El plan de gobierno de Rodrigo Paz lleva por nombre 50/50, y su implementación contempla racionalizar el gasto público, congelar las actividades de empresas públicas que presenten déficits operativos, y redireccionar los recursos ahorrados hacia gobiernos subnacionales, enmarcados en una regla de déficit cero.
Fuente: ANF / La Paz
Con miras en las elecciones generales del 17 de agosto, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) presentó su propuesta de Programa de Gobierno bajo el título Agenda 50/50, que respalda la candidatura presidencial de Rodrigo Paz Pereira. El documento aborda lo que describe como una “crisis multidimensional” en Bolivia y plantea un paquete de reformas estructurales con foco en la economía, la institucionalidad, la justicia y los servicios públicos.
En el eje económico, el PDC advierte que Bolivia enfrenta una crisis “en estado de terapia intensiva”, marcada por estanflación, desequilibrios estructurales, déficit fiscal crítico, escasez de divisas y una alta dependencia de los recursos naturales. Frente a este escenario, propone un nuevo modelo económico sustentado en la redistribución fiscal equitativa entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas.
El modelo lleva por nombre 50/50, y su implementación contempla racionalizar el gasto público, congelar las actividades de empresas públicas que presenten déficits operativos, y redireccionar los recursos ahorrados hacia gobiernos subnacionales, enmarcados en una regla de déficit cero.
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Una de las medidas más llamativas es el congelamiento inmediato de todas las contrataciones de personal para el nivel central del Gobierno. Además, se establece la meritocracia como principio rector para designar autoridades en las instituciones públicas bajo dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Para enfrentar la crisis cambiaria, el plan incluye la creación de un Fondo de Estabilización Cambiaria que permita unificar el tipo de cambio. Este fondo estaría financiado por recursos de libre disponibilidad gestionados con bancos multilaterales, programas de sinceramiento patrimonial y renegociación de deuda externa.
En el plano tecnológico, se prevé la implementación de un sistema digital de compras públicas descentralizado, anónimo y transparente, junto con la incorporación de tecnología blockchain y contratos inteligentes para combatir la corrupción en los procesos de contratación estatal.
Otra propuesta relevante es la creación de un régimen transitorio de tres años para que unidades económicas productivas informales puedan formalizarse mediante un esquema tributario simplificado, reduciendo barreras burocráticas.
A fin de desincentivar prácticas corruptas, el PDC propone reemplazar muchos procesos administrativos por una Declaración Jurada y Compromiso Ciudadano, que agilizaría permisos y licencias, disminuyendo la discrecionalidad de los funcionarios públicos.
En materia energética, el programa impulsa un cambio en la matriz de consumo. Se propone la creación de un Fondo para la Descarbonización de la Economía que financie créditos a familias y empresas interesadas en eficiencia energética, recambio de transporte urbano y formación técnica para transición energética.
Simultáneamente, se fomentará la generación de energías limpias en hogares, empresas y municipios, promoviendo el uso de hidrógeno verde, energía solar y eólica. La normativa del sistema energético sería modificada para facilitar estas inversiones.
Dentro de estas reformas, el PDC propone recomponer la matriz de precios de los combustibles fósiles como medida para reducir el déficit fiscal, aunque sin detallar el impacto en los subsidios vigentes ni los posibles efectos sobre los precios internos.
En el ámbito tributario, se proyecta una reconfiguración del sistema impositivo mediante un nuevo ordenamiento jurídico que simplifique y modernice la normativa vigente, como parte de una estrategia de sostenibilidad económica a largo plazo.
La Agenda 50/50 también contempla medidas para generar empleo estable, en coordinación con el sector privado. Entre las acciones sugeridas están la inversión en infraestructura productiva, incentivos fiscales para pequeñas y medianas empresas (PYMES) y la formalización del empleo informal.
En cuanto a los salarios, se sugiere un incremento progresivo para mejorar las condiciones laborales, así como programas de capacitación técnica y profesional orientados a trabajadores de sectores estratégicos.
Una modernización de las leyes laborales en el sector público y privado es otra de las metas propuestas, para lo cual se busca una normativa que esté alineada con la realidad actual del mercado de trabajo.
Para combatir el contrabando y fortalecer la producción nacional, el documento plantea acciones coordinadas entre instancias del Estado, aunque no ofrece mayores detalles sobre los mecanismos operativos para este fin.
En turismo, el PDC propone impulsar el turismo comunitario y sostenible, con programas estatales de fomento, colaboración con ONG y la cooperación internacional. También contempla la diversificación de productos turísticos y la mejora de la infraestructura con criterios de sostenibilidad y accesibilidad.
Asimismo, plantea la apertura del espacio aéreo como mecanismo para estimular el desarrollo turístico y económico del país, y un sistema de información y monitoreo actualizado del sector.
Respecto a los hidrocarburos, el programa propone reactivar la exploración y explotación con incentivos legales y fiscales para atraer inversiones. Esta política iría acompañada del desarrollo de nuevos yacimientos estratégicos y la modernización de la infraestructura energética.
En este mismo eje, se prevé la reestructuración de empresas estatales como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), así como la actualización del marco jurídico que regula la cadena hidrocarburífera.
El documento insiste en que no resolver la actual crisis económica podría conducir a una recesión prolongada, inflación descontrolada, aumento de la pobreza y el cierre masivo de empresas. Por ello, defiende que sus propuestas apuntan a un modelo sostenible que equilibre desarrollo, transparencia y responsabilidad fiscal.