. En Francia, por ejemplo, un pensionista fue enviado a un “curso de concienciación cívica” tras exhibir una pancarta en la que insultaba al presidente Emmanuel Macron, como parte de un acuerdo para evitar un proceso penal. Mientras que una emisora francesa recibió una multa de 150.000 euros por los comentarios críticos de un presentador hacia la alcaldesa de París.
Por la parte de Alemania, la legislación prohíbe desde hace tiempo las críticas infundadas a políticos, y en 2021 se endurecieron estas normas. El entonces vicecanciller Robert Habeck presentó hasta 800 denuncias por insultos, incluyendo ser llamado “idiota profesional”.
Con estos fenómenos la percepción sobre la libertad de expresión también cambió: en 1990, alrededor del 80% de los alemanes sentía que podía expresarse libremente; actualmente, menos de la mitad comparte esa opinión.
En Rumania, las autoridades anularon las elecciones presidenciales de diciembre debido a sospechas de manipulación en redes sociales, mientras que en Dinamarca, desde 2023, el “trato impropio de un texto religioso” se considera delito, lo que para algunos críticos representa un retorno a leyes de blasfemia ya abolidas.
El funcionario alemán Robert Habeck presentó más de 800 denuncias por comentarios inapropiados. En su país, nuevas medidas controlan críticas hacia líderes políticos (REUTERS)
Marco legal europeo y diferencias con Estados Unidos
Aunque la Convención Europea de Derechos Humanos reconoce el derecho a la libertad de expresión, introduce una diferencia clave respecto a la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. El ejercicio de este derecho en Europa está sujeto a “deberes y responsabilidades”, lo que permite limitar la libertad de expresión en función de otros derechos, como la privacidad, la no discriminación o el mantenimiento del orden público.
En muchos países europeos, las leyes protegen especialmente a figuras públicas y minorías. Las disposiciones sobre “discurso de odio” buscan resguardar a colectivos como personas LGTBI, musulmanes, migrantes o personas con discapacidad.
Mientras que en Estados Unidos ciertos comentarios pueden considerarse de mal gusto pero no ilegales, en Europa pueden dar lugar a procesos penales.
La Convención Europea de Derechos Humanos permite restricciones a la libertad de expresión bajo ciertos principios, contrastando con la postura tomada por Estados Unidos (REUTERS)
Regulación en línea y Digital Services Act
El crecimiento de las redes sociales y las plataformas digitales trasladó gran parte del debate sobre la libertad de expresión al ámbito en línea. El Digital Services Act, aprobado por la Unión Europea en 2023, establece nuevas obligaciones para las grandes plataformas, como Facebook o X, exigiendo que consideren los posibles efectos negativos sobre el discurso cívico al diseñar sus servicios.
Críticos del DSA advierten que la normativa es ambigua y puede fomentar la censura, ya que incentiva a las plataformas a eliminar más contenido del que eliminarían en ausencia de estas reglas. Además, la inclusión de la lucha contra la “desinformación” plantea interrogantes sobre quién decide qué información es verdadera.
El endurecimiento de las leyes sobre libertad de expresión en Europa generó un clima tenso entre defensores y detractores de las restricciones. Quienes apoyan estas medidas argumentan que son necesarias para proteger a las minorías y garantizar un debate público respetuoso, mientras que desde la otra parte alertan sobre la erosión del derecho a disentir.