El programa de gobierno de Autonomía Para Bolivia-Súmate (APB-Súmate), que postula a Manfred Reyes Villa y Juan Carlos Medrano, propone un nuevo “modelo económico de 180 grados” con cinco metas, proyecta reducir a 14 ministerios, levantar el veto a las exportaciones de productos, la venta anticipada del litio y eliminar la subvención a los carburantes.
Fuente: ANF
Los cinco ejes del nuevo modelo se enmarcan en fomentar ecosistemas de innovación y productividad; restablecer la independencia del Banco Central de Bolivia (BCB); reducir el déficit fiscal, eliminar los gastos improductivos, ajustar el tamaño y enfoque de las empresas; y finalmente, transformar la matriz económica nacional.
Anteriormente, el también alcalde de Cochabamba propuso vender el litro de gasolina y diésel a Bs 5, sin subvención. Sin embargo, en el legajo de más de 60 páginas presentadas al Tribunal Supremo Electoral (TSE) no detalla el plan o qué medidas asumirán para cumplir con esa promesa.
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“Para reducir la carga fiscal por subvención de combustibles, proponemos, en primer lugar, transparentar el gasto real y cuantificar el impacto de la corrupción que distorsiona sus costos. Luego, eliminaremos trabas e intermediarios, optimizando una logística más directa bajo un marco regulatorio competitivo que garantice abastecimiento eficiente, estándares de calidad y seguridad, y precios razonables sin subvención para el consumidor”, señala el programa.
Con relación al sector hidrocarburífero, se plantea reencaminar la inversión para la exploración, industrialización, rediseñar el Plan de Reactivación del Upstream, que desde el 2021 contempla la exploración y explotación de hidrocarburos en siete de los nueve departamentos del país.
También contempla revisar la Ley de Hidrocarburos, establecer un portafolio de más de 56 proyectos exploratorios con una inversión superior a $us 1.400 millones, la mayor parte se desarrollará en Santa Cruz (21 proyectos), Tarija (16), Chuquisaca (10), La Paz (4), Pando (3), Cochabamba (1) y Beni (1).
Se prevé reajustar los aranceles, rebajas en el pago de alícuotas rebajadas para el sector agropecuario, industrial, minero y de la construcción, insumos farmacológicos, biocombustible, maquinaria agrícola y fertilizantes.
Fortalecer la exportación de productos, se propone que los incentivos se canalicen a través del sistema financiero nacional mediante préstamos a bajas tasas de interés, para capital condicionados al incremento de la productividad. Se priorizará a los productores de girasol, carnes, nueces, café, azúcar, madera y quinua.
Plantea una nueva política tributaria con el fin de reducir la estructura de costos de las empresas, se bajará el Impuesto de Utilidades de Empresas (IUE) en un 20% como un incentivo fiscal y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en un 10%. Además, se eliminará el impuesto a las grandes fortunas porque generó un impacto negativo a la inversión.
“Esta medida desincentiva la generación de riqueza, promueve la fuga de capitales y desalienta la inversión extranjera directa. En su lugar, se sugiere implementar políticas que incentiven la formalización empresarial, la inversión productiva y la generación de empleo. La eliminación del IGF representaría un alivio económico significativo para los contribuyentes, quienes dejarían de pagar los más de Bs 446 millones recaudados entre 2021 y 2022”, señala uno de los puntos del eje económico.
Para el sector agroindustrial y ganadero se prevé ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo Productivo del Agro que impulsará el crecimiento económico para crear riqueza, reducir la inseguridad alimentaria y mitigar la migración
Reducción de ministerios
En el marco de la austeridad, se plantea como medida inicial una reducción funcional del gabinete ministerial de 17 a 14 carteras, lo que representaría un recorte del 18% en la estructura del Órgano Ejecutivo.
“Esta medida permitiría un ahorro inmediato estimado de Bs. 225 millones anuales únicamente en sueldos y jornales, sentando las bases para una reestructuración progresiva de todo el aparato estatal, orientada a la eficiencia y austeridad”, indica la propuesta.
Venta anticipada del litio
Propone desarrollar la industrialización del litio con una venta anticipada de ese recurso a las empresas que lo requieran a largo plazo, en el sector minero es conocido como “offtake agreements” y aseguran que ese aspecto no representa un endeudamiento del Estado.
“Estos contratos implican que los compradores se comprometen a adquirir una parte de la producción futura a un precio fijo o bajo una fórmula previamente acordada, a cambio, se proporciona liquidez anticipada para el financiamiento del proyecto. Este mecanismo es particularmente atractivo para empresas que necesitan asegurar el suministro de materia prima a largo plazo, como los fabricantes de baterías”, detalla ese aspecto.
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