Fuentes allegadas a la causa señalaron a La Diaria que esta semana el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) envió el documento que faltaba en la investigación previa a dar lugar a las declaraciones en fiscalía. Según señalaron, la primera que será convocada a declarar será la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores Carolina Ache, dado que la causa fue iniciada a partir de una declaración suya ante el fiscal Machado en la que relató los hechos que se investigan.

Después de Ache serán convocados todos los otros investigados en la causa: el expresidente Lacalle Pou, el excanciller Francisco Bustillo, el asesor presidencial Roberto Lafluf, el exsubsecretario del Ministerio del Interior Guillermo Maciel y el entonces director de jurídica del MRREE, Carlos Mata. Las fuentes señalaron que la tanda de declaraciones podría durar varios meses.

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La causa comenzó el 3 de noviembre de 2023, cuando Ache, en una declaración en la causa que investigaba la entrega del pasaporte, denunció que en Torre Ejecutiva destruyeron un documento con dos chats entre ella y el entonces subsecretario del Interior Maciel. Las conversaciones que habrían sido destruidas ocurrieron el 21 de setiembre y el 4 de noviembre de 2021. En la primera, Maciel le pidió información a Ache sobre la detención de Marset y la documentación con la que había ingresado a Emiratos Árabes Unidos, información que fue remitida a Maciel y a Interpol.

En la segunda, Maciel le preguntó sobre la situación jurídica de Marset, al que describió como “un narco peligroso y pesado” y calificó como “terrible” la eventualidad de su fuga. Ache pretendía entregar esos chats a la investigación administrativa que estaba haciendo Cancillería sobre la entrega del pasaporte. En las declaraciones que iniciaron la causa, Ache reveló un audio de una conversación con el entonces canciller Bustillo en la que le aconsejaba “perder el celular”.

El fiscal Machado deberá contrastar el relato de Ache con la documentación y la evidencia recabada durante la investigación. La exsubsecretaria, que esta semana fue propuesta como embajadora en Portugal, dijo que entregó a Carlos Mata una copia de los chats certificados por escribano y que luego de eso recibió una llamada del asesor del presidente Lacalle Pou, Roberto Lafluf, para convencerla de que desistiera de incorporar esa prueba a la investigación, que a su vez también debía incorporarse a un expediente judicial, en cumplimiento de una condena contra el MRREE en el marco de una acción de acceso a la información pública.

“Hola, Caro, ¿cómo estás? Me pide el presidente tener ahora una reunión contigo y Maciel ahora a las tres una reunión acá en el [piso] 11, sería conveniente ingresar por el garage. […] Soy Roberto Lafluf, te espero”, le envió Lafluf el 24 de noviembre de 2022. Horas después, se concretó la reunión en la que el presidente admitió en conferencia de prensa haber pasado “a saludar” y en la que, según el relato de Ache, los jerarcas no se pusieron de acuerdo. Ache dice que en la reunión Lafluf le pidió que borrara los chats de su teléfono y que realizara un nuevo certificado notarial de los chats con Maciel sin esas conversaciones.

Según Ache, ella se negó y Lafluf le advirtió que si estaba decidida a entregar los chats a la investigación de Cancillería, debía certificar de vuelta las conversaciones porque había destruido el documento. Ache volvió a certificar los chats y los entregó a jurídica de Cancillería, a cambio de un recibo que dejara constancia de que era la segunda vez que lo hacía. Ache también relató que en agosto de 2022, tres meses antes de la reunión en Torre Ejecutiva, las autoridades de gobierno, en una reunión de preparación de la interpelación del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el canciller Bustillo, acordaron no explicitar ante el Senado el contenido de esos mensajes y sólo mencionar que hubo comunicaciones entre los ministerios. Las declaraciones de Ache, además del inicio de la causa, provocaron la renuncia de Heber, de Bustillo, de Maciel y de Lafluf.

Hasta ahora, la estrategia de la fiscalía ha sido recabar la mayor cantidad de información documental, de manera de estar preparada para detectar inconsistencias en los relatos de los investigados y poder contrastarlos con documentos oficiales. Esta semana llegó al despacho del fiscal Machado el documento de Cancillería que debía responder quién o quiénes fueron los encargados en el ministerio de recibir la documentación que supuestamente recibió Cancillería por parte de Ache para incluir el chat certificado en la investigación administrativa sobre el proceso de entrega del pasaporte uruguayo a Sebastián Marset, cuando se encontraba detenido en Emiratos Árabes Unidos por pasaporte falso, y exactamente en qué consistía el documento entregado, además del itinerario recorrido por el sobre que terminó en manos del asesor Lafluf en el piso 11 de Torre Ejecutiva.

A principios de abril, el MRREE comenzó una investigación administrativa por la destrucción del documento. Si bien el fiscal no va a esperar su culminación para llamar a declarar, los resultados de esa investigación serán incorporados a la carpeta de la fiscalía.

Entre los delitos que podrían ser imputados en la causa se encuentran el de cohecho, previsto en el artículo 158 del Código Penal, el de abuso de funciones, establecido en el artículo 158, y el de destrucción de documento público, consignado en el artículo 244.