Nadie desea recordar los comienzos del siglo XX época en que las sociedades democráticas pasaron una de las crisis más fuertes a nivel global por los regímenes totalitarios, como fueron los gobiernos nazistas y fascistas y la instalación de los jueces del horror.
Con la evolución de la civilización y los modelos democráticos constitucionales los Estados tomaron el rumbo de legitimar sus parlamentos e instituciones; sin embargo, los órganos Ejecutivos y Judicial optaron por sistemas de representaciones directas de partidos mayoritarios y fórmulas combinadas con signos de pactos, evaluaciones meritocráticas avaladas por los congresos. Los esfuerzos se volcaron siempre por encontrar un mecanismo judicial transparente a partir de los parlamentarios surgidos del voto ciudadano en elecciones democráticas, sin pretensión de ser la quimera de las soluciones a la independencia de poderes.
Desde que asumió al gobierno la clase política del Movimiento al Socialismo e Instrumento para la Soberanía de los Pueblos, se aplican dos modelos: Con procesos a magistrados vaciaron el poder judicial y aplicaron la fórmula de designación interina por vía Decreto Supremo. En vigencia de la Constitución de 2009 se introdujo el modelo de elección de magistrados, que en sus dos versiones 2011, 2017 y la última el 15 de diciembre de 2024. Sensiblemente, la legitimidad de los órganos judiciales pulverizó la competencia profesional y abonó el terreno con fertilizantes químicos minando la separación de poderes e implosionó la corrupción intraórganos, hasta niveles desnudados por los agentes jerárquicos de laboratorios del ministerio de justicia de larga data. Verbigracia, elecciones judiciales parciales, suspensión de efectos de sentencias constitucionales, desaparición de sentencias y consorcio de ministro de justicia, vocales, jueces, abogado patrocinante, accionante, y vídeo que involucra a autoridades de jerarquía del Órgano Judicial y ministerio público.
Las unidades de transparencia del Ejecutivo y las dos unidades que funcionan con estructura, burocrática y misma finalidad en dependencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y en el Consejo de la Magistratura (CM) con el suplemento del reciente Observatorio Defensorial Judicial (ODJ), hasta el momento y desde hace más de siete años, no han desacelerado la escalada de corrupción judicial y de injerencia política, al menos así revelan las organizaciones independientes evaluadores de los sistemas de justicia en el mundo.
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Recordemos, que, en enero de 2024, la Relatora Especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Margaret Satterthwaite, expresó su grave preocupación por el retraso de las elecciones judiciales en Bolivia, por la falta de acuerdo político, con la consiguiente prórroga de magistrados en el cargo (…) que puede socavar la independencia del poder judicial en Bolivia».
No sorprende a nadie, pero preocupa profundamente a las familias bolivianas, el informe del World Justice Project (WJP) que en la evaluación de 2024 del Estado de derecho de 142 países Bolivia ocupa el puesto 141 a nivel global; es decir, el penúltimo lugar antes de la República El Congo. Y en la región de América ocupa la posición 29 de 32 naciones, solo superando a Nicaragua, Haití y Venezuela. Este último país de Chávez y Nicolás Maduro, figura en el íntimo lugar a nivel global y americano, por lo que seguir la receta del dictador venezolano puede levantar la reacción del pueblo boliviano, si allí no se respetó los resultados de las Elecciones Generales del 28 de julio de 2024 que ganó Edmundo Gonzáles (67.04%) contra el (30.49%) de Nicolás Maduro.
Sobre la base de ocho factores tales como: restricción a los poderes del gobierno, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento
normativo, justicia civil y justicia penal, el WJP también incluye los indicadores referentes al factor ausencia de corrupción: que los funcionarios del Ejecutivo, no utilicen el cargo para fines privados; que los funcionarios del poder judicial eviten el uso indebido del cargo para beneficio particular; que los integrantes de la policía y el ejército aprovechen su posición para obtener ventajas privadas, y que los funcionarios del poder legislativo se beneficien personalmente del cargo.
Respecto a la evaluación de estos ítems, la mayor fragilidad para Bolivia se presenta con los funcionarios judiciales, ocupando el lugar 140 de 142 Naciones. Le sigue la corrupción en la policía y el ejército (puesto 137); en el Ejecutivo (131) y en el legislativo (120).
En el índice global del Estado de derecho, Bolivia se coloca en el puesto 131, evidenciando un retroceso sostenido desde 2015, año en que se registró 0.41 puntos, cifra que disminuyó a 0.24 puntos en el 2024.
Los mejores de la región Americana son Chile (29) y Uruguay (23). Estos dos países guardan la regularidad ponderada y con tendencia a seguir transparentando la justicia, que irradie a los países vecinos aprovechando los programas y políticas públicas a corto y mediano plazo.
Resulta envidiable y digno de emular la justicia que se practica en Europa, donde la separación de poderes constituye patrimonio intangible de las sociedades democráticas, al evidenciar que el World Justice Project a nivel global, los países mejor posicionados en Democracia son: Dinamarca (puesto 1), Noruega (2), Finlandia (3), Suecia (4) y Alemania (5).
Desde la perspectiva del Derecho, que no solo comprende la separación de poderes, lo importante es que el Estado sea eficaz, seguro, reduzca la corrupción, respete la propiedad privada, la igualdad y alternancia en la democracia, respeto de los derechos fundamentales, y generar espacios de desarrollo para reducir la pobreza, mejorar la salud y educación y el trabajo digno para las personas en igualdad de oportunidades atendiendo la diversidad cultural.
En una situación preocupante de corrupción de la justicia boliviana de alta intensidad, y que venga la evaluación de una organización reconocida por las Naciones Unidas, contagia el pensamiento de William Neukom, cofundador y director ejecutivo de World Justice Project, organización independiente y multidisciplinaria que trabaja para promover el Estado de derecho en todo el mundo, sostiene con integridad moral que el Estado de derecho constituye «la base de comunidades saludables de justicia, oportunidades y paz» y fundamenta su labor en cuatro principios universales: responsabilidad de gobierno y actores privados, leyes justas, gobierno abierto y justicia accesible e imparcial». El pensamiento exponencial de Neukom, vacía de contenido la posición de la ministra de Justicia y Transparencia, Jessica Saravia, que cuestiona que el informe del WJP es tergiversado políticamente y niega el informe enfáticamente al provenir de una ONG., argumenta que constantemente son evaluados por Organización de Cooperación para el Desarrollo (OCDE); sin embargo, dicha organización tiene objetivos y procedimientos diferentes al Estado de derecho y Bolivia no es miembro del ente de Desarrollo. Además, debería preocuparse la autoridad por limpiar la imagen del país con el consorcio judicial de vocales, jueces, abogados, y del exministro de justicia, Cesar Siles, compuesto por Fernández Lea Plaza (Juez de Coroico), Claudia Castro (exvocal del TDJ de La Paz), Iván Córdoba (expresidente del TDJ de La paz), José Ramiro Uriarte (Abogado patrocinante), Iván Campero (Magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia) y otros, que supuestamente pretenderían desconocer a la magistrada titular del TSJ por el departamento de La Paz, Fanny Coaquira, investigación y proceso que tiene que ser público, imparcial y objetivo, y para
garantizar estos principios del debido proceso debían excusarse o ser recusados las autoridades que han sido mencionadas en el video y la declaración del juez de Coroico.
Ante la desidia e indecisión, el Papa León XIV dice: «No podemos poner pretexto para no decidir por nuestra vida y no sería responsable postergar la esperanza».
Gutierrez
Pedro Gareca Perales