El resultado fue una victoria para el presidente republicano, quien se ha quejado de que los jueces individuales ponen obstáculos a su agenda.
La Corte Suprema de Estados Unidos otorgó al presidente Donald Trump una importante victoria este viernes al limitar la facultad de jueces federales para bloquear decisiones de su administración que consideran ilegales.
Por seis votos a favor y tres en contra (los de las juezas progresistas), la corte declaró que las suspensiones a nivel nacional emitidas por jueces de tribunales inferiores «probablemente exceden la autoridad equitativa que el Congreso ha otorgado a los tribunales federales». El máximo tribunal no se pronunció sobre si el decreto de Trump que elimina la ciudadanía por nacimiento es constitucional o no.
La ciudadanía por derecho de nacimiento convierte automáticamente a cualquier persona nacida en Estados Unidos en ciudadano estadounidense, incluidos los niños nacidos de madres que están en el país de forma irregular. Este derecho fue consagrado poco después de la Guerra Civil en la 14ta Enmienda de la Constitución.
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En una notable decisión de la Corte Suprema de 1898, Estados Unidos contra Wong Kim Ark, el tribunal sostuvo que los únicos niños que no recibían automáticamente la ciudadanía estadounidense al nacer en el territorio del país eran los hijos de diplomáticos, que tienen lealtad a otro gobierno, así como los enemigos presentes en Estados Unidos durante una ocupación hostil, las personas nacidas en barcos extranjeros y las nacidas de miembros de tribus nativas estadounidenses soberanas.
Estados Unidos es uno de unos 30 países donde se aplica la ciudadanía por derecho de nacimiento —el principio de jus soli o «derecho de suelo». La mayoría se encuentra en el continente americano, y Canadá y México están entre ellos.
Trump y sus partidarios han argumentado que deberían existir estándares más estrictos para convertirse en ciudadano estadounidense, lo que calificó como «un regalo invaluable y profundo» en la orden ejecutiva que firmó en su primer día en el cargo.
El gobierno de Trump ha afirmado que los hijos de no ciudadanos no están «sujetos a la jurisdicción» de Estados Unidos, una frase utilizada en la enmienda, y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía.
Pero los estados, inmigrantes y grupos de derechos que han presentado demandas para bloquear la orden ejecutiva han acusado al gobierno de intentar desestabilizar la comprensión más amplia de la ciudadanía por derecho de nacimiento que ha sido aceptada desde la adopción de la enmienda.
Los jueces han fallado uniformemente en contra del gobierno. El Departamento de Justicia argumentó que los jueces individuales carecen del poder para dar efecto nacional a sus fallos.
Por su parte, el gobierno de Trump quería que los jueces permitieran que el plan del mandatario entrara en vigor para todos, excepto para el pequeño número de personas y grupos que demandaron. En caso de no lograrlo, el gobierno argumentó que el plan podría seguir bloqueado por ahora en los 22 estados demandantes. Nueva Hampshire está cubierta por una orden separada que no está en cuestión en este caso.
Como una medida de respaldo adicional, el gobierno pidió «como mínimo» que se le permita hacer anuncios públicos sobre cómo planea implementar la política si se le permite entrar en vigor.
