Aseguran que la administración de Arce equivocó el rumbo al no haber asumido acciones adecuadas o haber tomado determinaciones fuera de tiempo para evitar violencia en medidas de presión. Si se ejecutaban las órdenes de aprehensión contra Evo Morales, en este momento la población no sufriría las medidas radicales del líder cocalero para evadir a la justicia y vulnerar la Constitución. El presidente del Estado está en la obligación de asumir las medidas necesarias para restablecer el orden en el país, en el marco de las leyes vigentes y la Constitución Política del Estado.
Fuente: El Diario
Tras confirmarse la muerte de efectivos policiales a manos de grupos radicales que responden a los intereses de Evo Morales, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, aseguró que autoridades de Gobierno incurren en negligencia al momento de tomar acciones contra las movilizaciones “evistas” que buscan generar violencia y muerte entre la población.
“Aquí encontramos negligencia de parte de un gobierno que no supo actuar en su momento, no se supo actuar oportunamente para parar estos bloqueos, además, para hacer cumplir la ley y la Constitución”, manifestó la autoridad universitaria en conferencia de prensa.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
En criterio de Cuéllar, la administración de Arce equivocó el rumbo al no haber asumido acciones adecuadas o haber tomado determinaciones fuera de tiempo, tal el caso de los mandamientos de aprehensión emitidos contra Evo Morales, provocando que, mediante medidas y acciones radicales, el líder cocalero ahora pretenda evadir a la justicia y vulnerar la Constitución.
“Corresponde la inmediata aprehensión de este señor porque se ha convertido en un asesino que está causando luto en las familias de personas que están cumpliendo con su deber de restablecer el orden en el país”, dijo.
Sobre la respuesta que se espera del Gobierno hacia los recientes actos de extrema violencia en la región del Trópico de Cochabamba y en la localidad de Llallagua, la autoridad universitaria afirmó que es el presidente del Estado quien está en la obligación de evaluar la actual situación para asumir medidas destinadas a restablecer el orden y desmovilizar a los grupos que están generando violencia en estos lugares.
“Él tiene la obligación de actuar en el marco de las leyes y de la Constitución. Si se considera que la Policía ha sido rebasada, como comandante de las Fuerzas Armadas tiene toda la obligación de pedir el apoyo correspondiente para restablecer el orden”, sostuvo.
Asimismo, puntualizó que es responsabilidad del Gobierno evitar que exista un mayor derramamiento de sangre y luto en las familias bolivianas, para ello es preciso evaluar la situación, recopilar toda la información posible y tomar las decisiones que corresponda, “para eso lo ampara la Constitución”.
“Hay que hacer que Evo Morales deponga actitudes, no está habilitado para participar de las elecciones y esto tiene que entenderlo, no puede ser que siga sembrando dolor solamente por un apetito personal que está al margen de la ley y la Carta Magna”, cuestionó Cuéllar.
Antes y durante los hechos de violencia que derivaron en la reciente muerte de efectivos policiales y dejaron una importante cantidad de heridos en tareas de desbloqueo en la localidad de Llallagua, actores políticos y analistas cuestionaron la pasividad con que autoridades de gobierno atienden este tema, lamentando que nuevamente el país sea víctima de actos ilegales, acciones ilegítimas y actitudes vandálicas similares a las del año 2020, cuando Evo Morales instruyó el bloqueo de alimentos y oxígeno hacia las ciudades, en plena pandemia del covid-19.
Se observó la falta de proactividad no solo en el gobierno sino en el Ministerio Público y el Órgano Judicial para activar todos los mecanismos que contempla la CPE y las leyes, para restablecer el orden interno.
La noche del miércoles, tras confirmarse las primeras muertes de efectivos policiales en la localidad de Llallagua, el presidente Luis Arce aseveró que se pondrán todos los esfuerzos posibles para dar tranquilidad al país, ejerciendo todas las facultades que constitucionalmente le otorgan las leyes y la normativa boliviana, sin embargo, la autoridad no confirmó ni descartó una declaratoria de estado de excepción, tal como demandan algunos sectores.
“Los operativos militares y policiales que estamos llevando adelante en Llallagua van a continuar hasta lograr el objetivo que se ha planteado el Gobierno nacional, de darle carreteras expeditas al pueblo boliviano, de pacificar, controlar y poner orden en todos aquellos lugares donde se desate este tipo de hechos que nosotros condenamos profundamente”, señaló Arce, en conferencia de prensa desde Casa Grande del Pueblo.
Ayer, el diputado paceño Gustavo Aliaga lamentó que el primer mandatario trate de solucionar este problema asumiendo un papel de víctima, cuando lo que se necesita son medidas efectivas para desmovilizar a los grupos radicales que ya provocaron la muerte de policías.
Para ello, reiteró su pedido de activar el Decreto Supremo 27977, aprobado durante el gobierno de Carlos Mesa, para movilizar a las Fuerzas Armadas.
“Si se sigue permitiendo que Evo Morales haga lo que ha hecho ayer (miércoles) y se maten policías de esta forma, eso es violencia extrema, no puede ser que en pleno proceso eleccionario estemos utilizando este tipo de violencia para satisfacer un capricho de una persona”, indicó Aliaga, asegurando que una característica de todo líder es tomar medidas preventivas para evitar situaciones dolorosas.
Fuente: El Diario