Los casos que relacionan a los hijos del presidente Luis Arce tienen que ver con la compra de una gran extensión de tierra, con la adquisición de créditos millonarios en la banca privada, desmontes autorizados, comercialización de maíz y trigo a la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) y “negociaciones” en proyectos económicos estatales. Ninguno de los casos ha sido investigado, pese a que las denuncias datan de 2022.
Marcelo Arce Mosqueira, hijo del Presidente, junto a personal de la rusa Uranium One Group. Foto publicada El País
Fuente: ANF, Sumando Voces
Marcelo, Rafael y Camila Arce Mosqueira saltaron a la palestra pública después de que su padre asumió la Presidencia del Estado y los dos primeros se convirtieran en “prósperos” emprendedores y la tercera fuera la beneficiaria de un millonario préstamo bancario junto a su hermano Rafael. Contra ellos hay sindicaciones sobre su patrimonio y la relación de sus actividades con el Estado, pero ningún caso ha sido investigado por las autoridades competentes. Diversas fuentes advierten que la débil institucionalidad tiene un impacto negativo en la transparencia de los hechos.
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Los casos que relacionan a los hijos del Mandatario tienen que ver con la compra de una gran extensión de tierra, con la adquisición de créditos millonarios en la banca privada, desmontes autorizados, comercialización de maíz y trigo a la estatal Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) y “negociaciones” en proyectos económicos estatales.
Ninguno de los casos ha sido investigado. Las denuncias datan de 2022, cuando El País de España difundió un artículo en el que vinculó a Marcelo Arce (hijo mayor del presidente Luis Arce) con ejecutivos de la empresa rusa Uranium One, una de las firmas que en ese tiempo buscaba adjudicarse la extracción del litio. Un contrato con esta compañía está en la Asamblea Legislativa a la espera de su aprobación.
De acuerdo a una fotografía que circuló entre el sector, se ve a Arce Mosqueira junto a los ejecutivos de la estatal rusa, lo que generó cuestionamientos sobre si el familiar del presidente estaba al frente de las “negociaciones” de proyectos del Estado, sin ser funcionario. El aludido negó que tuviera influencias en las contrataciones.
En 2023, fue denunciado por el presunto delito de tráfico de influencias, en esa ocasión por el expresidente Evo Morales, con base en un audio en el que presuntamente se escuchaba la voz de Marcelo Arce negociando los recursos estratégicos del país. “Una vez más el señor Evo M. ha lanzado un ataque infundado contra mi persona”, respondió a las acusaciones.
La Fiscalía admitió la denuncia en octubre de ese año, informó el fiscal Juan Lanchipa, sin embargo, un mes después la fiscal de materia dispuso “el rechazo de la denuncia formulada por Juan Evo Morales en favor de Luis Arce Mosqueira por la presunta comisión de tráfico de influencias”.
Nada se conoció sobre los actuados de la fiscalía, si el audio presentado fue o no sometido a una pericia o si el denunciado fue convocado a declarar, aunque el Gobierno dijo que de acuerdo a la versión de Arce Mosqueira se sometería a las indagaciones.
Posteriormente el diputado Héctor Arce lo denunció, con base en un reporte de Migración, por los 69 viajes que realizó desde 2021. “Su papá empieza a jurar como Presidente y empiezan los viajes”, afirmó. Cuestionó los viajes ya que aparentemente no tiene una empresa que registre un flujo impositivo y tampoco estaría registrado en el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec).
La abogada Kathia Saucedo y Juan Pablo Chumacero, director de Fundación Tierra, coincidieron que el deterioro institucional está afectando a las entidades estatales en el ejercicio independiente de sus funciones. Un proceso de debilitamiento que lleva muchos años.
En criterio de Saucedo, considerando que los señalamientos son a los hijos del Mandatario “había una obligación del presidente (Luis Arce) de exponer y explicar públicamente la situación”, porque se trata del jefe de Estado al frente del manejo de la cosa pública.
En diciembre del año pasado, el Mandatario en una rueda de prensa se pronunció sobre el tema ante las acusaciones, “Ni mis hijos ni mi familia ni yo somos corruptos”, dijo en esa oportunidad. Atribuyó las sindicaciones a “ataques” sin fundamento en contra de sus familiares.
Rafael de funcionario a un “millonario” emprendedor
Rafael Arce Mosqueira también ha estado en el ojo público. La última denuncia lo vincula con la adquisición en 2021 de un predio denominado “Adán y Eva” en el departamento de Santa Cruz por un valor de 3,3 millones de dólares. El hecho llamativo es, cómo un joven de 25 años y después de un corto ejercicio laboral como funcionario público y un sueldo promedio de Bs 5.000 a 10.000 pudo comprar un bien tan costoso y adquirir una millonaria deuda.
El diputado Arce sostiene que el costo de 2.187 hectáreas en una zona privilegiada de uno de los departamentos más productivos tiene un valor mayor a los $us 3,3 millones que figuran en el contrato, por lo que presume una “defraudación impositiva o fiscal”.
Según un reportaje de Connectas, una plataforma de periodismo de investigación, el hijo del mandatario obtuvo mediante un trámite exprés, luz verde de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) para ampliar los desmontes a casi mil hectáreas. Las imágenes satelitales desvelan que entre 2022 y 2024 ya desaparecieron 479,46 hectáreas de bosque.
El predio tampoco habría cumplido un decreto del presidente Arce que ordenó una pausa ambiental ecológica en 2024, debido a la catástrofe que quemó 12,6 millones de hectáreas en todo el país. “Adán y Eva” registró incendios durante un mes (entre septiembre y octubre), después de la promulgación del Decreto Supremo 5225 que prohibió las quemas.
Para Chumacero “es cada vez más evidente que estas situaciones donde se distorsiona el uso de la tierra y del bosque, desencadenan en desmontes descontrolados, en deforestación, en incendios, etcétera, tiene mucho que ver con una debilidad institucional”.
“El caso específicamente muestra cómo desde la ABT se otorgan permisos para deforestar en zonas donde no debería deforestarse. Y encima rápidamente se otorga un permiso para ampliar el desmonte”, comenta.
Arce identificó de acuerdo a sus propias indagaciones que también existen “irregularidades” en la adquisición de diésel. Explicó que la cisterna con placa 573GZS en la que compraba diésel de YPFB legalmente”, pero revisando la ANH esta cisterna cargaba diésel una o dos veces por día de cuatro estaciones de servicio”, observó.
“Lo que quiere decir que -cada mes- esa cisterna ingresaba a esa propiedad de manera legal 19.000 litros y otros como 35.000 litros (de forma irregular)”, dijo Arce, para quien el hijo del mandatario no sufre los problemas de desabastecimiento de combustible.
Por otra parte, está el caso de la venta de maíz y trigo a Emapa por Bs 18 millones, considera que existe un “conflicto de intereses”, porque a diferencia de otros productores medianos y pequeños (ellos) no tienen la posibilidad de vender a Emapa”.
“Me contactan a mí de Senasag, de Yacuiba, que su hijo de Lucho Arce está metiendo trigo de contrabando, maíz de contrabando. O sea, ni siquiera su producción, porque si no es él podríamos pensar que es un ranquero, llamamos así al que acopia de un lugar a otro y luego vende en Emapa”.
Cuestionó que, tras la posesión de Luis Arce, Rafael Ernesto Arce Mosqueira fue contratado para hacer un trabajo de consultoría sobre baterías de litio que está registrado en el Sicoes, un contrato por Bs 83.000; debido a los descuentos de ley le cancelaron Bs 70.000. “Yo pido la información, obviamente no me la han dado”.
Mediante requerimiento fiscal, Héctor Arce obtuvo la información de su cuenta en el Banco Unión, “en 2014 y 2015, la primera hoja de arriba son sus movimientos bancarios, son bien chiquititos, bajitos, normal como funcionario, como debe tener un joven, pero en 2022 y 2023 empieza a crecer eso de manera exponencial, 6 millones, 5 millones (de bolivianos)”, indicó.
Crédito millonario a dos jóvenes: Rafael y Camila
Acceder a un crédito bancario es legal y legítimo, sin embargo, el legislador dice que es llamativo que dos personas de 20 y 25 años de edad, respectivamente, adquieran varios créditos por un monto total de 63 millones de bolivianos. Se refiere a Camila, hija menor del jefe de Estado, junto a su hermano Rafael, que obtuvieron los préstamos.
Arce dijo que obtuvo las certificaciones del Banco “¿Quién puede pensar que una niña de 20 años, apenas bachiller pueda sacar tanto dinero como crédito? Obviamente ahí utilizan el nombre de su padre, del presidente, influencias, (cometiendo) delitos”.
Mostró una lista de los créditos que sacaron en diferentes fechas, los que se destinaron para desmonte, insumos agrícolas, maquinaria, compra de predio. “¿Cómo se garantizó ese crédito? ¿Cuál fue la garantía? Cuestionó.
Señaló que todo está documentado, mostró los informes técnicos de criminalística sobre la certificación de firmas y rúbricas de Rafael Ernesto y Camila Daniela Arce Mosqueira para “contrato de préstamo de dinero” con los trámites 6419/2021 y 6420/2021, a los que accedió y cuya copia fueron entregados a este medio.
Asimismo, los contratos de préstamo de dinero del crédito al sector productivo. Otro documento es la declaración informativa en calidad de testigo de Maritza Bernal Viera, abogada y notaria de fe pública, del 7 de junio de este año.
Ella certifica del registro de la transferencia y compra del predio Adán y Eva por parte de Rafael; también detalla los créditos a los que accedieron los dos hijos menores del mandatario.
Documentos de firmas, contrato y declaración by Nancy Vacaflor
El diputado arcista Sandro Ramírez no quiso referirse a los préstamos bajo el argumento que desconocía el caso. Esta denuncia, al igual que otras contra los hijos del jefe de Estado, tampoco prosperó. El silencio de las instituciones
Juan Pablo Chumacero dice que cuando salió el caso de las tierras “como sociedad esperábamos un pronunciamiento desde la ABT, desde el INRA y desde la propia familia (del Presidente), en sentido de develar la información existente y proseguir las investigaciones que correspondan”.
Sin embargo, las instituciones han mantenido “silencio” frente a la magnitud de las denuncias. Lamentó que en el país hace bastantes años se vulnera totalmente el derecho a la información, por ejemplo, sobre cómo se está usando la tierra, el bosque. Es muy difícil tener información.
Kathia Saucedo explicó que en lo procedimental se deben cumplir las normas y que las instituciones tienen la misión de ser rigurosas en los plazos y los procedimientos respecto las denuncias, garantizando los derechos del denunciante y de los denunciados, en relación a las denuncias contra los hijos del mandatario que no prosperaron.
No obstante, dijo que los instrumentos o mecanismos de fiscalización ciudadana creados como las rendiciones públicas de cuentas se han “vuelto un saludo a la bandera”, asimismo, la mayoría de los portales digitales no cuentan con información de cara a una gestión transparente.
“Hay una omisión muy fuerte del presidente del Estado, porque si hay una denuncia que involucra directamente a sus hijos y es una denuncia donde hay esta cantidad de dinero, pero que además tiene un contenido muy alto de enriquecimiento ilícito, me parece que le correspondía al Presidente aclarar públicamente cuál era el origen de esos fondos. Me parece que era tremendamente importante”, afirmó.
La abogada señaló que las autoridades fiscales a cargo de las investigaciones y las jurisdiccionales podían hacer varios actuados para esclarecer las denuncias, desde el levantamiento del secreto bancario, hasta solicitar información a las entidades involucradas en cada caso.
“No es un secreto para nadie que la fiscalía siempre ha tenido una vinculación directa con el poder político, pero en estos 20 años ha sido muchísimo más fuerte, es decir, la fiscalía es en realidad un apéndice y cumple instrucciones del Órgano Ejecutivo y lo hemos visto en todos los casos. Esa es la realidad”, sostuvo.
Añadió que lamentablemente el Movimiento al Socialismo ha cooptado a las instituciones del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, obviamente, el fiscal como director funcional de la investigación está directamente relacionado con el poder político y eso genera un clima de impunidad y a gente que está vinculada al gobierno, no se le va a seguir nunca una investigación”.
La debilidad de las instituciones tiene un “impacto enorme”, apunta el director de Fundación Tierra. Precisa que producto de este escenario el año pasado se quemaron 12,6 millones de hectáreas, que han quedado en la impunidad. “Una de las causas justamente es esta pérdida de institucionalidad en las instancias agrarias y ambientales”.
Pero la problemática producto de esta falta de institucionalidad se extiende a los severos casos de avasallamiento de tierras, incursiones hacia los territorios indígenas, las áreas protegidas, similar situación se presenta en la problemática minera, la ampliación de la minería ilegal”, dice Chumacero.
Cree que la situación es por demás crítica, por lo tanto, urge encarar estos problemas, desde las responsabilidades institucionales que tienen las entidades estatales llamadas a actuar en el marco de las leyes y con absoluta transparencia.