Los bolivianos poseemos una infinita manía para crear artificios políticos de toda índole, especialmente durante estos últimos veinte años, cuando la inventiva de un exacerbado zurdo-populismo organizó una red de autoridades judiciales destinada al logro de favores y canonjías particulares, a través de esa entidad, bautizada a su vez como “Consorcio”, para asestar un golpe al Órgano Judicial.
Con la meticulosidad que las mafias utilizan para la conformación del tal llamado Consorcio, la pandilla estatal y plurinacional supo reclutar en sus filas a los más destacados capitostes del poder, tales como: el ministro de Justicia, el expresidente y una vocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, un Juez provincial, magistrados suplentes y abogados que secundaban la trama creada bajo los sabios principios del autodenominado “mejor presidente de Bolivia” citados e inmortalizados en el sabio libro “Evadas”, de Don Alfredo Rodríguez Peña, como ese que dice: “Por encima de lo jurídico, es lo político. Quiero que sepan que cuando algún jurista me dice: Evo te estás equivocando jurídicamente, eso que estás haciendo es ilegal, bueno yo le meto por más que sea ilegal. Después les digo a los abogados: si es ilegal, legalicen ustedes, para qué han estudiado”.
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A la luz de tan sabia, como memorable sentencia, resulta un absurdo que los bolivianos nos enfademos o al menos nos sorprendamos de haberlas tolerado e inscrito en el procedimiento judicial que rige nuestra justicia, con la volubilidad y la indecencia política que ha caracterizado a quienes nos gobernaron.
De ahí que es una ingenuidad creer que la aparición y/o descubrimiento del famoso Consorcio ilegal, se haya debido a la revelación de un audio, en el que el exministro de justicia César Siles instruye al juez de Coroico Fernando Lea Plaza emitir una resolución dirigida a destituir a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Fanny Coaquira a objeto de ser reemplazada en el cargo por su suplente Iván Campero, Este hecho aislado, resulta ser sólo un engranaje de toda una trama mafiosa.
En nuestra modesta opinión y como resultado del modus operandi de toda mafia criminalmente organizada, la descomposición del Cártel o mal llamado Consorcio Judicial, se inició con la fragmentación y lucha de poderes en el Ejecutivo, creando frentes y luchas internas con miras a las próximas elecciones generales, entre quienes desean autoprorrogarse y aquellos que avizoran épocas económicas, muy turbulentas y socarronamente se inclinan por la eliminación de las elecciones y el retorno del innombrable.
Entretanto, aunque parezca utópico e irrealizable, una vez más se confirma el poder de resiliencia de nuestra amada patria, el cual se manifiesta en el corazón de aquellos que, como el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, desean sinceramente retornar a los valores ancestrales de la gran República boliviana, reconstituyendo sus instituciones y devolviéndole aquellos principios que heredó de sus libertadores y de sus más honorables hijos como José Manuel Pantaleón Dalence, intachable y eminente jurista, considerado uno de los más importantes de la historia de Bolivia, que contribuyó significativamente al desarrollo del derecho y la justicia en el país. Asimismo, desterrar todo intento de revivir aquel Consorcio, que se encuentra en vías de divorcio.