Las elecciones generales de agosto de 2025 abren un desafío y una oportunidad extraordinaria para pensar y actuar sobre la Justicia.
Por Eduardo Rodríguez Veltzé*
Fuente: https://ideastextuales.com
Como nunca es necesario hacerlo para encarar su inevitable e impostergable reforma, sin ella el ejercicio de los derechos ciudadanos y el orden democrático seguirán afectados.
Este desafío no solo importa la administración de justicia ordinaria (civil, penal, etc.), también la justicia social (derechos sociales), la justicia económica (derechos patrimoniales), la justicia política (gobierno y separación de poderes, independencia judicial, control de constitucionalidad y atribuciones de los poderes públicos), la justicia humana (recursos humanos idóneos) y sobre todo una justicia imparcial e independiente de los factores de poder que suelen utilizarla para fines de represalia política o prácticas autoritarias.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Los ciudadanos, las alianzas, partidos y candidatos coinciden en el propósito de realizar cambios para transformar la justicia en un servicio accesible, eficaz, e imparcial frente al descrédito de la judicatura, del ministerio público, del sistema penitenciario y de una cultura jurídica extraviada en la permanente manipulación de la ley.
Esta convergencia de propósito es una oportunidad para que los ciudadanos a ser elegidos a los poderes públicos, Ejecutivo y Legislativo, oficialistas y opositores correspondan al pueblo de manera concreta y concertada para atender y resolver un asunto de Estado que reclama su urgente y despolitizada atención.
La Reforma Judicial sólo podrá enfrentarse con la voluntad política de todos los actores políticos y con la ciudadanía. Se trata de un tema “de Estado” que merece una política de grandes consensos y de largo aliento, no puede ser la fracción de un programa de gobierno ni de un Ministerio, incumbe a todos los órganos de poder público.
La reforma judicial podría conducirse en un espacio imparcial, plural y aislado de los intereses del gobierno de turno o la confrontación legislativa. Con adecuados arreglos, debates, cronogramas y recursos podría conducir iniciativas de reforma que cuenten con los suficientes consensos políticos y ciudadanos para su aprobación.
En términos prácticos, es posible considerar una entidad a cargo de la reforma, de composición plural y con la capacidad de realizar un diagnóstico comprensivo de la justicia para proponer los cambios necesarios al diseño de la administración de justicia, las medidas a corto plazo y a largo plazo, la reforma de la normativa judicial, la evaluación de sus recursos humanos, la evaluación y reforma del sistema de educación superior (pre grado y post grado) en la formación de abogados, jueces, fiscales y otros, para la cualificación de los recursos humanos que interactúan en la justicia. Una agenda de consensos podría acordar los plazos para la ejecución de sus tareas, desde la difusión y discusión de los diagnósticos y propuestas hasta aquellos que resulten indispensables para las reformas legislativas y un referéndum para su aprobación y aplicación.
Los acuerdos para encarar una reforma judicial de consensos podrán comprender, aunque no limitativamente, los siguientes 10 aspectos:
1. Diagnóstico actualizado y comprensivo desde la perspectiva del usuario, las capacidades y falencias del sistema
2. Actualización, ajuste y armonización de la normativa judicial, (codificación)
3. Pluralismo Jurídico, justicia de Paz y mecanismos alternativos
4. Estructura orgánica, presupuesto, recursos humanos, régimen disciplinario
5. Diseño del control judicial de la constitucionalidad (TCP)
6. Políticas de estado en materia criminal, penitenciaria, administrativa y tributaria
7. Elección de jueces, modalidades alternativas, carrera y evaluación.
8. Cultura jurídica y educación legal
9. Programa de “Justicia Transicional” para resolver la tensión emergente de las últimas crisis y conflictos, políticos e institucionales y que todavía no pueden ser resueltos imparcialmente, particularmente en materia penal. Buscará equilibrios entre los ideales de justicia y el realismo político; entre las dosis de justicia penal necesarias para evitar la impunidad y las condiciones para preservar la estabilidad democrática y la paz social; un adecuado tratamiento de las amnistías y los indultos; recuperar la confianza en la administración de justicia; el reconocimiento y la reparación de las víctimas y para promover la reconciliación.
10. Programa comprensivo de amnistía, indulto y conclusión extraordinaria de procesos con detenidos preventivos para atender la situación de decenas de miles de detenidos preventivos y presos políticos, en condiciones de hacinamiento y precariedad en los recintos penitenciarios del país o asilados en el exterior.
*Eduardo Rodríguez Veltzé es abogado, ex Presidente de la Corte Suprema de Justicia y ex Presidente de Bolivia.