Lima fue notificado por cedulón en su domicilio a las 17.45 de este jueves.
Fuente: La Razón
La Fiscalía de La Paz notificó la tarde de este jueves a Iván Lima, exministro de Justicia, dentro el caso Consorcio judicial, proceso que busca esclarecer un plan para sustituir, mediante un fallo judicial, a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira.
“La comisión de fiscales asignados al presente caso, ordenan citar a Iván Lima, testigo, para comparezca ante la Fiscalía Especializada en Anticorrupción (…) el viernes 27 de junio a horas 09.00 a objeto de prestar su declaración informativa en calidad de testigo”, señala parte de la citación.
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Asimismo, se advierte que, en caso de incomparecencia, se “expedirá” la orden de aprehensión a objeto de cumplir la diligencia.
En el documento, también se señala que Lima fue notificado por cedulón en su domicilio a las 17.45 de este jueves.
El caso detonó tras la filtración de un audio que implica a exautoridades judiciales y al exministro de Justicia César Siles. En el audio se escucha una presunta conversación del exministro con el juez de Coroico, donde se alude al expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz.
En el caso Consorcio están involucrados Siles; el magistrado suplente del TSJ, Iván Campero; el expresidente del TDJ Yván Córdova; la exvocal del TDJ de La Paz Claudia Castro; el juez de Coroico Marcelo Lea Plaza; el abogado José Ramiro Uriarte y un funcionario del juzgado de Coroico.
Por este hecho, la exvocal del TDJ, el juez de Coroico y el exministro de Justicia fueron enviados con detención preventiva a las cárceles de Obrajes, San Pedro y Patacamaya, por cuatro, seis y cinco meses, respectivamente.
En tanto, el magistrado suplente del TSJ, el abogado, el expresidente del TDJ y el funcionario del Juzgado de Coroico gozan de detención domiciliaria.
Dentro la investigación, el fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez, señaló el lunes que se tiene a ocho personas investigadas, de las cuales siete tienen medidas cautelares —tres con detención preventiva, cuatro con detención domiciliaría— y una ejecución de orden de aprehensión por parte de la Policía Boliviana.