Al menos desde febrero de 2024, el presidente empezó a perder la legitimidad suficiente para evitar una caída presidencial
La ciencia política ha identificado seis comunes denominadores de las caídas presidenciales: inflación alta, el envolvimiento del presidente en escándalos, una minoría legislativa, acciones del presidente para debilitar o interrumpir la democracia, protestas masivas y reformas de liberalización económica. Al menos desde febrero de 2024, todas ellas, a excepción de reformas económicas liberales, empezaron a coexistir, en mayor o menor medida, en desmedro de la legitimidad del presidente. En el salón de la infamia, Luis Arce al menos podría decir que, contra el pronóstico de la ciencia, ha sabido sortear una caída presidencial. Aunque, bueno, aún le quedan un par de meses, y la cosa no se ve bien.
Una caída presidencial se define como la interrupción del mandato del presidente mediante presión para persuadirlo a renunciar o forzarlo a abandonar prematuramente sus funciones. Dicha presión, conceptualmente, viene siempre y únicamente de actores civiles, de la política o la sociedad. En ese marco, la caída presidencial ocurre a través de dos métodos: el juicio político, en el Legislativo, y la dimisión, causada por la presión política y social. Si ni los actores son civiles ni los métodos son legales, entonces se habla de fenómenos distintos a las caídas presidenciales, por ejemplo: golpes de Estado o revoluciones.
Aunque cada caso tiene su contexto histórico y sus causas específicas, la presencia de protestas masivas suele ser determinante en las caídas presidenciales, especialmente cuando las fuerzas del orden son rebasadas o, por algún motivo, deciden no reprimirlas. En vista de esta constatación politológica, es plausible pensar que Arce podría estar peleando su última gran batalla. Ciertamente, las caídas presidenciales son la manera que hallaron los presidencialismos para librarse de jefes de Estado impopulares sin atentar contra la democracia. Sin embargo, estando la democracia boliviana en vilo y conociendo las fuerzas antidemocráticas detrás de la insurrección actual, el sistema político está pisando terreno incierto.
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«Estando la democracia boliviana en vilo y conociendo las fuerzas antidemocráticas detrás de la insurrección actual, el sistema político está pisando terreno incierto».
La oposición tiene un interés particular en que haya estabilidad política hasta las elecciones y el cambio de mando. En los últimos 20 años, nunca ha estado tan cerca de hacerse con el Ejecutivo. De ahí que, a estas alturas, ya no le convenga exigir la caída de un presidente cuyo mandato lleva al menos un año en terapia intensiva. Con un interés bien envuelto en convicción democrática, la oposición sabe que puede puntuar en medio de este caos.
Si el gobierno no hizo cumplir la ley por falta de voluntad o capacidad, quedará para los anales de la historia. ¿Está jugando el Socialismo del Siglo XXI su última carta, mediante la vía de una insurrección ostensiblemente rebasada, a modo de alargar su estadía en el poder? De no lograrse, el bloque popular saldría muy dañado. Si ganar democráticamente ya estaba difícil, con la legitimidad aún más aplastada por los bloqueos, conflictos y muertos, podría convertirse en una misión imposible.
Paradójicamente, la democracia boliviana hoy está en manos de Luis Arce: un presidente que se encargó de profundizar el retroceso democrático iniciado por quien lo acecha. Si su odio hacia Evo Morales es mayor que su desdén hacia la democracia, Arce podría haber desafiado definitivamente a la ciencia política. De lo contrario: ¡Sociedad civil, alístese para salir a defender la democracia!
Guillermo Bretel, Máster en Ciencias Políticas y Sociología.