La difusión de un audio entre el exministro César Siles y un juez confirma la injerencia del MAS en la justicia. Hay ya cuatro detenidos y varios investigados en este caso que implica a altas autoridades judiciales y políticas.
El exministro César Siles/APG
Fuente: Brújula Digital
Raúl Peñaranda U.
Durante años el país experimentó la intromisión de los gobiernos del MAS en el sistema judicial: fallos del TCP referidos a que era “un derecho humano” de Evo Morales candidatear ilimitadamente, aprehensión de una expresidenta sin considerar que debía realizarse un juicio de responsabilidades, persecución a los opositores, etc.
Pero no se habían presentado evidencias como las que la ciudadanía conoció tras la publicación del audio de una llamada telefónica entre el entonces ministro César Siles y el juez de Coroico, Fernando Lea Plaza.
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El audio, que fue divulgado por Brújula Digital en exclusiva, ha sido utilizado por la justicia para investigar las presuntas irregularidades y ordenar hasta ahora la detención de la exvocal Claudia Castro e Yván Campero, además de incluir en el proceso a Siles.
La difusión de la grabación de la llamada ha permitido conocer el modus operandi del entramado entre la justicia y el gobierno: sacar a una magistrada titular y reemplazarlo por un suplente afín al MAS.
El mecanismo es este: un juez, en este caso, Lea Plaza, es inducido a acusar a una magistrada del Tribunal Supremo con sede en Sucre, Fanny Coaquira, que fue elegida por voto popular en diciembre y que no pertenece al MAS, para poner en su lugar a Campero, que es su suplente.
Y el mecanismo fue el mismo que el usado en el pasado: aplicar una Acción de Cumplimiento, es decir que se sancione al “vicio más antiguo”, en este caso que Coaquira supuestamente entregó documentos falsos de experiencia docente a la comisión del Legislativo que recibió la documentación de los candidatos a magistrados.
La hipótesis de la investigación es que Siles, para deshacerse de Coaquira, buscó a un juez de Coroico para que este recibiera la demanda. Como demandante se eligió nada menos que a Antonio de la Fuente Amelunge, una persona polémica sobre la que pesan numerosas acusaciones, como haber extorsionado a empresas, intentado favorecer ingresos irregulares a entidades militares y realizado estafas. Las acusaciones en su contra han llevado incluso a fuera aprehendido. Esa misma persona fue luego el principal testigo del caso Golpe I, que motivó la detención de Jeanine Añez y Luis Fernando Camacho, entre muchas otras.
Entonces De la Fuente presenta la demanda y el juez Lea Plaza da curso a la misma y emite la Acción de Cumplimiento para destituir a Coaquira. La investigación sostiene que quien redactó el fallo fue la ya mencionada Claudia Castro, una exvocal que ha emitido fallos a favor de Evo Morales y perseguido judicialmente a opositores.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, que también fue elegido en los recientes comicios judiciales, Romer Saucedo, denunció los hechos como lo que son: un intento por parte del gobierno de “adueñarse” del órgano judicial.
“Hemos puesto freno a aquellos abusivos que han querido adueñarse del órgano judicial, aquellos que han querido destituir a una magistrada electa, aquellos que han querido que primen los intereses personales por sobre la institucionalidad”, dijo Saucedo a Unitel.
Y agregó, como los responsables de esos hechos: “Ahí está el ministro César Siles, está el presidente del Tribunal Departamental de Justicia Yván Córdova, está el exvocal y magistrado suplente Iván Campero, la vocal Claudia Castro, el juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, son los primeros sindicados que han aparecido en las investigaciones preliminares. Habrá que dejar que el Ministerio Público siga con los actos investigativos, indagando y vea quiénes más están detrás de este golpe que intentaban dar al órgano judicial”.
El exministro Siles, según fuentes de la Fiscalía de La Paz, no calculó que existen nuevos integrantes en el TSJ, provenientes de las elecciones judiciales, que ya no pertenecen al MAS, y que obviamente iban a oponerse a la destitución de la magistrada Coaquira. Hacer lo mismo que se hizo antes ya no iba a dar el mismo resultado.
Pero hay más: un gobierno débil y saliente como el actual no es lo mismo que cuando se estaba iniciado hace cinco años y puso controlar la justicia a su antojo, y menos el control férreo que tuvo el Ejecutivo de la justicia durante los 14 años de gobierno de Evo Morales.
El “modus operandi” de Siles ya fue usado antes. De las veces que se usó, dos magistrados destituidos el año 2021 con el mismo mecanismo de hacer prevalecer una “Acción de Cumplimiento” acusaron al exministro Iván Lima de haber supervisado dicha acción. Siles es un abogado muy cercano a Lima y de hecho llegó al cargo de ministro gracias a este.
El juez de Coroico fue quien grabó a conversación, como una manera de protegerse. Pero el audio también lo inculpa a él. Actualmente hay cuatro detenidos por este caso: Le Plaza, Castro, Córdova y el abogado José Ramiro Uriarte. Además de una larga lista de investigados.
Diputado Carlos Alarcón
El diputado de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, aseguró que la grabación de la conversación telefónica confirma lo que calificó como un “secreto a voces”: la existencia de una manipulación sistemática de la justicia, la autoprorrogación inconstitucional de magistrados y el uso del aparato judicial como herramienta política por parte de los gobiernos del MAS.
En entrevista con Brújula Digital, Alarcón sostuvo que el contenido del audio no solo constituye un indicio revelador de corrupción y degradación institucional, sino que representa un nuevo capítulo de un largo proceso de descomposición de la justicia en Bolivia, iniciado –según afirmó– con el control total del Órgano Judicial y del Ministerio Público por parte del MAS.
“Este es un estado de putrefacción en la administración de justicia, resultado de años de injerencia directa de los gobiernos autoritarios del MAS, que se han asegurado el control del sistema penal y del Tribunal Constitucional para perpetuarse en el poder”, señaló.
Dijo que este intento de descabezar al TSJ no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia de largo aliento. El mismo ministro de Justicia ha sido denunciado en el pasado por manipular acciones de cumplimiento para remover ilegalmente a autoridades judiciales, recordó.
Alarcón advirtió que la gravedad del caso requiere una actuación decidida por parte del propio Tribunal Supremo de Justicia y de su presidente, para que no quede como una simple anécdota.