La detención fue de común acuerdo, para evitar la “represión”, según dijeron fuentes en el lugar, pero aún así hubo forcejeos y golpes entre policías y manifestantes.
Un grupo de exempleados, acompañados por dirigentes kirchneristas como Juan Grabois, de UTEP, tomaron este sábado la sede del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, en el barrio de Recoleta, para protestar contra su cierre y una posible venta del edificio. Fueron desalojados un par de horas después por la policía federal y fuerzas de la ciudad que despejaron la zona y el edificio, y detuvieron al dirigente social.
La “permanencia pacífica”, según la calificaban los manifestantes, comenzó pasado el mediodía.
A las 16, los manifestantes celebraron una asamblea en el patio de la casona, donde Grabois anunció con una megáfono que la medida se estiraría por tiempo indeterminado en protesta contra los despidos en el lugar, pero, fundamentalmente como “medida preventiva” frente a una posible venta del edificio, que es patrimonio histórico de la ciudad, remarcó el dirigente social.
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La policía llegó al lugar minutos después, pero su intervención se dio una hora más tarde, luego de que el comisario a cargo del operativo pidiera el desalojo y se trenzara en una discusión con Grabois, que exigía una orden judicial.
El intercambio se desarmó y abrió paso a la situación que precedió al desalojo: los manifestantes dentro y fuera del edificio, frente a por lo menos unos 50 uniformados, cantaron en favor de Cristina Kirchner, el PJ en general, y contra el Gobierno.
Una nueva dotación de uniformados reforzó el operativo y en un movimiento coordinado, detuvieron a Grabois e ingresaron al edificio por una puerta lateral.
La detención fue de común acuerdo, para evitar la “represión”, según dijeron fuentes en el lugar, pero aún así hubo forcejeos y golpes entre policías y manifestantes, que intentaron evitar la aprehensión del dirigente. La situación se aplacó con gas pimienta y Grabois fue subido a una camioneta de la policía.
La tensión volvió a escalar minutos después cuando un nuevo grupo de uniformados ingresó al edificio por la puerta principal para concluir el desalojo, pero ya por la puerta principal. Una hilera de policías barrió con el frente del edificio, hubo nuevos forcejeos entre policías y manifestantes.
Previo al desalojo, que se dio sin incidentes mayores, el Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado con su postura respecto al cierre del Instituto.
“El Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Históricas Juan Domingo Perón contaba con 20 empleados y generaba un gasto anual de más de 400 millones de pesos”, dice el texto. “A pesar de ser un instituto de investigación, la totalidad de su presupuesto era destinado al pago de salarios y mantenimiento de servicios básicos, no habiendo realizado sus autoridades ninguna investigación a los fines de cumplir con el propósito del instituto”.
El Instituto Nacional Juan Domingo Perón, ubicado en Austria 2593 era financiado por el Estado nacional para realizar actividades en torno a la figura de Juan Domingo Perón. Funciona en una construcción que perteneció a la residencia presidencial del Palacio Unzué, donde vivieron Perón y Evita hasta el derrocamiento de 1955. Este edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional por la ley 26.367 el 9 de abril de 2008
La legisladora kirchnerista Victoria Freire, el diputado Itaí Hagman y la diputada Natalia Zaracho fueron algunos de los dirigentes que participaron de la medida.
Una de las últimas autoridades del Instituto fue la senadora Lucía Corpacci, de Unión por la Patria, quien acompaña a Cristina Kirchner en la lista de autoridades del PJ, como vicepresidenta segunda.
“Tenemos información de que ya hay un preacuerdo con una inmobiliaria muy grande, pero es patrimonio histórico no se puede vender”, explicó Grabois LA NACION para justificar la medida, antes de los enfrentamientos y su detención.
“Si el problema es el costo del lugar-sumó- se lo pueden transferir a la Ciudad de Buenos Aires, se lo pueden transferir al Partido Justicialista, lo van a mantener seguro a una ONG, amigos de ellos, [pero] que lo mantengan, que lo preserven como patrimonio histórico”.
La manifestación, que ocurrió solo en algunas zonas de la casona donde vivió Perón, comenzó pasado el mediodía y se previa larga, con gente durmiendo en el lugar, según definieron.
Cerca de las 16, antes del desalojo, alrededor de 100 manifestantes improvisaron una asamblea en el patio para definir el carácter de la medida, a la que evitaron referirse como “toma”- y algunas “normas de convivencia”. Entre otras pautas, prohibieron el consumo de alcohol y sustancias y “toquetear” el lugar que, dicen, buscaban “proteger”.