Es cierto que Dunn, al momento de decidir presentarse como candidato presidencial en Bolivia, debía tener clara su situación jurídica respecto a los requisitos públicos a cumplir al momento de su inscripción.
Fuente: https://ideastextuales.com
La falta de la solvencia fiscal develó que el liberal tenía procesos administrativos pendientes que datan de hace dos décadas y que, según él, nunca le fueron notificados. El asunto le compete a él y a quienes le confiaron la representación de la sigla NGP (Nueva Generación Patriótica) porque su participación efectiva como candidato nacional a la presidencia del país quedó en vilo, cayó como balde de agua fría sobre sus fanáticos, seguidores y muchos que lo veían como alguien nuevo y sincero… y la candidatura sujeta a las interpretaciones de terceros.
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Sin embargo, lo inadmisible es la nebulosa institucional respecto a un trámite que debiera ser expedito en 24 horas para cualquier ciudadano.
En Argentina, Chile, Perú, Brasil, Paraguay, los países limítrofes de Bolivia, no se ha visto en lo que va del siglo, la cantidad y la calidad de argucias y de obstáculos que la burocracia y la pésima legislación nacionales permiten en el país:
Una Contraloría que no es capaz de emitir una solvencia fiscal clara y contundente, emite documentos sobre el estado de procesos coactivos y un proceso en el limbo. ¿Es solvencia fiscal? ¿O es un certificado de estado de situación del ciudadano respecto a las instituciones del Estado? La contralora general a.i. Nora Mamani Cabrera tendrá algo que decir.
Un Tribunal Supremo Electoral que se dirige a un Gobierno Autónomo Municipal para dilucidar el estado de situación del ciudadano respecto a dicha institución, en lugar de exigir a la Contraloría que se expida con claridad y datos actualizados o los exija a la administración municipal de El Alto. Un Tribunal, además, que se dirige conscientemente a una candidata presidencial legalmente ya inscrita en el proceso electoral que administra. El vicepresidente en ejercicio de la presidencia del TSE, Óscar Hassenteufel, dirá.
Un Gobierno Autónomo Municipal liderado por una Alcaldesa que es candidata presidencial, que tiene -por tanto- un conflicto de intereses con el afectado y que ya se pronunció públicamente, de forma displicente, afirmando que ella no puede solucionar en días lo que no se vio en años. ¿Por qué los procesos administrativos no están en línea con la Contraloría y actualizados (o reportados de oficio por la administración) en razón a la actuación de la institución y/o del interesado? ¿Qué valor tiene la palabra de Eva Copa, la de alcaldesa en pleno mandato y funciones o la de candidata de Morena, ex militante del Movimiento Al Socialismo e ideológicamente ubicada en franca contraposición al pensamiento de Dunn?
El problema de Dunn deja al descubierto el calvario y el laberinto que transita la ciudadanía a la hora de tramitar documentos. No se trata de una necesidad del ciudadano, sino de la obligación que impone el poder del Estado (desde un decreto arbitrario, una ley malparida o la mala gana de un funcionario subordinado) a través de la administración pública de presentar documentos que la propia administración genera.
El próximo gobierno tiene la compleja e impostergable tarea de simplificar la vida a la ciudadanía, erradicar los nudos y los cuellos de botella donde se trancan gestiones que debieran tener tiempo, numeración y resolución públicas en lugar de fotocopias, firmas sobre firmas y remisiones a otras instituciones del Estado (adonde mandan al ciudadano, en lugar de que el sistema genere los datos interinstitucionales) así como desterrar todos los pasos absurdos agregados a la tramitación de cualquier documento.
Por Gabriela Ichaso.