El sistema penitenciario boliviano continúa operando bajo condiciones críticas que vulneran los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad (PPL), según el más reciente Informe de Situación de Derechos Humanos 2024 de la Defensoría del Pueblo.
Fuente: ANF
El documento insta al Estado a asignar recursos suficientes para garantizar condiciones dignas, seguridad y acceso efectivo a la justicia en los centros penitenciarios del país.
Durante la tercera visita del Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la ONU a Bolivia, realizada entre el 1 y el 12 de diciembre de 2024, se advirtió con preocupación el uso extendido de la detención preventiva, que sigue siendo una de las principales causas del hacinamiento carcelario. A pesar de una leve disminución del 3,98% en 2024, el 58,71% de las personas detenidas aún no tienen sentencia, lo que pone en evidencia el rezago estructural del sistema judicial.
La Dirección General de Régimen Penitenciario (DGRP) informó que la población carcelaria creció en un 43,5% en solo tres años, pasando de 18.703 personas en 2021 a 32.035 en 2024. Aunque se incrementaron 4.457 nuevas plazas, el hacinamiento aún alcanza el 105%, superando la capacidad instalada y generando condiciones precarias que, según ONU Bolivia, abren paso a prácticas de corrupción y cobros indebidos para acceder a espacios dignos dentro de los penales.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La situación es aún más alarmante en las celdas de aislamiento, donde un monitoreo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) revela que el 91% de las PPL duerme en el piso, el 48% de las celdas no tiene ventanas y el 62% carece de inodoros. En algunos casos, las personas permanecen más de 60 días en estas condiciones. Estas cifras configuran, según la Defensoría, posibles formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En cuanto a fallecimientos, la DGRP registró 139 muertes bajo custodia estatal durante 2024. De ellas, 126 fueron por enfermedades, 9 por agresiones o violencia, y 4 por suicidio. Estos datos reflejan, según el informe defensorial, la insuficiente atención en salud y la falta de condiciones mínimas para preservar la vida e integridad de las PPL.
Particular atención merece la situación de las mujeres privadas de libertad. Su número aumentó en 12,5% entre 2023 y 2024, alcanzando las 2.150. De ellas, el 65% está en detención preventiva. Además, el 41% está relacionada con delitos vinculados a la Ley 1008 sobre sustancias controladas, lo que revela una sobrerrepresentación en casos de narcotráfico, muchos de carácter no violento.
Asimismo, el informe denuncia que 145 niñas y niños menores de seis años viven junto a sus madres en los penales, expuestos a condiciones inadecuadas. La falta de separación entre mujeres y varones en 17 de los 21 centros penitenciarios que albergan mujeres representa un riesgo grave a su integridad física y emocional, especialmente para las infancias.
La atención médica especializada también es una deuda pendiente. La Defensoría del Pueblo señala que no se cuenta con servicios adecuados de ginecología, obstetricia, pediatría o psiquiatría, lo que deja en indefensión a mujeres, embarazadas, personas con trastornos mentales y niños que residen en los centros de reclusión.
En respuesta al hacinamiento y al uso excesivo de la prisión preventiva, entre 2019 y 2024 el Ministerio Público emitió 22 instructivos para descongestionar la carga procesal. Aunque se cerraron más de 700.000 casos, aún quedan 173.950 en trámite. A ello se suma la falta de avance legislativo sobre el Proyecto de Ley N.º 358/2022-2023 para el uso de dispositivos electrónicos de vigilancia, que podría ayudar a reducir la prisión preventiva.
En contraste, el Programa Centros Penitenciarios Productivos logró que más de 13.000 PPL participen en actividades como piscicultura, mecánica o peluquería, generando ingresos por más de 1,4 millones de bolivianos en cinco años. Esta iniciativa es valorada como una medida de reinserción, pero sigue siendo insuficiente frente a la magnitud de los problemas estructurales del sistema.
El informe hace un llamado al Estado para revisar a fondo el uso de la detención preventiva, fortalecer al MNP como instancia clave en la prevención de tortura, y asegurar recursos financieros para el funcionamiento del sistema. Asimismo, recomienda formar al personal penitenciario y de seguridad en derechos humanos y tratamiento digno a las PPL.
La Defensoría concluye que las condiciones actuales no sólo incumplen estándares internacionales, sino que reproducen un sistema punitivo que castiga la pobreza y perpetúa la exclusión.
/ANF/