Los siete vocales de la Sala Plena señalan que, en caso de materializarse las consecutivas, masivas y gravosas amenazas dirigidas por grupos movilizados, se configuraría una afectación directa a sus derechos fundamentales.
Ante una escalada de amenazas violentas y públicas, los siete vocales que conforman la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) formalizaron el pedido de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alertando sobre la posibilidad de una afectación directa e irreparable a sus derechos fundamentales, particularmente a la vida, la integridad personal y el ejercicio independiente de sus funciones.
El requerimiento fue presentado en respuesta a una serie de hechos registrados desde que se convocaron oficialmente las elecciones generales, advirtiendo que desde entonces los vocales han sido víctimas de amenazas sistemáticas y hostigamientos.
El documento remitido a la CIDH sostiene que “en caso de materializarse las consecutivas, masivas y gravosas amenazas dirigidas por grupos movilizados (…) se configuraría una afectación directa a sus derechos fundamentales”, refiriéndose a amenazas físicas, simbólicas y verbales que han ido escalando con el paso de los días.
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Las amenazas a los vocales
Los vocales desglosaron las diferentes amenazas que tuvieron su punto más complicado entre el 27 y 30 de mayo, apuntando que sectores políticos advirtieron con incendiar el TSE. Incluso, se pone en manifiesto que también hay amenazas directas contra sus familias.
Uno de los hechos más alarmantes ocurrió el 29 de mayo, cuando Enrique Mamani, dirigente de los interculturales, declaró en un video: “Tenemos identificado al señor Hassenteufel, su casa que vive en la calle (…) también tenemos identificado al señor Tahuichi Tahuichi (…) mañana haremos conocer quiénes son sus familiares, porque si no es a las buenas va a ser a la mala con ustedes”.
Estas amenazas se suman a actos simbólicos de violencia como la quema de muñecos con el rostro del vocal Tahuichi Tahuichi en las ciudades de La Paz y Oruro, gritando frases como “quémenlo, quémenlo (…)” y “que muera el vocal Tahuichi, que muera (…)”, lo cual, según el TSE, representa una incitación directa al daño físico.
Asimismo, el documento refleja que el TSE ya había solicitado protección adicional a la Policía Boliviana; sin embargo, los vocales advierten que, pese al resguardo policial desplegado desde el 16 de mayo, continúan e incrementan las amenazas no solo contra ellos, sino también contra sus familias, lo que evidencia la insuficiencia de las medidas adoptadas hasta la fecha.
El pronunciamiento señala que se han encendido las alertas por la posibilidad de que se repitan hechos como los registrados tras las elecciones de 2019, cuando fueron incendiadas varias oficinas de los tribunales departamentales.
El riesgo actual, dice el TSE, es inminente y podría replicarse en los domicilios identificados de vocales, como ya sucedió con un presunto atentado afuera del domicilio del vocal departamental cochabambino Humberto Valenzuela, donde se detonó un explosivo en días pasados.
Del mismo modo, el TSE solicita a la CIDH que inste al Estado boliviano a garantizar la protección de la vida e integridad personal de los siete vocales que forman parte de la Sala Plena y sus núcleos familiares, así como la posibilidad de que puedan desarrollar sus funciones sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia.
La solicitud concluye enfatizando que lo que está en riesgo no solo son los derechos individuales de los vocales, sino también la estabilidad democrática y la independencia del Órgano Electoral.