La conciencia colectiva, según el sociólogo francés Émile Durkheim, no es más que la unificación de creencias y valores compartidos por todos los miembros de una sociedad, lo que da lugar a una sola conciencia generalizada. Esta fuerza social, intangible pero poderosa, es la que define los límites morales y éticos de una comunidad.
En este contexto, cabe hacer referencia a la situación del ciudadano Evo Morales Ayma, sobre quien pesan denuncias graves relacionadas con su conducta moral, incluyendo supuestos abusos contra menores de edad.
En varias oportunidades se han hecho públicas declaraciones de altos dignatarios del Estado, cercanos al expresidente, e incluso de la máxima autoridad nacional, admitiendo haber tenido conocimiento de estos hechos. Lo alarmante es que no se procedió a denunciar ni investigar en su debido momento, convirtiendo a estos actores en cómplices silenciosos por omisión.
La gran pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué, existiendo indicios y elementos que podrían justificar una investigación formal, el sistema judicial no ha sido capaz de iniciar un proceso transparente, objetivo y con apego al debido proceso? ¿Por qué no se ha buscado establecer la verdad y, en caso de comprobarse responsabilidad, sancionar con firmeza? Esta omisión es una muestra flagrante de la precariedad, ineficiencia y politización de la justicia en Bolivia.
Las autoridades judiciales y el Ministerio Público han comunicado que existe una orden de aprehensión en contra de Evo Morales que, después de muchos meses sin cumplirse, dejó de tener efecto por disposición de una Juez que actuó como Tribunal de garantías constitucionales y que nuevamente fue activada por un Juez de la ciudad de La Paz y hasta la fecha no se ejecuta inexplicablemente. En estos momentos el propio consignatario anuncia su visita a la sede de gobierno en una provocación al orden constituido.
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Mientras tanto, miles de ciudadanos, especialmente del área rural, se manifiestan exigiendo la habilitación de Morales como candidato para las próximas elecciones nacionales. Lo hacen impulsados por una consigna política, sin considerar ni importarles la gravedad de las acusaciones que pesan sobre su líder. A la vez, asesores legales y figuras públicas cercanas al expresidente, conscientes de la situación, optan por la negación o el silencio, en una actitud moralmente reprochable.
Ante la debilidad institucional del país, la falta de independencia de poderes y la evidente injerencia del Poder Ejecutivo en decisiones que deberían ser autónomas, existe la posibilidad de que el Tribunal Supremo Electoral habilite la candidatura de Evo Morales, bajo interpretaciones de la Constitución Política del Estado.
En tal escenario, la única instancia capaz de ejercer un verdadero control moral será la conciencia colectiva del pueblo boliviano. Solo ella podrá rechazar a quienes no merecen volver al poder, ejerciendo un voto castigo como expresión de dignidad y responsabilidad ciudadana.