Con ese recorte se ahorrará 1.685 millones de bolivianos anuales. El gasto en salarios del sector público llegó a $us 6.500 millones de dólares en 2023 (15% del PIB), creció por clientelismo político más que por eficiencia en la provisión de servicios. Se plantea reducir ministerios de 17 a 11, cerrar o fusionar empresas estatales deficitarias, eliminar entidades descentralizadas no esenciales.
Fuente: ANF
La Paz.- La Fundación Milenio presentó el pasado 20 de mayo el “Plan Bicentenario: Para vencer la crisis y construir el futuro”, una ambiciosa propuesta de reestructuración económica que incluye un “ajuste profundo” en el aparato estatal. El plan contempla el despido de al menos 19.125 funcionarios públicos como parte de una estrategia de racionalización del gasto para superar el déficit fiscal que aqueja a Bolivia desde hace más de una década.
La medida forma parte del “Programa de Estabilización Económica”, descrito en el capítulo II del documento, que busca enfrentar lo que los autores califican como una “crisis de balanza de pagos de primera generación”, con un déficit fiscal superior al 10% del PIB y reservas internacionales que han caído a niveles críticos. Solo 46,8 millones de dólares están disponibles como divisas líquidas, según el informe.
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El gasto en salarios del sector público, que alcanzó los 6.500 millones de dólares en 2023 (15% del PIB), es uno de los principales objetivos del recorte. La Fundación Milenio sostiene que este gasto ha crecido por razones de clientelismo político más que por eficiencia en la provisión de servicios, lo que ha llevado a un sobredimensionamiento del aparato estatal.
La reestructuración contempla una reducción del número de ministerios de 17 a 11, el cierre o fusión de empresas estatales deficitarias y la eliminación de entidades descentralizadas que no cumplen funciones esenciales. Estas acciones, según el Plan Bicentenario, permitirían un ahorro fiscal de al menos 1.685 millones de bolivianos anuales, equivalentes al 0,5% del PIB.
El plan propone además la creación de una regla fiscal y un sistema de presupuesto por resultados que permita medir el impacto de cada gasto público. La meta es pasar de un Estado sobredimensionado y poco eficiente a uno más pequeño, focalizado y orientado al desarrollo sostenible.
Aunque el documento no especifica el cronograma exacto para los despidos, sí remarca la urgencia de iniciar el ajuste cuanto antes, argumentando que “la falta de decisiones correctivas solo puede agudizar los problemas”.