El caso que involucra al juez de Coroico, Fernando Marcelo Lea Plaza Aliaga, ha puesto en el centro de atención al sistema judicial boliviano, revelando una serie de presuntas irregularidades que incluyen desde un posible prevaricato hasta sospechas de falsificación de documentos y una conexión con el denominado «Caso Consorcio». Este incidente no solo genera interrogantes sobre la independencia judicial, sino que también señala posibles deficiencias sistémicas que requieren una respuesta urgente y contundente, con la implicación de diversas figuras del ámbito judicial y político.
La Acción de Cumplimiento: Propósito y Límites
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Para comprender el contexto de la actuación del juez Lea Plaza, es esencial entender la Acción de Cumplimiento. Esta herramienta legal, establecida en el Artículo 134 de la Constitución Política del Estado (CPE), tiene como objetivo asegurar la ejecución de normas constitucionales y legales cuando una autoridad pública las incumple. Su finalidad es garantizar la efectividad de deberes claros, expresos y exigibles, evitando la omisión de funciones.
Sin embargo, la Acción de Cumplimiento no confiere a un juez la facultad de arrogarse atribuciones de otros poderes del Estado. No puede destituir a autoridades elegidas popularmente, anular procesos electorales concluidos o generar nuevos nombramientos. Su uso indebido podría interpretarse como una usurpación de funciones, lo que afectaría directamente la separación de poderes y la voluntad popular.
La Actuación del Juez de Coroico: Un Análisis Crítico y las Partes Involucradas
El juez Lea Plaza Aliaga fue aprehendido e imputado por intentar, supuestamente, destituir a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por La Paz, Fanny Coaquira Rodríguez, quien fue elegida por voto popular. En su lugar, habría intentado nombrar a Iván Ramiro Campero Villalba, magistrado suplente. Esta acción, presuntamente realizada a través de una Acción de Cumplimiento, es un ejemplo de cómo una herramienta legal podría ser utilizada de manera indebida.
La controversia se intensifica al señalarse que el juez dictó la resolución de forma oral y no la emitió por escrito, como exige la norma procesal. Esta omisión, de confirmarse, sería un elemento clave para la investigación de los delitos. El secretario del juzgado también tendrá un papel importante en la investigación de esta irregularidad procesal. Actualmente, el juez Lea Plaza ha sido suspendido de sus funciones y se le ha dictado detención preventiva por seis meses en el marco del «Caso Consorcio».
Este incidente ha puesto de manifiesto varias implicaciones:
- Presunta Usurpación de Funciones: Se señala que el juez habría asumido atribuciones que, según la Constitución, corresponden exclusivamente a la Asamblea Legislativa Plurinacional y al Tribunal Supremo Electoral.
- Alegada Vulneración de la Voluntad Popular: Se habría intentado desconocer el mandato constitucional de elegir magistrados del TSJ por voto popular.
- Posible Desconocimiento de la Preclusión: Se habría intentado revertir un proceso electoral ya concluido y con autoridades posesionadas, lo que podría vulnerar la seguridad jurídica.
- Contrariedad a la Jurisprudencia del TCP: El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha establecido consistentemente que las acciones de cumplimiento no pueden ser utilizadas para modificar o anular resultados electorales o destituir autoridades legítimamente constituidas.
- Posible Actuación del Juez sin Competencia Territorial.
Las investigaciones también se han centrado en la ex Vocal Claudia Castro, quien fue aprehendida por su supuesta participación en la «configuración» de la polémica resolución judicial. Además, se ha difundido un presunto audio que, de ser auténtico, evidenciaría una coordinación entre el exministro de Justicia, César Siles, y el juez Lea Plaza para lograr la salida de la magistrada Coaquira, lo que sugiere una posible injerencia política en el Órgano Judicial.
Otro actor relevante es el demandante de la Acción de Cumplimiento; su identidad y los motivos detrás de su acción son fundamentales para desentrañar la trama completa. Asimismo, la presunta vinculación del expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz Iván Córdoba, en el «Caso Consorcio» general, plantea interrogantes sobre la supervisión y la integridad dentro de la propia cúpula judicial.
También es importante considerar a Iván Campero Villalba, quien ha sido involucrado en la investigación del caso.
Sospechas de Falsedad y el «Caso Consorcio»: La Ruta Penal
La situación se complejiza con la reciente denuncia sobre la presunta falsificación de documentos presentados para la postulación a un cargo judicial por parte de la ahora magistrada Fanny Coaquira Rodríguez. Si estas sospechas se confirman, corresponde acudir a la vía penal para la investigación y el juzgamiento del caso. Esto podría revelar no solo una falsedad documental, sino un posible entramado de corrupción y falsedad material e ideológica.
La falsificación de documentos para acceder a un cargo público, especialmente en la administración de justicia, socava la confianza ciudadana en las instituciones y la legalidad. Este nuevo elemento, de confirmarse, transformaría el caso de una simple falsedad a una posible red que busca infiltrarse en el sistema judicial. La investigación deberá determinar si estos documentos falsos fueron utilizados por la ahora magistrada aludida al presentar su postulación ante la Asamblea Legislativa durante las pasadas elecciones judiciales.
El esclarecimiento del caso implica extender la investigación a los responsables de revisar la documentación presentada por la entonces postulante en la Asamblea Legislativa. Esto incluye a quienes realizaron la revisión inicial y, crucialmente, a la Comisión Mixta de Constitución, Justicia y Sistema Electoral, que tuvo la responsabilidad de verificar la veracidad y legalidad de los documentos. Si se comprueba alguna anomalía en esta etapa, sería un factor a considerar en relación con las pasadas elecciones judiciales. Por supuesto, mientras no se compruebe la denuncia y esta tenga una sentencia penal ejecutoriada, se presume la inocencia de la afectada.
Un Patrón Preocupante: Jueces sin Competencia Territorial Aparente
El caso del juez de Coroico no parece ser un hecho aislado. Aparentemente, esta autoridad asume competencia en la acción de cumplimiento sin tener competencia territorial. Esta es una práctica ya, en algunos casos, arraigada, donde algunas personas interesadas presentan acciones de defensa ante autoridades judiciales como Salas Constitucionales de otros distritos o ante jueces de provincia o de capital.
Esta situación podría reflejar un patrón preocupante de invasión de competencias que generaría inseguridad jurídica y desvirtuaría la organización territorial de la justicia. La inacción del Consejo de la Magistratura ante estas denuncias, a pesar de las declaraciones de transparencia, es un llamado de atención a la necesidad de acciones concretas y no solo palabras, no solo en este caso, sino en todos los que sean denunciados. El Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional Plurinacional tienen la responsabilidad de abordar este aparente desorden.
La Urgencia de Fortalecer la Justicia Boliviana: Un Llamado a la Acción
El caso del juez de Coroico, es un ejemplo preocupante de cómo la posible violación de los principios constitucionales y legales, sumada a presuntas irregularidades como la falsificación de documentos y la extralimitación de competencias territoriales, podría afectar gravemente la independencia judicial y la confianza en el sistema de justicia boliviano. La implicación de otros funcionarios y exfuncionarios, desde la ex Vocal Claudia Castro y el exministro César Siles, hasta el secretario del juzgado, el demandante de la Acción de Cumplimiento, el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y el magistrado suplente Iván Campero Villalba en el «Caso Consorcio», subraya la necesidad de una investigación exhaustiva que alcance a todos los niveles involucrados.
Me parece importante conocer la posición de la magistrada Coaquira respecto de la falsedad aludida, también la palabra del exministro Siles y de otros actores que irán apareciendo en el desarrollo del caso.
Es imperativo que las autoridades competentes actúen con la mayor celeridad y transparencia para investigar a fondo estos hechos, sancionar ejemplarmente a los responsables si se confirman los delitos y sentar un precedente claro que garantice la integridad y la credibilidad del Órgano Judicial. La ciudadanía boliviana exige acciones y no solo promesas en la construcción de una justicia imparcial, efectiva y que responda verdaderamente a los principios de un Estado de derecho.