El pasado 25 de junio, S&P Global Ratings rebajó la calificación crediticia de Bolivia a ‘CCC-’, confirmando así el deterioro acelerado de la situación financiera y macroeconómica del país. Esta decisión se suma a una serie de reportes internacionales que evidencian un contexto crecientemente crítico: el informe del Artículo IV del FMI, el reciente ingreso a la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los reportes de FAO y PMA sobre la inseguridad alimentaria, y los preocupantes indicadores de corrupción publicados por el World Justice Project, que sitúan a Bolivia como el país más corrupto de América Latina y el segundo peor calificado a nivel mundial. En conjunto, estos antecedentes configuran una señal de alerta estructural sobre la fragilidad económica, social e institucional que enfrenta Bolivia.
El informe presentado por Standard & Poors refleja un incremento considerable en el riesgo soberano, originado por restricciones cada vez más severas al acceso de financiamiento externo, el agotamiento progresivo de las reservas internacionales y persistentes rigideces fiscales que limitan la capacidad de respuesta estatal.
La rebaja de calificación responde a un diagnóstico macroeconómico sumamente delicado. Bolivia mantiene un déficit fiscal estructural del -10% del PIB, mientras sus reservas internacionales netas se han reducido a apenas USD 1,637 millones, el nivel más bajo en casi dos décadas, equivalentes a solo 1.6 meses de importaciones. A esta situación se añade una inflación anual de 15% y una deuda pública que ya alcanza el 78.8% del PIB, conformando una combinación de desequilibrios internos y externos que pone en riesgo la sostenibilidad de la economía.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Paralelamente, el PIB per cápita permanece estancado en torno a USD 4,500, lo que evidencia la pérdida de dinamismo productivo y una creciente vulnerabilidad ante choques externos. A esta coyuntura económica se suman una fuerte polarización política y una limitada transparencia fiscal, factores que deterioran la credibilidad institucional y dificultan la aplicación de reformas indispensables para la estabilidad.
Frente a este escenario, el Gobierno optó nuevamente por una evasión discursiva improductiva. El Ministro de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), Marcelo Montenegro atribuyó la rebaja de calificación a “factores políticos” y bloqueos sociales supuestamente impulsados por sectores opositores. Este argumento resulta no solo insostenible, sino intelectualmente deshonesto y peligrosamente simplificador. Las causas de la crisis actual —que S&P detalla con precisión técnica— son de naturaleza estructural, prolongadas y producto de una gestión económica que ha privilegiado la postergación de reformas indispensables por cálculos políticos de corto plazo.
Ante este panorama, se requiere un plan de emergencia económico integral y secuenciado que aborde simultáneamente los frentes fiscal, externo e institucional. Entre las medidas prioritarias destacan:
- Avanzar en una reforma fiscal gradual que amplíe la base tributaria, revise exenciones obsoletas y optimice la eficiencia y calidad del gasto público.
- Flexibilizar progresivamente el régimen cambiario para reducir la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, estabilizar expectativas y contener presiones especulativas.
- Mejorar la transparencia fiscal y de información externa, publicando datos oportunos, verificables y coherentes que reduzcan incertidumbre, particularmente en los registros de la balanza de pagos.
- Reestructurar progresivamente la deuda pública, negociando plazos y condiciones que alivien las presiones de corto plazo sin comprometer el acceso futuro al financiamiento internacional.
- Gestionar líneas de financiamiento multilateral de contingencia que permitan reforzar las reservas internacionales y mantener el funcionamiento básico de la balanza de pagos.
En definitiva, Bolivia enfrenta uno de los momentos más delicados de su historia económica reciente. La advertencia de S&P Global Ratings no es solo un ajuste técnico de indicadores crediticios, sino una llamada de atención sobre la urgente necesidad de decisiones responsables, realistas y técnicamente fundamentadas. Continuar culpando, a factores externos y/o al “sabotaje” de la Asamblea legislativa, de los efectos de una estrategia económica fallida solo agrava el problema. La sostenibilidad macroeconómica y la confianza institucional, tanto interna como externa, solo podrán recuperarse mediante reformas estructurales bien diseñadas y ejecutadas con visión de país y responsabilidad histórica.
Por: Bismarck Javier Arevilca Vasquez, Ph.D.
Economista