La revisión de los programas electorales evidencia un abanico de propuestas que va desde reformas estructurales hasta declaraciones generales.
Fuente: ANF
En Bolivia, más del 65% de las personas con discapacidad registradas no han cursado más allá de la educación primaria. Así lo revela un informe defensorial de 2022, que también advierte sobre la exclusión estructural en salud, empleo y participación social. Frente a este panorama, ¿qué ofrecen los partidos políticos rumbo a las elecciones generales de agosto para cambiar esta realidad?
La revisión de los programas electorales evidencia un abanico de propuestas que va desde reformas estructurales hasta declaraciones generales. Algunos partidos apuntan a transformar el sistema de cuidados y garantizar derechos, mientras otros apenas mencionan a la población con discapacidad.
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El Partido Movimiento de Renovación Nacional (Morena), que postula a Eva Copa, presenta una de las propuestas más desarrolladas. Su plan contempla la creación del Sistema Plurinacional de Cuidados, que busca redistribuir y dignificar el trabajo de cuidado, generalmente no remunerado y realizado por mujeres.
Dentro de este sistema, Morena propone crear centros comunitarios de cuidado para personas con discapacidad, establecer un catastro nacional de necesidades y prestadoras de cuidado, y otorgar subsidios y reconocimiento legal a cuidadoras familiares. Además, plantea incluir el derecho al cuidado en la normativa laboral y educativa.
Morena también sugiere la implementación de un Programa Nacional de Inclusión y Protección Social, que garantice bonos y servicios integrales para personas con discapacidad, junto con acciones para su participación plena en la vida cultural y deportiva.
El Partido Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP), cuyo candidato es Eduardo del Castillo, apuesta por políticas de empleo inclusivas. Plantea programas laborales dirigidos a personas con discapacidad, víctimas de violencia y otros grupos vulnerables, en coordinación con gobiernos subnacionales y el sector privado.
Si bien el MAS, que está actualmente en el gobierno, no detalla acciones específicas, el enfoque laboral podría impactar directamente en uno de los principales desafíos que enfrentan las personas con discapacidad: el acceso a un trabajo digno.
El Partido Demócrata Cristiano (PDC), con Rodrigo Paz Pereira como candidato, reconoce las desigualdades que enfrentan las personas con “capacidades diferentes”, aunque su propuesta es más general. El PDC promete mejorar la calidad de vida de los sectores vulnerables, incluyendo a esta población, pero no especifica cómo lo logrará.
En una línea similar, el candidato Manfred Reyes Villa, de la alianza APB-SUMATE, asegura que garantizará acceso a servicios de salud de calidad para personas con discapacidad, con énfasis en salud mental y empleabilidad. Si bien la propuesta es concreta, no se desarrollan mecanismos específicos de implementación.
Una propuesta más detallada es la de la Alianza Unidad, liderada por Samuel Doria Medina. La alianza reafirma su compromiso de mantener el bono para personas con discapacidad y propone garantizar el acceso universal a la educación para niñas, niños y jóvenes con discapacidad, desde la primera infancia hasta los 18 años.
Además, Alianza Unidad plantea firmar pactos educativos regionales con la participación de distintos actores y combatir el acoso y la discriminación en escuelas. También incluye a las personas con discapacidad en su política de desarrollo infantil temprano, con énfasis en salud, nutrición, cuidado y estimulación.
Doria Medina incorpora además una perspectiva de derechos humanos al comprometerse a fortalecer mecanismos independientes de denuncia y programas educativos centrados en la equidad, respeto y dignidad.
Desde la Alianza Popular, Andrónico Rodríguez plantea un enfoque integral de inclusión. Su programa promueve la igualdad de derechos y oportunidades y se compromete a combatir toda forma de discriminación hacia personas con discapacidad y otros sectores históricamente marginados.
Rodríguez también prioriza el acceso gratuito o subvencionado a la capacitación para jóvenes rurales, mujeres e indígenas con discapacidad, buscando garantizar la igualdad de oportunidades desde una lógica territorial y social.
El exmandatario Jorge Quiroga Ramírez, ahora candidato por la Alianza Libertad y Democracia, presenta un enfoque centrado en la discapacidad mental. Propone mejorar los servicios de rehabilitación, crear centros residenciales y fortalecer políticas de reinserción laboral para quienes hayan adquirido discapacidad en el ámbito laboral.
Además, su programa contempla incentivos estatales y marcos regulatorios para promover empresas especializadas en servicios de cuidado a personas con discapacidad, adultos mayores e infantes, con una mirada interinstitucional.
Una de las propuestas más limitadas es la de La Fuerza del Pueblo, que plantea “crear programas específicos para niños con discapacidades y comunidades indígenas”, sin mayor detalle sobre políticas, recursos o plazos de ejecución.
En contraste, Libertad y Progreso (ADN) no presenta ninguna propuesta vinculada a la discapacidad en su programa electoral. La omisión es significativa en un contexto donde más de 100.000 personas están registradas en el Sistema de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (SIPRUNPCD).
A nivel discursivo, todos los partidos que incluyen propuestas reconocen la situación de vulnerabilidad de este sector. Sin embargo, solo algunos avanzan hacia un enfoque de derechos, con acciones intersectoriales y criterios de corresponsabilidad social y estatal.
De todos los programas revisados, destacan las propuestas de Morena, por la profundidad y estructura de su plan de cuidados; de Alianza Unidad, por su enfoque integral de educación, salud y derechos; y de Libertad y Democracia, por su mirada especializada hacia la discapacidad mental y la inclusión laboral.
Otras propuestas, como las de MAS-IPSP, APB-SUMATE y Alianza Popular, si bien tienen elementos rescatables, carecen de especificidad en cuanto a implementación y seguimiento.
En un país donde las personas con discapacidad enfrentan barreras estructurales para ejercer sus derechos más básicos, las elecciones de agosto representan una oportunidad para avanzar hacia una Bolivia más inclusiva.
Fuente: ANF