Activista Becker dice que se desconoce el paradero de Murillo tras su liberación


Murillo fue condenado el 4 de enero de 2023 a 70 meses de cárcel en el centro de detención federal de Miami.

Thomas Becker, abogado estadounidense y activista de derechos humanos, informó este sábado que la prisión federal en Estados Unidos liberó al exministro Arturo Murillo, hombre fuerte de Jeanine Áñez, el 20 de junio y que tras su liberación se desconoce su paradero.

“En este momento no sabemos su paradero, aunque lo más probable es que se encuentre en un centro de detención de migrantes”, escribió el activista a través de sus redes sociales.



Liberación

La liberación de la exautoridad surge a más de un año de su condena y se estima que su salida pueda deberse a una reducción de condena por buen comportamiento.

Murillo fue condenado el 4 de enero de 2023 a 70 meses de cárcel en el centro de detención federal de Miami por la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio.

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La fiscalía informó que Murillo tiene ocho procesos abiertos ante la justicia boliviana. De ellos, dos ya cuentan con sentencia, dos llegaron a la etapa de juicio oral, otros dos se encuentran en etapa preliminar y los otros dos en la etapa preparatoria.

Murillo fue sentenciado dentro el caso gases Ecuador y gases Lacrimógenos. Por el primero recibió una sentencia de cinco años y por el otro tiene una condena de ocho años.

En octubre de 2022, el exministro se había declarado culpable de las acusaciones en Estados Unidos y, a raíz de ese proceso, el Estado de Bolivia inició otra causa, civil, contra Murillo, con el fin de recuperar los fondos desviados.

Indemnización

El 9 de abril de 2024, el Undécimo Distrito Judicial de Miami, Florida, emitió la sentencia. Dispuso que el exministro de Gobierno debiera indemnizar a Bolivia con $us 6.287.525,42 en el caso de la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos en 2019.

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, anunció que hay “avances satisfactorios” para la extradición de Murillo una vez que sea liberado.

Dijo que ese trámite está a cargo de la Procuraduría General del Estado y, según recordó la autoridad, ya fue resuelto ante el gobierno estadounidense.