Fuente: Visión 360
“El tema del transporte está siendo el pretexto para la especulación. El kilo de pollo debería estar a 24 bolivianos, este precio ya contempla el flete de transporte aéreo, pero los mayoristas especulan y están vendiendo en más de 30 bolivianos el kilo, argumentando que es por el transporte”, afirmó el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, en entrevista con Bolivia TV.
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La autoridad manifestó que desde el Comité de Seguridad Alimentaria se realizó el trabajo correspondiente, que tiene una naturaleza administrativa. “Máximo llegamos a una acción directa cuando la Policía nos acompaña, pero ya depende de otro órgano del Estado que tiene el deber de defender a la sociedad”.
Manifestó que la especulación es real y de conocimiento público. Puso como ejemplo que en los mercado populares se está vendiendo el kilo de pollo a 31 o 32 bolivianos, pero en las tiendas privadas, de las empresas productoras el precio es de 24 bolivianos el kilo.
“Cómo puede ser que alguien que te da factura, despliega logística y demás cobre más barato que el mercado popular. Ahí se nota la ausencia de las autoridades municipales que no están haciendo los controles”, afirmó.
Explicó que en muchos casos, para realizar los controles, se enfrentó con los mayoristas que -incluso- contratan personas para agredir a los funcionarios e impedir el control de precios, en diferentes puntos de distribución.
“Son familias las que se dedican a la comercialización y que afectan a los precios. No quieren control, quieren especular sin control. Pese a que piden la ayuda del Estado para el puente aéreo, a cambio de vender a un precio, no cumplen. Se cumple con el puente aéreo pero en el verificativo encuentras que se desvió el producto, que no existe en las tiendas o que hay gente agresiva que sale a lanzar piedras, golpea a los funcionarios e impide hacer el trabajo”, denunció.
Lamentó que, pese a que son delitos que se cometen de forma pública, no haya investigaciones de oficio por parte del Ministerio Público. “Son actos públicos, con registros de gente que especula y oculta, debería darse una investigación, pero hay una pasividad de este órgano del Estado, que no está actuando como debe hacerlo. No son temas administrativos, son delitos”.
Asimismo manifestó que se realizaron varias denuncias en contra de personas que fueron sorprendidas ocultando productos y especulando con los precios, pero que estas no prosperaron.