Caso supuesto golpe del 26 de junio de 2024. Según el Informe sobre detenciones y persecución política en Bolivia, elaborado por la Alianza por la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH), el caso de Hamdan constituye uno de los más graves ejemplos de criminalización del activismo en el país. Fue secuestrado, incomunicado, y luego acusado sin pruebas por alzamiento armado y terrorismo.
Fuente: ANF / La Paz
El 26 de junio de 2024, Bolivia vivió un momento de alta tensión institucional cuando el general Juan José Zúñiga encabezó una supuesta intentona de golpe militar contra el gobierno de Luis Arce. Aunque el operativo fue desarticulado rápidamente, el saldo fue la aprehensión de 25 personas. Entre ellas, días después, el activista de derechos humanos Fernando Hamdan.
Según el Informe sobre detenciones y persecución política en Bolivia, elaborado por la Alianza por la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH), el caso de Hamdan constituye uno de los más graves ejemplos de criminalización del activismo en el país. Fue secuestrado, incomunicado, y luego acusado sin pruebas por alzamiento armado y terrorismo.
“Fui secuestrado en la madrugada del domingo 7 de julio cuando retornaba con mi pareja de una reunión social”, relató Hamdan desde la cárcel de San Pedro, donde cumple detención preventiva desde hace más de diez meses.
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Efectivos del GACIP, unidad de inteligencia de la policía anticrimen, interceptaron su vehículo en Santa Cruz, lo encañonaron y exigieron las claves de su celular. Después fue llevado a una casa de seguridad. Allí le mostraron una orden de aprehensión y lo obligaron a firmarla bajo amenaza con un revólver en la cabeza.
“Me hicieron firmar documentos en blanco. Uno de ellos indicaba que entregaba voluntariamente mi auto y mi teléfono celular. Hasta la fecha, no se me ha devuelto nada”, denunció el activista.
Para el abogado Jorge Valda, defensor de Hamdan, “estamos ante un claro caso de persecución política”. Cuestiona que el proceso se base únicamente en la declaración del general Zúñiga, la cual, además, no ha sido incorporada oficialmente en el expediente del caso.
“¿Dónde están esas declaraciones? Las tomaron en julio de 2024. Preguntamos por qué no figuran en el cuaderno de investigaciones. No están en el portafolio digital. El fiscal Omar Mejillones no ha respondido satisfactoriamente”, reclama Valda.
La AJDH denuncia que, durante su detención inicial, Hamdan recién pudo hablar con su abogado casi ocho horas después de su captura. Fue formalmente notificado de su detención en ese momento.
A Fernando se lo acusa de haber sido asesor del general Zúñiga y autor intelectual del supuesto levantamiento militar. Sin embargo, según Valda, “no existe una sola prueba que lo ubique en plaza Murillo el 26 de junio. Tampoco evidencia de que haya organizado o impulsado ningún acto sedicioso”.
El viceministro de Régimen Interior, Johnny Aguilera, declaró que Hamdan era el responsable del discurso y la propaganda del golpe. Pero, según el abogado, esas afirmaciones no han sido respaldadas por pruebas materiales.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, incluso presentó a Hamdan públicamente —linchamiento mediático— como parte del esquema golpista, lo cual fue duramente criticado por el activista. “Me expuso sin autorización y vulneró mi presunción de inocencia”, denunció.
“Desde el 19 de julio permanezco en el sector Posta de San Pedro. El trato ha sido cordial. Sin embargo, el daño ya está hecho. Mi madre, de 76 años, está enferma. Mi pareja, que también fue detenida, ahora sufre una lesión nerviosa. Esto es un ataque directo a mi vida y a mi familia”, dijo Hamdan.
La AJDH remarca la desproporcionalidad del proceso: cinco instituciones del Estado —el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Defensa, la Procuraduría, el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público— actúan de forma coordinada contra un solo ciudadano.
“La justicia boliviana está siendo usada como arma política”, afirma Valda. “Han vulnerado el debido proceso desde el primer momento. La apelación a su detención preventiva no fue tratada como correspondía. Se suspendieron varias audiencias sin motivo”.
Hamdan también denunció que el Estado se niega a reconocerlo como defensor de derechos humanos, pese a ser presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos de la CIDHAPDA y miembro de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas.
En su defensa, presentó documentos que acreditan sus vínculos con organizaciones internacionales y con la embajada boliviana en México. Sin embargo, el gobierno insiste en que “no existen registros” de su labor.
“Este proceso es político. Me acusan de cosas que no hice. Es parte de un esquema para silenciar a quienes defendemos los derechos humanos”, sostiene Hamdan, quien desde su celda ha escrito un libro titulado Preso 300, donde documenta su experiencia.
Según Valda, el manuscrito es una denuncia contra el sistema penitenciario boliviano y una prueba más del compromiso ético de su defendido. “No es un criminal. Es un activista. Lo tratan como terrorista, cuando en realidad lo que hace es denunciar abusos”, remarca.
Las declaraciones del gobierno se centran en presuntas llamadas, reuniones y publicaciones en redes sociales, pero ninguna ha sido debidamente documentada en el proceso judicial. “Ni siquiera le explicaron qué habría hecho para justificar su detención”, enfatiza Valda.
Hamdan denuncia que la justicia está “manejada por el gobierno” y recuerda que su activismo le ha ganado enemigos desde 2021. Ha denunciado endeudamiento público, defendido presos políticos y ganado acciones de libertad que molestaron al poder.
“Estoy firme. Estoy fuerte. Entiendo el sacrificio, pero este encarcelamiento demuestra que Bolivia tiene presos políticos”, afirma con entereza.
Valda asegura que han recurrido a instancias internacionales. Han solicitado medidas cautelares ante la CIDH y enviado informes al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. “No vamos a escatimar recursos para que Fernando vuelva a casa”.
El abogado también denuncia una campaña de amedrentamiento contra la defensa legal. “El Ministerio de Justicia ha iniciado procesos arbitrarios contra abogados defensores. Es una política de miedo para silenciar cualquier disidencia”.
La AJDH concluye que el caso Hamdan se suma a una larga lista de detenciones arbitrarias en Bolivia bajo el actual gobierno de Luis Arce, que hasta la fecha suma 267 presos políticos, y que sumados con los gobiernos de Evo Morales y Jeanine Áñez, la cifra sube a 347.
“Preso, pero no esclavo”, sentencia Handam. “Morir antes que esclavos vivir. Bolivia merece más. Nuestra lucha es por la libertad, la justicia y la dignidad”.