Por Ramiro Sánchez Morales
La mente humana ha sido, desde siempre, el último bastión de la libertad. En ese espacio íntimo y personal nacen los pensamientos, las emociones, los recuerdos y las decisiones que nos definen como individuos. Sin embargo, la revolución tecnológica actual está comenzando a borrar las líneas que separaban el mundo exterior de nuestro universo interior. La neurociencia y la neurotecnología avanzan a un ritmo impresionante: hoy existen dispositivos capaces de leer ondas cerebrales, algoritmos que predicen conductas humanas y herramientas que podrían —en un futuro no tan lejano— modificar recuerdos o inducir emociones.
Frente a estos desarrollos, surgen nuevos dilemas éticos y jurídicos. ¿Qué ocurre si una empresa puede acceder a nuestros pensamientos? ¿Qué pasa si un gobierno logra alterar nuestras preferencias mediante estimulación cerebral? ¿Podrá alguien comercializar nuestra mente? Estas preguntas, que parecen sacadas de un guion de ciencia ficción, son cada vez más reales. Y es justamente en este contexto que emergen los neuroderechos: una nueva generación de derechos humanos que busca proteger la autonomía mental, la privacidad neuronal y la identidad personal frente a los riesgos de la manipulación tecnológica.
En Bolivia, aunque aún no contamos con una legislación específica sobre este tema, nuestra Constitución Política del Estado (CPE), junto con los tratados internacionales ratificados por el país, ofrece un punto de partida para el desarrollo de un marco legal que reconozca y garantice estos derechos fundamentales. Es momento de iniciar este debate con seriedad, visión de futuro y compromiso con la dignidad humana.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La amenaza invisible: tecnología en el interior del cerebro
Los neuroderechos no son una moda, ni una exageración. Son una respuesta jurídica a desafíos concretos. Tecnologías como las interfaces cerebro-computadora —que ya permiten a pacientes con parálisis mover prótesis con la mente— también podrían usarse para registrar pensamientos, emociones e intenciones. Empresas como Neuralink, del magnate Elon Musk, trabajan en chips cerebrales que, según sus promotores, permitirán en un futuro descargar conocimientos, comunicarse sin palabras o curar enfermedades neurológicas. Pero, ¿quién controlará esta tecnología? ¿Quién decide qué se puede modificar en el cerebro humano?
Uno de los pilares de los neuroderechos es la privacidad mental: el derecho a que los pensamientos no sean leídos, almacenados ni comercializados sin consentimiento. Otro es la autonomía cognitiva, que protege nuestras decisiones de manipulaciones externas, especialmente aquellas invisibles que podrían condicionar nuestras creencias o hábitos de consumo. También se defiende la identidad personal, como el derecho a que no se alteren sin autorización nuestros recuerdos, emociones o la forma en que nos percibimos. Y, finalmente, se plantea la necesidad de garantizar la igualdad en el acceso a mejoras cognitivas, para evitar que estas tecnologías creen una brecha aún mayor entre ricos y pobres.
Estas preocupaciones ya están siendo abordadas en algunos países. En 2021, Chile se convirtió en el primer país del mundo en reformar su Constitución para incluir la protección de los neuroderechos. Esta decisión histórica reconoce a los datos cerebrales como sensibles, prohíbe alterar la mente sin consentimiento y regula el acceso a tecnologías de aumentación cognitiva. México también discute reformas constitucionales sobre el tema, y el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) ha elaborado una propuesta de Ley Modelo de Neuroderechos, destinada a unificar criterios en la región.
¿Dónde está Bolivia en este debate?
Bolivia tiene importantes herramientas legales que pueden servir de base para avanzar en este campo. El Artículo 15 de la CPE garantiza el derecho a la integridad física y psicológica, lo que podría incluir la protección contra manipulaciones cerebrales. El Artículo 21 protege la intimidad y privacidad, pilares fundamentales de los neuroderechos. Y el Artículo 22, que consagra la dignidad humana como principio rector del ordenamiento jurídico, puede interpretarse como una defensa de la identidad personal y la autonomía mental.
A nivel internacional, Bolivia ha ratificado tratados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuya interpretación evolutiva por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha comenzado a reconocer la dimensión mental de la privacidad como un aspecto central de los derechos humanos.
Sin embargo, todo esto resulta insuficiente frente a la magnitud del desafío. Actualmente, no existe en el país una normativa que regule el uso de neurotecnologías, ni que proteja los datos cerebrales como una categoría especial dentro del régimen de protección de datos. Tampoco hay normas que impidan la discriminación basada en perfiles neuronales, o que exijan consentimiento informado específico para intervenciones tecnológicas en el cerebro.
Esto abre la puerta a múltiples riesgos: desde empresas que puedan comerciar con patrones cerebrales (como hoy lo hacen con datos de navegación en internet), hasta la posibilidad de manipular emociones o decisiones políticas mediante algoritmos. Sin regulación, el abuso es inevitable.
Conclusiones: Por qué Bolivia debe actuar ahora
La neurotecnología no esperará a que nuestras leyes se actualicen. Su avance es constante, y sus aplicaciones cada vez más amplias y poderosas. Si Bolivia no actúa a tiempo, otros actores —posiblemente privados o extranjeros— impondrán las reglas del juego en un campo que afecta directamente a nuestra libertad más profunda: la de pensar, sentir y decidir sin interferencias.
Reconocer los neuroderechos como derechos fundamentales es, por tanto, una tarea urgente y necesaria. No se trata de obstaculizar la innovación científica, sino de orientarla éticamente, de garantizar que el progreso no destruya la dignidad. Así como en su momento se consagraron los derechos digitales ante la expansión de internet, ahora corresponde dar un paso más y proteger la frontera final: la mente humana.
Sugerencias para una agenda inmediata
- Impulsar una ley especial o reforma constitucional que reconozca los neuroderechos, siguiendo el modelo chileno adaptado a nuestra realidad.
- Actualizar la Ley de Protección de Datos Personales, incluyendo la información neuronal como categoría sensible, con estándares de consentimiento y seguridad elevados.
- Conformar un grupo de trabajo interinstitucional, con participación de científicos, abogados, expertos en bioética y representantes de la sociedad civil, para debatir el alcance y límites de estas tecnologías.
- Tomar como referencia la Ley Modelo del PARLATINO, aprovechando su enfoque regional y su armonización con los principios de derechos humanos.
- Fomentar el debate público y académico sobre el tema, para que la ciudadanía comprenda los riesgos y beneficios, y participe activamente en la construcción de un marco normativo justo.
El cerebro es el núcleo de nuestra humanidad. Lo que pensamos, lo que recordamos, lo que sentimos y decidimos, todo ocurre allí. Si no protegemos ese territorio, lo perderemos. No podemos permitir que la tecnología invada nuestra conciencia sin reglas claras. Bolivia tiene la oportunidad de liderar en esta materia dentro de la región. Pero para lograrlo, debe actuar ahora. Porque, como advirtió el neurocientífico Rafael Yuste: “El cerebro es el último espacio de libertad. Si lo perdemos, lo perdemos todo.”