La presentación de un documento presuntamente falsificado por la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, Fanny Coaquira, a la Asamblea Legislativa cuando fue postulante, generó contradicciones entre los miembros de la comisión mixta de Constitución
Fuente: ANF/ La Paz
La presentación de un documento presuntamente falsificado por la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Fanny Coaquira a la Asamblea Legislativa cuando fue postulante, generó contradicciones entre los miembros de la comisión mixta de Constitución sobre si se constató la veracidad de las certificaciones que exigía la norma.
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El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Pablo Arizaga, que fue parte de la comisión, señaló que no se solicitó información a las instituciones públicas y privadas para certificar que los documentos entregados por los candidatos no estaban fraguados.
“Nosotros, en la comisión, no somos quién para validar o invalidar un documento que nos corresponde, tendrá que ser la institución la encargada de certificar (…) No, sería imposible acabar porque habían postulantes que presentaban una infinidad de certificados, si teníamos 400 postulantes, nos hubiéramos pasado todo el día, en vez de revisar sus papeles, solo corroborando la validez de sus documentos”, afirmó.
Esas aseveraciones surgieron luego que se presentó una acción de cumplimiento contra la magistrada del TSJ Fanny Coaquira, el cual buscaba suspenderla del cargo porque aparentemente presentó un certificado falsificado de la Universidad Unión Bolivariana señalando que fue docente entre el 2022 y 2023.
Ese caso develó la existencia de un presunto consorcio que estaba direccionando el proceso judicial, en el que están implicados al menos ocho personas: el exministro de Justicia César Siles, el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz Yván Córdova, la exvocal Claudia Castro, el juez de Coroico Fernando Lea Plaza, el abogado José Uriarte y el magistrado suplente Iván Campero, quien iba a reemplazar a Coaquira.
Al respecto, el senador del MAS y expresidente de la comisión mixta de Constitución, Miguel Rejas, afirmó que al momento de revisar los requisitos se solicitó información a las entidades académicas para corroborar la autenticidad de esos documentos.
“Se pidió alguna documentación a las instituciones correspondiente para poder corregir y corroborar si existían esos documentos, hubo la respuesta de esa documentación. En su momento se ha solicitado, se corrigió y se corroboró”, indicó.
Cabe recordar que el artículo 26 de la Ley 1549 Transitoria para las Elecciones judiciales, estableció que las comisiones mixtas debían solicitar información a las entidades públicas o privadas a fin de verificar la información proporcionada por los postulantes. Incluso otorgó un plazo de dos días para que remitan la documentación requerida.
Solo algunos respondieron
En ese sentido, la senadora adscrita a la comisión Silvia Salame dijo que, si bien se pidió información a las instituciones, no todas remitieron a la Asamblea Legislativa la información requerida. A la vez, indicó que se confió en los postulantes cuando entregaron sus documentos.
“Se pidió, se pidió a todas las instancias. Primero, no todas las instituciones respondieron y, segundo, se debe presumir la buena fe de los postulantes y la legalidad de todo, eran más de 500 personas que postularon. Entonces, no era fácil el trabajo”, señaló.
Sin respuesta
Este medio buscó a la magistrada para conocer su versión sobre la denuncia, se llamó en varias oportunidades y se mandó mensajes a su WhatsApp, no respondió. De la misma forma se llamó a su abogado Israel Campero, el cual indicó que en su momento se iban a pronunciarse.
A la vez, la semana pasada se solicitó una entrevista con el rector de la Universidad Unión Bolivariana para conocer si el documento que presuntamente se había falsificado, pero indicaron que se encontraba de viaje.