Fuente: ANF
La Paz.- La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), en conjunto con la Coordinadora de la Mujer, presentó un análisis sobre los avances y desafíos que enfrenta la institución en la lucha contra el hostigamiento y acoso sexual en su comunidad universitaria. El documento revela que, si bien se han establecido medidas formales, existen importantes vacíos en la implementación efectiva.
El capítulo 4 de la investigación, referido a Alcances y limitaciones de la gestión institucional dirigida a enfrentar el hostigamiento y acoso sexual, expone cómo la universidad ha dado pasos significativos en normativas, pero sigue atrapada en limitaciones estructurales y culturales que dificultan la erradicación de estas formas de violencia.
Una de las principales iniciativas implementadas por la UMSA fue la creación de reglamentos y protocolos específicos para atender denuncias de acoso sexual. Sin embargo, el estudio señala que estos mecanismos no siempre se aplican adecuadamente, debido a la falta de personal capacitado y de recursos.
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Según el informe, existe una debilidad institucional manifiesta en el seguimiento de las denuncias. Muchas víctimas enfrentan procesos largos, confusos y, en algunos casos, revictimizantes. Esto contribuye al silencio y al miedo de denunciar.
Otro aspecto crítico es la falta de sensibilización en todos los niveles. A pesar de que se han realizado campañas informativas, persiste un desconocimiento generalizado sobre qué constituye acoso y hostigamiento sexual, tanto entre estudiantes como entre el personal docente y administrativo.
El estudio también revela que los mecanismos de denuncia carecen de confianza y credibilidad. En varios testimonios recogidos, las denunciantes expresaron temor a represalias y falta de acompañamiento institucional, lo que mina cualquier avance logrado en materia de normativas.
A nivel estructural, la UMSA no cuenta con una instancia especializada ni autónoma que se encargue exclusivamente de la atención de casos de violencia basada en género. Esto genera una dispersión en la gestión de los casos y diluye la eficacia de la respuesta institucional.
En términos de formación, el informe destaca la ausencia de una política integral y sostenida en la capacitación del personal universitario en temas de género, derechos humanos y violencia sexual. Las acciones formativas son esporádicas y dependen muchas veces del interés particular de algunas facultades.
La cultura institucional de la universidad también fue objeto de análisis. Se identifica un entorno donde prevalecen prácticas patriarcales, naturalización de conductas inapropiadas y una jerarquía académica que refuerza relaciones de poder desiguales.
El estudio enfatiza que estas relaciones de poder juegan un papel central en la reproducción del acoso sexual. Profesores, tutores y autoridades que ostentan control sobre calificaciones, becas o procesos administrativos son, en varios casos, señalados como agresores.
Otro hallazgo relevante es la ausencia de estadísticas sistematizadas y públicas sobre casos de acoso en la universidad. Esta falta de información impide medir con precisión la magnitud del problema y dificulta la formulación de políticas efectivas.
El capítulo concluye que, si bien la UMSA ha dado algunos pasos formales hacia la prevención y atención del acoso sexual, su gestión institucional continúa siendo fragmentada, reactiva y sin una voluntad clara de cambio estructural.
Las autoras del estudio recomiendan fortalecer la institucionalidad, garantizar autonomía en las instancias de atención, asegurar el acompañamiento psicosocial y legal a las víctimas, y fomentar una transformación cultural al interior de la universidad.
También se plantea la necesidad urgente de que las autoridades universitarias asuman un compromiso político claro con la erradicación del acoso sexual, más allá del cumplimiento formal de reglamentos.
En suma, el informe de la Universidad Mayor de San Andrés y la Coordinadora de la Mujer constituye una llamada de atención contundente: sin voluntad política real y sin cambios estructurales profundos, la lucha contra el acoso sexual en el ámbito universitario seguirá siendo una promesa incumplida.
/ANF/