El Procurador General del Estado, Ricardo Condori Tola, informó que el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia Hacia la Mujer Nro. 2 del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió sentencia condenatoria contra cuatro ciudadanos: Juan Carlos Roldan Pacheco, Luis Cupary Noe, José Ernesto Ayoroa Yanguas y Raúl Enrique Bottaro Valdiviezo, por la compra irregular de una aeronave BEECHCRAFT 1900, 10.000 Fusiles Galil calibre 5.56 mm y vituallas.
Fuente: PGE
“Por unanimidad, los miembros del tribunal emitieron la Sentencia N° 122/2025, imponiéndoles la pena de 3 años de reclusión a los acusados Juan Carlos Roldan Pacheco, Luis Cupary Noe y José Ernesto Ayoroa Yanguas y; la pena de 2 años de privación de libertad al acusado Raúl Enrique Bottaro Valdiviezo; sentencias que deberán ser cumplidas en el Centro Penitenciario de San Pedro, más el pago de multas y costas a favor del Estado”, detalló la autoridad.
El Procurador Condori puntualizó que los tres primeros acusados recibirán la pena de 3 años de reclusión por los delitos de Conducta Antieconómica e Incumplimiento de Deberes, tipificados y sancionados en los Artículos 224, 154 del Código Penal de 1972 y el Decreto Ley Nº 10426. Mientras que, el cuarto acusado cumplirá la privación de libertad de 2 años por el delito de Sociedades o Asociaciones Ficticias, tipificado y sancionado en el Artículo 229 del Código Penal de 1972 y el Decreto Ley Nº 10426.
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Presuntamente, la aeronave, los fusiles y las vituallas adquiridas irregularmente fueron compradas con el propósito de procurar el transporte oportuno de víveres, medicamentos y otros para los damnificados del terremoto que afectó a los municipios de Aiquile, Totora y Mizque del departamento de Cochabamba, el año 1998. Asimismo, es importante mencionar que la adquisición de la aeronave BEECHCRAFT 1900 ocasionó un daño económico al Estado de aproximadamente $us 2.925.000.
“La Procuraduría General del Estado (PGE), actuando bajo las facultades que le otorga la Constitución Política del Estado y el ordenamiento legal vigente, promovió una intervención conjunta e interinstitucional responsable en este proceso penal, obteniendo un resultado inédito y favorable, permitiendo reafirmar al pueblo boliviano nuestro incansable compromiso en la defensa de los intereses, la soberanía y el patrimonio del Estado”, subrayó el titular de la PGE.