Fuente: Visión 360
Candidaturas en vilo por acciones judiciales y las amenazas de los seguidores del exmandatario de Bolivia Evo Morales (2006-2019) para forzar su participación en los comicios generales del 17 de agosto pese a estar impedido legalmente preceden a la difusión del listado de postulantes habilitados para estas elecciones.
Desde el pasado 19 de mayo, cuando concluyó el plazo para inscribir candidaturas para las elecciones de agosto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) abrió una fase de revisión del cumplimiento de requisitos de los postulantes registrados por las diez organizaciones políticas acreditadas para participar en los comicios.
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Esta etapa culminará este viernes, con la publicación de los listados de candidatos habilitados y luego se abrirá otro periodo hasta el 3 de julio para hacer sustituciones por inhabilitación, renuncia o fallecimiento.
La revisión de los inscritos estuvo llena de acciones judiciales contra el órgano electoral y algunas siglas, como el Movimiento Tercer Sistema (MTS), la base de la alianza Popular por la que postula el actual presidente del Senado, el oficialista Andrónico Rodríguez, que era considerado el «heredero» político y sindical de Evo Morales.
El mismo día del cierre de las inscripciones, el TSE decidió dejar en suspenso el «registro definitivo» de esa alianza a la espera de que se resuelva una de las causas iniciada contra el MTS ante una sala constitucional en la región amazónica de Beni.
Ante una eventual cancelación de la personalidad jurídica de ese partido, los dirigentes de la alianza Popular iniciaron conversaciones con otras organizaciones, con miras a conformar una nueva coalición para asegurar la candidatura de Rodríguez, si bien por ahora se desconocen los resultados de esas reuniones.
El senador figura como el candidato de izquierda mejor posicionado en la primera encuesta preelectoral difundida recientemente por el canal privado Unitel, con un 14,2 % de intención de voto, si bien va por detrás del empresario Samuel Doria Medina (19,1 %) y el expresidente Jorge Tuto Quiroga (18,4 %).
Doria Medina es el candidato de la alianza Unidad, el principal bloque opositor al que también perteneció en un principio Quiroga (2001-2002), aunque el exmandatario decidió finalmente postular por su cuenta con la alianza Libre.
Asedio judicial y social
El TSE exhortó hace unas semanas a los jueces a respetar la Constitución y las competencias del órgano Electoral.
Ese organismo ha expresado varias veces su preocupación por el precedente sentado por una sentencia constitucional que obligó a que las elecciones judiciales de diciembre pasado se efectúen de forma parcial y el riesgo que esto supondría para los comicios generales de este año.
El fin de semana, el vocal Francisco Vargas dijo en sus redes sociales que «el sabotaje al proceso electoral viene desde las acciones legales que pretenden subordinar las decisiones» del TSE «a las Salas Constitucionales, y desde el asedio y presión constante de grupos movilizados en las oficinas» de ese ente.
Las movilizaciones aludidas por Vargas son protagonizadas por los seguidores de Evo Morales, quienes han marchado en La Paz en las últimas semanas y desde el lunes bloquean carreteras sobre todo en el centro del país.
Con estas medidas buscan que Morales sea inscrito con el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), que no está habilitado para participar en los comicios porque perdió su personalidad jurídica, y también piden la renuncia del presidente Luis Arce.
El exmandatario, que gobernó Bolivia en tres periodos, insiste en ser candidato, pese a que el Tribunal Constitucional ratificó recientemente que la reelección en el país está permitida «por una única vez de forma continua», sin la posibilidad de un tercer mandato.
Además, Morales no tiene partido, pues renunció al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) tras distintas disputas con Arce por la forma de administrar el Estado, la candidatura presidencial y el liderazgo del partido oficialista que perdió después de casi tres décadas.
El exgobernante impulsa la creación de un nuevo partido, Evo Pueblo, y aseguró en su momento que inscribió su candidatura, pero el TSE sostuvo que ni siquiera inició el trámite para obtener la personalidad jurídica de esa organización.
Las protestas y advertencias de Morales y sus seguidores de que sin él no habrá elecciones derivaron en una demanda penal que le iniciará el Gobierno por obstaculización de procesos electorales, entre otros delitos.