Finaliza el primer semestre de 2025, y en Bolivia, la libertad, la justicia y el desarrollo dejaron de ser conceptos abstractos para convertirse en una necesidad urgente y dolorosamente aplazada. La democracia formal sobrevive entre instituciones debilitadas, una economía estancada y al borde del colapso y un sistema judicial desacreditado. El resultado es un país atrapado en la incertidumbre, la resignación y una desigualdad que crece cada día.
El crecimiento económico ha perdido fuerza. Mientras el Gobierno proyecta un optimista 3,5% de crecimiento del PIB, organismos internacionales como el FMI y el BM pronostican apenas un 1,1% y 1,2% respectivamente. A esto se suma una inflación acumulada del 9,81% hasta mayo y una inflación interanual que ya supera el 18%, con tendencia a alcanzar el 23% en los próximos meses. Para millones de familias, esto no es un dato técnico: es el pan que falta en la mesa. El 84.5% de los trabajadores está en la informalidad, sin acceso a seguridad social, crédito ni estabilidad. Más de 2,5 millones de bolivianos enfrentan inseguridad alimentaria severa. El hambre no es una metáfora, es algo que ha invadido los hogares de los bolivianos y lo que es peor, no se vislumbra ninguna medida para revertir esta situación crítica.
A esta crisis se suma una justicia que, lejos de proteger, perpetúa la exclusión y la corrupción. El caso de Richard Mamani Martínez, encarcelado durante nueve años por un crimen que no cometió, es apenas una muestra. Cientos de bolivianos permanecen presos sin sentencia o por razones políticas y otros están libres a pesar de haber cometidos hechos de corrupción y/o delictivos, tenemos un sistema donde el 60% de la población desconfía del aparato judicial. Bolivia ocupa el último lugar en América Latina en el Índice de Estado de Derecho (WJP 2025) y el puesto 141 de 142 en el mundo, esta situación es una pesadilla para los bolivianos.
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Los datos duelen más cuando se sabe que Bolivia tiene todo para salir adelante: litio, gas, minerales, biodiversidad, juventud, talento. Sin embargo, seguimos anclados a un modelo primario-exportador que no genera empleo ni desarrollo sostenido. El aparato productivo formal se asfixia por la inseguridad jurídica, la presión fiscal y la falta de incentivos. Mientras tanto, la pobreza moderada ya alcanza al 36,3% y la extrema al 12,6%, con proyecciones que podrían llegar estas cifras al 61,5% combinadas para fin de año.
Frederick Douglass, el abolicionista afroamericano del siglo XIX, advirtió: “Un pueblo hambriento no puede ser libre. Donde no hay justicia, no puede haber paz; donde no hay libertad, no puede haber prosperidad”. Sus palabras resuenan hoy con fuerza en Bolivia. Porque aquí también se ha instaurado una libertad ficticia y una justicia solo para algunos.
Esto no es solo una crisis económica. Es una crisis ética, institucional y moral. La polarización política, el uso del poder para perseguir y no para servir, y la corrupción se campea en todas nuestras instituciones, según Transparencia Internacional para el 2024, el 42% de los bolivianos considera que la corrupción afecta directamente sus posibilidades de progreso como sociedad. Bolivia, con el puntaje de 28, el más bajo en los últimos años, ocupa el puesto 133 entre 180 países.
Pero aún hay tiempo. Bolivia puede reconstruirse. Para ello, se necesita voluntad política, ciudadanía activa y un nuevo pacto social basado en tres pilares innegociables: justicia real, economía con dignidad y libertad como derecho, no como privilegio.