Desde la AMT han confirmado que varios municipios han acudido a ONG en busca de financiamiento para proyectos y programas sociales. La Gobernación espera que la ALDT apruebe leyes económicas
Fuente: https://elpais.bo
La crisis económica no da tregua, las instituciones públicas, como la Gobernación y municipios de Tarija, se han visto afectadas por la falta de recursos económicos. Ambos niveles de gobierno levantan la mirada hacia el Gobierno Nacional, esperando mayor presupuesto o en lo posible viabilice algún fideicomiso.
Los municipios
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La directora ejecutiva de la Asociación de Municipios de Tarija (AMT), Gabriela Vilca, señaló que es preocupante la situación por la que están travesando los municipios del departamento y del país, ya que la baja de recursos está poniendo en aprietos a varias regiones y por ello están analizando nuevas fuentes de financiamiento para captar recursos.
“Algunos de nuestros alcaldes lo habían mencionado, que algunos municipios han tenido que reducir el personal, algunos proyectos que estaban en camino con contraparte están quedando paralizados”, mencionó al ser entrevistada por Plus TLT.
Vilca detalló que los municipios más afectados son aquellos que recibieron menos recursos debido a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024, que tuvo un impacto negativo en El Puente, Yunchará, Padcaya y Entre Ríos.
“Adicional a lo que les han bajado los recursos con el tema del Censo, también les ha llegado menos ingresos de lo que estaba presupuestado”, apuntó.
Recursos La Gobernación ha señalado que entre enero a abril de este año, los ingresos disminuyeron un 27% de lo presupuestado
Manifestó que frente a este escenario adverso, cada municipio está viendo de gestionar recursos a través de organizaciones no gubernamentales (ONG), bajarse los sueldos y reducir personal.
Vilca reconoció que una de las áreas más sensibles, es la salud, ya que no se estaría contratando recurso humano, y en vista de ello es que se está realizando un ajuste en coordinación con el Servicio Departamental de Salud (Sedes) para remover al personal que está en zonas donde existe baja población a lugares donde existe mayor demanda.
Gobernación pide un fideicomiso
El gobernador de Tarija, Oscar Montes, a tiempo de augurar un trabajo coordinado con la nueva Directiva de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), señaló que si no se realiza un ajuste económico a través de una ley, la situación podría ser lapidaria hasta finalizar la gestión, puesto que existe una disminución de recursos considerable, pero las obligaciones financieras se mantienen.
Montes manifestó que en este trabajo es fundamental la labor de la ALDT, ya que en esa instancia es donde debe aprobarse una ley que pueda reordenar las obligaciones financieras.
En esa misma línea, la autoridad departamental confirmó que está gestionando ante el Gobierno Nacional un fideicomiso, que a diferencia de los anteriores, este no será ejecutado con una tasa comercial bancaria, sino que los intereses serán del 4% y condicionado al repago a una sola fuente.
Adelantó que una vez concretados estos recursos, serán destinados a proyectos que actualmente se encuentran a medias, como la presa Esperanza en el municipio de San Lorenzo, los canales para la presa de Calderas, el sistema de riego en la zona de Porcelana en Bermejo, el sistema de riego para el Proyecto Múltiple San Jacinto (tramo paralelo que va desde El Portillo hasta La Pintada) para potenciar la producción vitícola.
Montes, tras analizar la coyuntura económica del país, mencionó que la crisis obedece a que ya no están llegando los dólares que ingresaban al país por la venta de gas al mercado argentino y brasilero.
El Gobernador manifestó que los esfuerzos que se están realizando no son únicamente para garantizar las responsabilidades actuales del Gobierno Departamental, sino también los compromisos que han dejado las anteriores administraciones.
La autoridad puntualizó que para este año se tiene presupuestado recibir alrededor de 310 millones de bolivianos, de los cuales solamente 200 millones son de libre disponibilidad, es decir, que la Gobernación los puede administrar, los restantes 110 millones solamente están “anotados” en papeles, ya que recursos como los del IDH se destina un 30% a la renta dignidad y el 45% al Chaco, entre otros.
La preocupación es latente para la Gobernación por la caída de los recursos económicos, ya que de 125 millones de bolivianos que se debían haber recibido entre enero y abril de este año, solamente ingresaron 91 millones de bolivianos, lo que se traduce en un 27% menos de recursos.