Los gobiernos departamentales del país deben encarar este año 425 proyectos de inversión con un presupuesto de Bs 5.235 millones, 5 % menos que el del año pasado, de acuerdo con un estudio de la fundación Jubileo.
El presupuesto total asignado a los nueve gobiernos departamentales (incluyendo el Gobierno Regional del Gran Chaco) asciende a Bs 9.610 millones, de los cuales Bs 5.235 millones son efectivamente para la gestión departamental, mientras el saldo corresponde a gastos delegados.
Con excepción de Potosí, La Paz y Chuquisaca, que aumentan su presupuesto, el resto de los gobiernos departamentales registran una disminución.
Del total del presupuesto 2025 para la gestión de los gobiernos departamentales, Santa Cruz tiene la mayor asignación de recursos, con 24%; seguido por Potosí, con 20%; y Tarija, 17%; estos tres departamentos suman 61% del total. La Paz tiene 12%, Chuquisaca 8% y Cochabamba cerca de 8%; y los otros tres departamentos reciben, en conjunto, el restante 11% de la torta, señala el estudio.
La fundación Jubileo, una Organización No Gubernamental (ONG) que trabaja en el país, establece que este año suman 425 los proyectos de inversión que están programados en el presupuesto aprobado para gobernaciones, 112 menos que el presupuesto del año anterior. La Gobernación de Pando no tiene inscritos proyectos de inversión en el presupuesto inicial 2025.
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El destino de la inversión de las gobernaciones prioriza el sector Caminos, con 42%; seguido por Infraestructura Urbana y Rural, con 19%; Educación, con 7%; y Fortalecimiento Institucional, con 6%. La inversión en el sector Agropecuario es 5%, pero la correspondiente a otros sectores productivos (Comercio, Industria, Servicios para el Desarrollo y Turismo) apenas llega a aproximadamente a 0,4%.
Sin embargo, de acuerdo con la Ley Marco de Autonomía, los gobiernos departamentales tienen como atribuciones atender los sectores de salud, vivienda, educación, cultura, recursos naturales, biodiversidad, recursos hídricos, desarrollo rural integral, desarrollo productivo, planificación, turismo y transporte.
A la vez, según la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, los gobiernos departamentales asignan como mínimo el 10% de los recursos provenientes de la coparticipación y nivelación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (previa deducción de 30% destinado a la Renta Dignidad) a la elaboración y la ejecución de políticas públicas, planes, programas, proyectos y estrategias de seguridad ciudadana.
Los ingresos con los que cuentan los gobiernos departamentales provienen de 12 fuentes que son: regalías, recursos del fondo compensatorio departamental, Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), coparticipación del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD), Impuesto a la participación en juegos, impuestos departamentales, recursos propios, transferencias del sector público, donaciones, préstamos internos y externos, transferencias del Gobierno para servicios personales de salud y gestión social y saldos en bancos de gestiones anteriores.